Un fichero con datos de 36 millones de espa?oles re¨²ne 5 millones en multas

La Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos (AEPD) lleva cuatro a?os imponiendo una sanci¨®n tras otra a la empresa Saberlotodo (rebautizada recientemente Trumbic) por vender a terceros datos privados de 36.812.617 personas residentes en Espa?a, incluidos los DNI de 3.442.902 de ellos. Todos estos datos fueron obtenidos sin el consentimiento de los afectados, el 75% de la poblaci¨®n. EL PA?S ha tenido acceso a las ¨²ltimas tres sanciones que la AEPD le ha impuesto a esta empresa: dos multas de 600.000 euros (la m¨¢xima que establece este organismo) por infracci¨®n muy grave de la ley de Protecci¨®n de Datos y otros 200.000 euros por infracci¨®n grave. En total, 1,4 millones que se suman a los 3,5 millones en sanciones que ya acumula.

El propietario del archivo en cuesti¨®n es el alicantino Jos¨¦ Vicente Lucas, que se presenta como ¡°investigador judicial¡±. Lucas obtuvo estos datos ¡ªque no constan en fuentes accesibles al p¨²blico como son gu¨ªas telef¨®nicas, el Registro de la Propiedad o el Registro Mercantil¡ª del censo de poblaci¨®n, de padrones municipales, de la entidad Detectives Lucentum y de la Comisi¨®n del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), puesto que posee una licencia que le da acceso a 22 millones de datos pertenecientes a tel¨¦fonos p¨²blicos. Otra peque?a parte de los datos de que dispone, 22.000 registros, los recab¨® ¨¦l mismo ¡°antes de 1980 en el ejercicio de una actividad privada que no ha justificado¡±, seg¨²n indica la ¨²ltima resoluci¨®n de la AEPD.

Los interesados en pagar por acceder a este archivo con preciadas informaciones personales son, principalmente, empresas de recobro que tratan de localizar a personas para reclamarles posibles deudas pendientes (algunas son importantes multinacionales que dan acceso a este archivo a sus teleoperadores). Estas compa?¨ªas tambi¨¦n acumulan sanciones por parte de la AEPD (que se pueden consultar en la web de la entidad). Una de las ¨²ltimas multadas es la multinacional Intrum Justitia, a la que impusieron en agosto una multa de 50.000 euros por consultar este archivo.

Sus clientes son principalmente empresas de cobro de morosos

Lucas lleva vendiendo estos datos desde 2004. La AEPD inici¨® sus investigaciones tras las denuncias de varias personas que se sorprendieron al comprobar que su informaci¨®n personal hab¨ªa llegado a manos de ciertas empresas. Viendo la gravedad del asunto (datos privados disponibles por un m¨®dico precio), la entidad orden¨® hace ya dos a?os la inmovilizaci¨®n de este archivo, cosa que no ha sucedido.

Tampoco tras las dos nuevas sanciones. El motivo es que la agencia no tiene potestad judicial, sino administrativa, lo que en cierto modo le ata de manos. En su ¨²ltima resoluci¨®n, de 68 p¨¢ginas, la entidad resalta que el alicantino ¡°no ha tomado iniciativa alguna para ajustar a la normativa de protecci¨®n de datos de car¨¢cter personal la situaci¨®n¡±. Y a?ade: ¡°Al contrario, los hechos analizados en el presente procedimiento resultan de acciones positivas realizadas por los imputados intencionadamente, con la finalidad de eludir, en claro fraude de ley, la medida acordada por el director de la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos para la inmovilizaci¨®n del fichero Domicilios; se ha mantenido el tratamiento de los datos recogidos en aquel fichero y su cesi¨®n a terceros, sin realizar los ajustes necesarios para dar cumplimiento a las previsiones de la Ley de Protecci¨®n de Datos¡±.

A ra¨ªz de la noticia de que esa empresa vend¨ªa ilegalmente datos personales, la Comisi¨®n del Mercado de las Telecomunicaciones tambi¨¦n ha abierto de oficio un expediente para investigar el caso y ha solicitado a Lucas informaci¨®n sobre el uso que hace de dicho archivo (el expediente sigue abierto).

El due?o dice que en el ¨²ltimo a?o sus ingresos han aumentado un 25%

Para eludir la normativa y evitar pagar las multas, el alicantino ha creado varias empresas que se prestan servicios entre ellas: Saberlotodo, Trumbic e Informaci¨®n privilegiada. Adem¨¢s, ha recurrido las sanciones de la AEPD ampar¨¢ndose en un defecto formal (dice que las multas tendr¨ªan que ir dirigidas contra ¨¦l, propietario del fichero, no contra sus empresas), pero la Audiencia Nacional ha confirmado las sentencias de la agencia.

Lucas acusa a los responsables de esta entidad de ¡°prevaricaci¨®n¡± y ha amenazado varias veces al exdirector de la AEDP (Artemi Rallo) con ponerle una ¡°querella criminal¡± (de la que no hay constancia). ¡°Y el nuevo director, que se vaya preparando¡±, dice Lucas en conversaci¨®n telef¨®nica.

El alicantino cobra 210 euros por cada ordenador con autorizaci¨®n para acceder a su archivo o 1.400 euros por un acceso tipo ¡°tarifa plana¡±. Afirma que desde que EL PA?S diera la noticia en abril, sus ingresos no solo no se han resentido, sino que han aumentado un 25%. ¡°Algunas empresas se dieron de baja pero han vuelto a casa por Navidad¡±, dice. Unas 230 compa?¨ªas pagan por consultar su fichero y estima que ingresa unos 370.000 euros al a?o.