Una pandemia de violencia machista desgarra Latinoam¨¦rica

Am¨¦rica Latina muestra un cuadro grave de violencia contra las mujeres. La amplitud del fen¨®meno ha convertido este tipo de criminalidad en una aut¨¦ntica pandemia, como se?al¨® Amparo Alcoceba, profesora de Derecho Internacional P¨²blico de la Universidad Carlos III (Madrid), durante las jornadas Iberoam¨¦rica frente al feminicidio: El fin de la impunidad, organizadas por este centro y Casam¨¦rica, que, durante el martes y el mi¨¦rcoles reunieron en Madrid a un ampl¨ªsimo grupo de expertos en esta lacra social.

El aumento alarmante de asesinatos de mujeres y ni?as en el tri¨¢ngulo negro (El Salvador, Guatemala y Honduras) se asienta en una cultura del odio contra las mujeres y en el fracaso de los sistemas judiciales, afirm¨® la relatora de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer, Rashida Manjoo.

En El Salvador, la violencia de g¨¦nero aument¨® un 197% en la ¨²ltima d¨¦cada

Las ind¨ªgenas se enfrentan a un problema de "revictimizaci¨®n"

"Todo se reduce a un problema de visibilidad", afirma Miguel Llorente

"?Por qu¨¦ los hombres emplean la violencia contra las mujeres? Porque pueden". As¨ª de taxativa se mostr¨® Rashida Manjoo. El feminicidio o femicidio (seg¨²n los pa¨ªses), palabra que a¨²n no recogen los diccionarios, como se?al¨® Miguel Llorente, delegado del Gobierno espa?ol para la violencia de g¨¦nero, se considera una de las formas m¨¢s violentas de criminalidad, un crimen extremo, porque atenta contra la mujer por el simple hecho de ser mujer. "Y sorprende que la respuesta no sea igual de importante que en otros casos de violencia, como por ejemplo el terrorismo", afirm¨® Llorente. "Todo se reduce a un problema de visibilidad."

En El Salvador, la violencia contra las mujeres ha aumentado un 197% en la ¨²ltima d¨¦cada, macabro porcentaje que convierte al pa¨ªs centroamericano en la naci¨®n con la tasa de feminicidios m¨¢s alta del mundo. Seg¨²n datos de la polic¨ªa salvadore?a, de enero a octubre de 2010 se registraron 477 asesinatos de mujeres. Guatemala ocupa el tercer lugar a nivel latinoamericano en muerte de mujeres. Entre 2001 y 2010 fallecieron por causas violentas unas 5.300. A pesar de que el pa¨ªs guatemalteco es pionero en la legislaci¨®n contra este tipo de cr¨ªmenes, con la aprobaci¨®n en 2008 de la Ley contra el Femicidio, la cifra ha aumentado un 400% en los ¨²ltimos a?os. El caso de Honduras no es diferente: entre 2003 y 2010 murieron 1.464 mujeres, de las cuales, el 44% eran mujeres j¨®venes, entre 15 y 29 a?os.

Seg¨²n Roc¨ªo Villanueva, profesora principal de Filosof¨ªa del Derecho de la Pontificia Universidad Cat¨®lica del Per¨², feminicidio significa cosas diferentes, dependiendo de los c¨®digos nacionales. "Guatemala es, a pesar de las cifras, el pa¨ªs con una legislaci¨®n m¨¢s amplia de Am¨¦rica Latina, mientras que Costa Rica tiene una regulaci¨®n muy restrictiva", constat¨® la profesora peruana. "El gran tema pendiente es que el sistema judicial de cada pa¨ªs funcione".

La situaci¨®n se complica a¨²n m¨¢s con las mujeres ind¨ªgenas. Los expertos reunidos en Madrid hicieron hincapi¨¦ en la "revictimizaci¨®n" de estas mujeres, que, adem¨¢s de sufrir agresiones y violaciones, se convierten de nuevo en v¨ªctimas cuando tienen que enfrentarse a sistemas judiciales que ignoran su lengua y sus costumbres.

Desigualdad y discriminaci¨®n

Seg¨²n los expertos reunidos en Madrid, el car¨¢cter universal de los derechos humanos pierde el calificativo cuando una parte importante de la sociedad, las mujeres, los vive desde la desigualdad y la discriminaci¨®n. Problemas culturales, como el machismo asentado en muchas culturas; la religi¨®n, que, pese a ser un asunto de conciencia y pertenecer al ¨¢mbito privado, marca el comportamiento de muchas sociedades y profundiza en la desigualdad; las guerras, que a menudo convierten el cuerpo de la mujer en bot¨ªn de guerra, y se emplean las violaciones y otras formas de violencia sexual como medios deliberados de limpieza ¨¦tnica (casos recientes de las guerras de la ex Yugoslavia y de Ruanda); la aceptaci¨®n de la violencia dom¨¦stica y las desigualdades extremas: pobreza, g¨¦nero y acceso a la justicia.

"El feminicidio nunca va a ser homog¨¦neo. La clave est¨¢ en darlo a conocer", declar¨® Rashida Manjoo. La palabra m¨¢s repetida durante las jornadas fue impunidad, a pesar de que existe una amplia legislaci¨®n y jurisprudencia internacional sobre la materia, como la Convenci¨®n sobre Todas las Formas de Discriminaci¨®n Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingl¨¦s), o la Convenci¨®n Belem do Par¨¢ para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, o las sentencias de la Corte Penal Internacional que incluyen la violaci¨®n, la esclavitud sexual, la prostituci¨®n forzada y el embarazo forzado en la definici¨®n de cr¨ªmenes de guerra y de lesa humanidad. La impunidad que hace invisibles a las v¨ªctimas.

Una sentencia pionera

El tema central de las jornadas fue la sentencia de Campo Algodonero, que marca un antes y un despu¨¦s en Am¨¦rica Latina. El 10 de diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, m¨¢ximo ¨®rgano de justicia en Am¨¦rica Latina y cuyos fallos son inapelables, declar¨® al Estado mexicano culpable de violentar el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal, entre otros delitos, por el caso de tres j¨®venes asesinadas en Ciudad Ju¨¢rez en 2001. Los cuerpos de Claudia Gonz¨¢lez, de 20 a?os; Esmeralda Herrera, de 15, y Laura Berenice Ramos, de 17, fueron hallados junto a los de otras cinco mujeres sin identificar, el 5 de noviembre de 2001, en un terreno bald¨ªo conocido como "campo algodonero". Sus restos indicaban que las mujeres hab¨ªan sido violadas con extrema crueldad. Conden¨® tambi¨¦n al Estado por no investigar adecuadamente. M¨¦xico fue sentenciado a investigar con perspectiva de g¨¦nero a los culpables, y a las autoridades que permitieron la impunidad se les exigi¨® una disculpa p¨²blica ante las familias de las v¨ªctimas y la ciudadan¨ªa, la construcci¨®n de un memorial, la reparaci¨®n econ¨®mica a las v¨ªctimas, modificaciones legales y la creaci¨®n de una base de datos de desaparecidas.

La sentencia se consider¨® hist¨®rica porque era la primera vez que se condenaba a un Estado como responsable de feminicidio. Sin embargo, el Gobierno mexicano ha cumplido solo con sus obligaciones a corto plazo, aunque se ha comprometido a cumplirlos completamente. Lo fundamental de la sentencia de Campo Algodonero es que pretende que las reparaciones sirvan como elemento de transformaci¨®n, resalt¨® el mexicano Sergio Garc¨ªa Ram¨ªnez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El chileno Felipe Gonz¨¢lez, presidente de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos, admiti¨® que la asunci¨®n de la violencia contra la mujer como tema de trabajo e investigaci¨®n por parte de este organismo tuvo una evoluci¨®n lenta, llev¨® varias d¨¦cadas que la comisi¨®n encarara de manera decidida la cuesti¨®n. "En la d¨¦cada de los noventa empez¨® a aceptarse algo que hasta ese momento se hab¨ªa visto como una cuesti¨®n privada". Gonz¨¢lez afirma que el trabajo de la comisi¨®n ha servido para crear conciencia: "Hasta hace 15 a?os no era obvio que la cuesti¨®n de la violencia contra la mujer pertenec¨ªa al ¨¢mbito de los derechos humanos".

309 nuevos casos en Ciudad Ju¨¢rez

Emilio Gin¨¦s, abogado espa?ol, miembro del Subcomit¨¦ de Prevenci¨®n contra la Tortura de Naciones Unidas, se lament¨® de que a pesar de la sentencia condenatoria de la corte, desde 2010, ha habido 309 nuevos casos de desapariciones y muertes de mujeres en Ciudad Ju¨¢rez. La periodista mexicana Rosa Isela P¨¦rez tambi¨¦n insisti¨® en estas cifras: "A pesar de la sentencia la violencia se ha recrudecido".

En lo que se refiere a los problemas de ejecuci¨®n de la sentencia de Campo Algodonero, Jos¨¦ Guevara, exdirector de la Unidad para la Promoci¨®n y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n de M¨¦xico, aport¨® datos importantes para intentar comprender la respuesta mexicana ante esta sentencia. Present¨® unas "cifras negras" de la Universidad Auton¨®ma de M¨¦xico (UAM) que demuestran que el 75% de los delitos cometidos en ese pa¨ªs no se denuncian y que s¨®lo 1,6 de cada 100 delitos llega a conocimiento de un juez.

Guevara se?al¨® que, a pesar de la repercusi¨®n medi¨¢tica que tiene la criminalidad en M¨¦xico, sin embargo este pa¨ªs ocupa el puesto decimosexto de delitos violentos frente a El Salvador, que ocupa el primero; Venezuela el tercero, y Colombia el cuarto. Sin embargo, el Estado mexicano de Chihuaua, donde se encuentra Ciudad Ju¨¢rez y donde nueve de cada 10 casos quedan impunes, est¨¢ al mismo nivel de Colombia. "Cre¨ªmos que la sentencia de Campo Algodonero iba a servir para frenar la violencia contra nuestras mujeres, pero lamentablemente no ha sido as¨ª", afirm¨® Guevara. Entre las causas que aport¨® para que el Estado mexicano no hubiera ejecutado a¨²n la sentencia se?al¨® el federalismo mexicano. "La sentencia de Campo Algodonero solo habla del Estado de Chihuaua y es su Gobierno el que tiene que encontrar a los responsables de los cr¨ªmenes e irregularidades".

Los expertos concluyeron que la celebraci¨®n de actos como el de Madrid ayuda a dar visibilidad a estos atentados contra los derechos humanos y que el respeto a sentencias como estas son un paso fundamental para fin de la impunidad.