La atenci¨®n a los desplazados

A veces resulta dif¨ªcil entender algunas cuestiones y debates que se producen en nuestro pa¨ªs y tambi¨¦n saber si se trata de alg¨²n defecto consustancial a nuestro sistema pol¨ªtico y medi¨¢tico o es tan solo el resultado de la crispaci¨®n existente. Un buen ejemplo de ello es el tema de los problemas de asistencia sanitaria de los desplazados, considerando como tales a aquellas personas que teniendo su domicilio en una comunidad aut¨®noma precisa de atenci¨®n sanitaria en otra distinta.

El asunto viene de antiguo y presumiblemente se ir¨¢ ampliando con el tiempo. Es bien conocido que hay algunas personas que suelen pasar sus vacaciones en comunidades aut¨®nomas distintas a aquellas en las que residen, y que este movimiento de poblaci¨®n es importante sobre todo en verano y hacia las comunidades aut¨®nomas costeras, pero tambi¨¦n que se produce en los fines de semana, puentes, etc¨¦tera, y l¨®gicamente estos movimientos de poblaci¨®n tienden a ampliarse (muchas personas tienen una segunda residencia en el campo o en la costa), a m¨¢s de los desplazamientos de los ancianos (todav¨ªa es habitual que muchos de ellos alternen el domicilio mensual o trimestralmente, viviendo con sus hijos) y del hecho de que las facilidades de las comunicaciones favorece cada vez m¨¢s que haya personas que viven en una comunidad aut¨®noma y trabajen en otra. L¨®gicamente, en estos movimientos de poblaci¨®n se producen demandas de atenci¨®n sanitaria que deben ser atendidas.

La legislaci¨®n espa?ola obliga a todas las comunidades aut¨®nomas a atender a todas las personas que tienen derecho a la atenci¨®n sanitaria, independientemente de d¨®nde est¨¦n domiciliados y de c¨®mo el modelo de financiaci¨®n sanitaria asigna fondos a las comunidades aut¨®nomas en raz¨®n de su poblaci¨®n. Parece obvio que se debe articular alg¨²n sistema que tenga en cuenta estas demandas de atenci¨®n sanitaria que se producen en otras autonom¨ªas.

La Ley de Cohesi¨®n de 2003 cre¨® un Fondo de Cohesi¨®n que, aunque ten¨ªa una concepci¨®n mas amplia, se circunscribi¨® a los desplazados, y, dentro de ellos, a la atenci¨®n hospitalaria, estableciendo un mecanismo por el que un fondo econ¨®mico se repart¨ªa entre las comunidades aut¨®nomas que hab¨ªan atendido en sus hospitales a pacientes de otras comunidades aut¨®nomas. El que se limitara a la atenci¨®n hospitalaria seguramente respondi¨® a las presiones de Madrid y Catalu?a, las m¨¢s beneficiadas por este modelo y a que las dem¨¢s consideraron poco relevante los gastos derivados de atenci¨®n primaria y la prestaci¨®n farmac¨¦utica. En ese momento, desde la Federaci¨®n de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad P¨²blica ya se?alamos que se trataba de una incongruencia y que perjudicaba a algunas autonom¨ªas.

Desde entonces han existido numerosos casos de problemas de personas que han visto limitado su acceso a las prestaciones por no encontrarse en la comunidad aut¨®noma en la que residen habitualmente, pero estos se han recrudecido en este ¨²ltimo a?o en el que con la crisis se han producido importantes recortes presupuestarios y los Gobiernos de algunas autonom¨ªas han visto en la denegaci¨®n/limitaci¨®n de la asistencia y/o de la prestaci¨®n farmac¨¦utica una manera de disminuir el gasto. Como las quejas se producen en los servicios de atenci¨®n al paciente de cada centro, o no se producen (como la estancia es transitoria muchas personas optan por solucionar el problema a la vuelta a sus domicilios) no conocemos realmente el alcance de estos hechos (si bien Valencia y Catalu?a son aquellas donde se han registrado m¨¢s casos conocidos).

Estos hechos, conviene recordarlo, son totalmente ilegales porque el derecho a la atenci¨®n sanitaria esta garantizado en todo el territorio independientemente del lugar de residencia, y no caben restricciones al mismo, por lo que las comunidades aut¨®nomas que lo impidan incurren en responsabilidades legales. Y una vez conocidos los hechos es el Ministerio de Sanidad quien debe de intervenir a trav¨¦s de la Alta Inspecci¨®n.

De todas maneras, conviene tener en cuenta que el problema es, en teor¨ªa, de f¨¢cil soluci¨®n porque la mayor¨ªa de los centros de salud y de la red sanitaria est¨¢ informatizada y resulta bastante f¨¢cil tener un registro exacto de las prestaciones que se realizan a personas de otras comunidades aut¨®nomas, e igualmente es sencillo realizar semestral o anualmente un sistema de compensaci¨®n por el que se conozca qu¨¦ autonom¨ªas han realizado m¨¢s prestaciones a personas de otras comunidades aut¨®nomas y qu¨¦ gasto se ha producido por las mismas. Obviamente, por el sistema actual de financiaci¨®n las comunidades aut¨®nomas reciben dinero para las prestaciones de todos sus ciudadanos y son ellas las que deber¨ªan hacerse cargo de los pagos resultantes, pero tambi¨¦n se sabe que la Sanidad no est¨¢ bien financiada y podr¨ªa ser esta la ocasi¨®n para mejorar la cuant¨ªa del fondo de cohesi¨®n y, con ¨¦l, atender a estos gastos, que presumiblemente, si realizamos la compensaci¨®n previa, no van a ser demasiado elevados.

Ser¨ªa lo deseable que el Ministerio de Sanidad y/o las comunidades aut¨®nomas hicieran una propuesta en estos o parecidos t¨¦rminos teniendo en cuenta los detalles t¨¦cnicos necesarios, y que esta se aprobase en el Consejo Interterritorial, si es posible antes de las pr¨®ximas elecciones, pero en todo caso antes del verano de 2012, que es el momento ¨¢lgido de movimientos de poblaci¨®n.

O sea, que todo relativamente sencillo si no fuera porque la experiencia indica que en nuestro pa¨ªs, y ya lo se?al¨¦ al principio, las cuestiones m¨¢s sencillas se convierten en un complej¨ªsimo juego de intereses, no solo partidistas, que las acaban haciendo casi imposibles. Ojal¨¢ en este caso no suceda as¨ª y todos saldremos ganando: las autonom¨ªas mejorar¨¢n su financiaci¨®n, los profesionales no se ver¨¢n enfrentados a situaciones inc¨®modas y, sobre todo, la poblaci¨®n ver¨¢ efectivamente garantizado el acceso a las prestaciones de salud en cualquier punto del territorio.

Marciano S¨¢nchez Bayle es m¨¦dico y portavoz de la Federaci¨®n de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica.