Estrasburgo revisa el despido como profesor de un cura casado
Los obispos le retiraron el benepl¨¢cito para dar clase de Religi¨®n en 1997 El Tribunal de Derechos Humanos dir¨¢ si se lesion¨® su derecho a la intimidad
Los despidos de profesores de Religi¨®n cat¨®lica de colegios e institutos p¨²blicos que decide la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica han originado cientos de sentencias y varios millones de euros en indemnizaciones, la mayor parte de las cuales las ha pagado el Estado, que es finalmente el empleador. Y ahora, el conflicto llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La corte decidir¨¢ sobre el caso de Jos¨¦ Antonio Fern¨¢ndez, un cura casado y con cinco hijos que ejerci¨® como docente en varios institutos en los a?os noventa hasta que la Iglesia cat¨®lica le retir¨® el benepl¨¢cito para ejercer.
Fern¨¢ndez se orden¨® cura en 1961 y pidi¨® la dispensa del sacerdocio en 1984, pero no le fue concedida hasta 13 a?os despu¨¦s. Para entonces, ya llevaba 12 a?os casado por lo civil y ten¨ªa cinco hijos. En ese tiempo tambi¨¦n se hab¨ªa convertido en profesor de Religi¨®n: lo fue desde 1991 a 1997 en varios institutos murcianos, tiempo durante el que su situaci¨®n de cura (a¨²n lo era oficialmente para la Iglesia) casado no fue un obst¨¢culo.
Lo fue cuando esa situaci¨®n se hizo p¨²blica: el 11 de noviembre de 1996, Jos¨¦ Antonio apareci¨® fotografiado en un medio de comunicaci¨®n junto a toda su familia en un acto del Movimiento Pro Celibato Opcional, del que es miembro. Cuando al curso siguiente le fue retirado el visto bueno para ser profesor, el obispado de Cartagena difundi¨® una nota atribuyendo la decisi¨®n a que se hab¨ªa hecho "p¨²blica y notoria" su situaci¨®n y "por respeto a la sensibilidad de muchos padres de familia que se sentir¨ªan contrariados". El Tribunal Constitucional respald¨® el despido y esos argumentos en 2007, pero ahora, el Tribunal de Estrasburgo decidir¨¢ si se han vulnerado los derechos a la privacidad y a la libertad ideol¨®gica y de expresi¨®n de Fern¨¢ndez. Lo har¨¢ tras una audiencia p¨²blica que se celebrar¨¢ el pr¨®ximo 22 de noviembre, un procedimiento poco habitual, ya que el tribunal normalmente estudia y decide solo a trav¨¦s de escritos.
El abogado del antiguo cura, Jos¨¦ Luis Maz¨®n, argumenta que s¨ª se han vulnerado derechos, ya que la causa del despido fue "la publicaci¨®n en prensa de que era militante del Movimiento Pro Celibato Opcional, dato que el obispo conoc¨ªa con anterioridad porque dicho movimiento es legal y constituye una organizaci¨®n de personas cat¨®licas", dice el escrito de los demandantes. "Ha sido v¨ªctima de una arbitrariedad", a?ade el abogado por tel¨¦fono. La Abogac¨ªa del Estado argumenta, sin embargo, que, seg¨²n los acuerdos entre Espa?a y la Santa Sede firmados en 1979, los profesores de Religi¨®n cat¨®lica de los centros p¨²blicos son contratados por la Administraci¨®n de entre las personas que, a?o a a?o, reciben el visto bueno de la jerarqu¨ªa cat¨®lica, que se plasma en la Declaraci¨®n Eclesi¨¢stica de Idoneidad (DEI); esto es lo que se le retir¨® a Fern¨¢ndez en 1997. As¨ª, el Estado declara que debe ser neutral en estos casos: al igual que no tiene ni voz ni voto en la concesi¨®n de ese certificado, tampoco lo tiene en su retirada. Adem¨¢s, defiende que esa decisi¨®n "pertenece al ¨¢mbito puramente religioso y depende de una valoraci¨®n del mismo signo".
Desde hace m¨¢s de 30 a?os, y ampar¨¢ndose en los acuerdos entre Espa?a y la Santa Sede, los obispos han rescindido la idoneidad a cientos de profesores por cuestiones como tomar parte en una huelga legal, vivir con una persona sin contraer matrimonio o casarse con un hombre divorciado. Estos profesores siempre han denunciado su indefensi¨®n ante posibles arbitrariedades de la jerarqu¨ªa cat¨®lica. Pero, ni la Ley de Educaci¨®n aprobada en 2006 -que dice que a los docentes de Religi¨®n les ampara el Estatuto de los Trabajadores- ni una sentencia de hace siete meses del Constitucional -que dijo que una profesora que no fue renovada tiene derecho "a no sufrir discriminaci¨®n por raz¨®n de sus circunstancias personales y a la libertad ideol¨®gica" y que "el criterio religioso no puede prevalecer, por s¨ª mismo, sobre los derechos fundamentales"-, han conseguido aclarar el asunto y darles m¨¢s seguridad. Los obispos siguen insistiendo en que pueden organizar con plena libertad la ense?anza del catolicismo en las escuelas p¨²blicas, contratando o despidiendo a sus docentes en cada curso escolar, pese a que los salarios corran por cuenta del Estado.
Denunciados los acuerdos con la Santa Sede
Los conflictos entre los docentes de Religi¨®n y la jerarqu¨ªa cat¨®lica siempre est¨¢n en un plano legal peculiar por los acuerdos firmados en 1979 entre el Estado espa?ol y la Santa Sede, que son "un cuerpo extra?o dentro de un sistema pol¨ªtico aconfesional", seg¨²n los describ¨ªa hace unos meses en un art¨ªculo Javier Pradera. La propia existencia de la Religi¨®n cat¨®lica dentro de los programas educativos de las escuelas, contra la que han clamado diversos colectivos durante a?os, es algo a lo que obligan esos acuerdos, que ning¨²n Gobierno se ha atrevido a revisar.
En ese contexto, la Asociaci¨®n Preeminencia del Derecho, ha decidido llevar directamente el tema a los tribunales y han denunciado ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional esos acuerdos por considerar que son inconstitucionales. Entre los puntos de esos pactos que los abogados han puesto como ejemplos que contravienen los derechos fundamentales a la aconfesionalidad del Estado y a la igualdad ante la ley se?alan los que tienen que ver con la ense?anza de Religi¨®n cat¨®lica en los centros p¨²blicos y la selecci¨®n de su profesorado: "[...] ser¨¢ impartida por las personas que para cada a?o escolar sean designadas por la autoridad acad¨¦mica entre aquellas que el ordinario diocesano [obispo] proponga para ejercer esta ense?anza. Con antelaci¨®n suficiente, el ordinario diocesano comunicar¨¢ los nombres de los profesores y personas que sean consideradas competentes para dicha ense?anza".
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