La Iglesia amenaza con desahuciar a ocho enfermos de sida por impago
La vicar¨ªa de Ourense reclama facturas pendientes de una casa de acogida cedida en 1993 Varios inquilinos tienen la movilidad limitada
Ocho enfermos de sida que viven en un piso de acogida gestionado por la asociaci¨®n Comit¨¦ Ciudadano Antisida de Ourense podr¨ªan quedarse en la calle si la vicar¨ªa para asuntos econ¨®micos del obispado de Ourense no da marcha atr¨¢s en la reclamaci¨®n de una supuesta deuda contra¨ªda en un piso de su propiedad. La reclamaci¨®n, que ha iniciado su tramitaci¨®n judicial con la celebraci¨®n de un acto de conciliaci¨®n, consiste en el pago del alquiler desde 2009 y de facturas de gasto corriente. La vicar¨ªa no se queda ah¨ª y tambi¨¦n solicita el desalojo de la vivienda. El siguiente paso, en caso de no llegar a un acuerdo amistoso, pasar¨ªa por la interposici¨®n de una demanda de desahucio y su posterior ejecuci¨®n. Fuentes del obispado consultadas por este peri¨®dico reconocen la reclamaci¨®n patrimonial y a?aden que ¡°no van a hacer ninguna declaraci¨®n¡±, porque el asunto ¡°est¨¢ siguiendo su curso legal con normalidad¡±.
En esta casa de acogida ¡ªla primera del Estado abierta por una asociaci¨®n ciudadana¡ª viven enfermos que provienen de centros penitenciarios y de unidades asistenciales de drogodependencias que no tienen otro tipo de recurso para sobrevivir y que, en caso de tener que abandonar las instalaciones, no tendr¨ªan d¨®nde residir. En algunos casos, mantenerlos en un hospital ¨²nicamente para suministrarles el tratamiento farmacol¨®gico tendr¨ªa un coste de hasta 400 euros al d¨ªa, frente a los, aproximadamente, 50 euros que supone su estancia en estas instalaciones.
El obispado provincial
no se pronuncia
porque el asunto
sigue su ¡°curso legal¡±
El piso fue cedido por la Iglesia hace casi dos d¨¦cadas. Hasta la ausencia de obispo en la di¨®cesis ¡ªel puesto ha estado vacante los dos ¨²ltimos a?os¡ª las relaciones entre ambas partes eran buenas. De hecho, los responsables del Comit¨¦ se?alan firmemente que ¡°sin la ayuda de la Iglesia, la casa de acogida no existir¨ªa¡±. El acuerdo firmando en 1993 y prorrogado en numerosas ocasiones hasta su caducidad hace dos a?os, establece una cesi¨®n gratuita de la vivienda, mientras que las facturas de gasto corriente (agua, electricidad, IBI, etc¨¦tera) deben ser asumidas por la asociaci¨®n. La vicar¨ªa para asuntos econ¨®micos reclama el pago de facturas atrasadas, aspecto que niegan desde la asociaci¨®n. ¡°Los pagos de esos conceptos est¨¢n al d¨ªa¡±, matizan.
Desde el Comit¨¦ Ciudadano Antisida defienden la actuaci¨®n de todos los obispos hasta la fecha, que ¡°han apoyado la casa de acogida sin excepci¨®n¡± y achacan la situaci¨®n al desgobierno que rige la di¨®cesis por la ausencia de prelado desde hace dos a?os. ¡°Las personas encargadas de la parte econ¨®mica solicitaron una rescisi¨®n de ese acuerdo de cesi¨®n gratuita y ahora buscan una forma de hacernos pagar un contrato de alquiler¡±, afirma uno de los responsables. Las cuentas de la asociaci¨®n ¡ªmuy mermadas desde 2009 por los recortes de la Xunta de Galicia¡ª no posibilitan asumir el pago de rentas. ¡°No estamos en condiciones de asumir el pago de un alquiler, ya sea en ese piso o en otro porque el dinero casi no nos llega ni para mantenimiento¡±. Tienen claro que es necesario buscar fuentes de financiaci¨®n alternativas a las Administraciones p¨²blicas. Los ingresos para mantener el proyecto en marcha no se limitan a subvenciones directas, que adem¨¢s obligan a la posterior auditor¨ªa de las cuentas. Los socios pueden aportar una cuota anual voluntaria de 200 euros, pero el montante total que suman con ellas es demasiado peque?o.
¡°Buscan una forma de
hacernos pagar un alquiler¡±,
dice el Comit¨¦ Antisida
El piso puesto en cuesti¨®n por los responsables econ¨®micos del obispado oferta dos servicios. Una zona de residencia en la que viven ocho personas ¡ªpara la que hay lista de espera¡ª y una zona que funciona a modo de hospital de d¨ªa, con una sala multiusos. All¨ª trabajan cinco personas. Hasta los recortes en las subvenciones directas ¡ªreducidas a la mitad desde la llegada de Alberto N¨²?ez Feij¨®o a la Xunta¡ª, hab¨ªa m¨¢s empleados, pero tuvieron que prescindir de ellos. Adem¨¢s de ofrecer una atenci¨®n muy personalizada en cada caso y de evitar su exclusi¨®n social, los empleados ofertan cursillos o coordinan las tareas del hogar.
Algunos habitantes presentan una movilidad muy limitada por lo que tienen que desplazarse a las consultas m¨¦dicas acompa?ados siempre por el personal laboral del centro. La mayor¨ªa tienen problemas relacionados con la dependencia de la droga, ya que se contagiaron por el uso de jeringuillas compartidas. Y es que precisamente, la toxicoman¨ªa y la c¨¢rcel est¨¢n en el historial de muchos de los enfermos. Otros presentan una autonom¨ªa suficiente para ser independientes. De hecho, los hay que han abandonado el centro voluntariamente, pero la mayor¨ªa nunca acaban reinsert¨¢ndose en una sociedad que hace o¨ªdos sordos con el sida. En la casa de acogida han muerto varios enfermos durante sus dos d¨¦cadas de existencia. Los afectados que est¨¢n en la calle y que se valen sin ayuda, pueden acogerse al programa de d¨ªa. All¨ª se oferta una sala de usos m¨²ltiples en la que pueden consultar Internet, leer prensa, entablar relaci¨®n con otras personas o algo tan simple como tener una direcci¨®n postal en la que recibir correo.
La di¨®cesis est¨¢ organizando estos d¨ªas la toma de posesi¨®n de Leonardo Lemos Montanet ¡ªhasta ahora can¨®nigo de la catedral de Santiago de Compostela¡ª como nuevo obispo de Ourense. Ser¨¢ el pr¨®ximo 11 de febrero. El Comit¨¦ centra todas sus esperanzas en que la llegada del nuevo responsable diocesano reconduzca la situaci¨®n y permita mantener la buena relaci¨®n que exist¨ªa hasta la fecha.
Un coste ¡°alto para el beneficio social¡±
Los problemas que ponen en riesgo la continuidad del piso no tienen su origen directo en la reclamaci¨®n de esas supuestas deudas. La crisis de financiaci¨®n tiene a su principal responsable en la Xunta de Galicia. Entre 1994 y 2000, recib¨ªan del Gobierno gallego 43 euros al d¨ªa por persona. Entre 2005 y 2009 la cifra variaba cada a?o, pero nunca se redujo dr¨¢sticamente. Durante el Gobierno bipartito de PSOE y BNG (2005-2009) la cuant¨ªa se elev¨® hasta los 55 euros, lo que supon¨ªan unos 160.000 euros al a?o. Tras la vuelta del PP a la Administraci¨®n auton¨®mica, los fondos se han recortado a la mitad. La Consejer¨ªa de Bienestar baj¨® la asignaci¨®n un 28% en 2009. El tijeretazo no se qued¨® ah¨ª y en 2010 recort¨® otro 24%. No fue la ¨²nica por la que se pas¨® la recortadora presupuestaria. Estas organizaciones vieron caer en picado sus ingresos en todas sus sedes de Galicia. De hecho, la casa de acogida de Vigo cerr¨® en agosto de 2011.
La secretaria general de Familia y Bienestar, Susana L¨®pez, lleg¨® a afirmar en el Parlamento gallego que ¡°el coste [de la casa de acogida de Ourense] resulta muy alto¡± para ¡°el beneficio social¡± que reporta. Y justific¨® su afirmaci¨®n en informes de la inspecci¨®n. Una de las principales reivindicaciones vinculadas con estas casas de acogida es que sean consideradas un ¡°recurso sociosanitario¡±. Esto implicar¨ªa que se reconozca que desarrollan un importante papel en la atenci¨®n sanitaria. Los responsables de la casa de Ourense recalcan, adem¨¢s, que su labor no se limita a un servicio social como puede ser un comedor p¨²blico. ¡°Esto es un servicio de emergencia, porque esta gente no tiene ad¨®nde ir si hay que echar el cerrojo¡±. Pero parece que los responsables econ¨®micos del obispado de Ourense, o lo desconocen, o lo ignoran.
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