El jurado funciona, pero es mejorable
Los expertos abogan por reservar los casos m¨¢s medi¨¢ticos a jueces profesionales para evitar que la presi¨®n coh¨ªba a los ciudadanos
El pueblo ha hablado: Francisco Camps, y su mano derecha, Ricardo Costa, no cometieron cohecho impropio en el caso de los trajes. Es cierto que el veredicto contiene elementos chocantes; por ejemplo, considera que la relaci¨®n entre Camps y ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, era ¡°meramente comercial¡±, a pesar de que este ¨²ltimo le llam¨® ¡°amiguito del alma¡± en una de las conversaciones telef¨®nicas intervenidas. Y es verdad tambi¨¦n que el resultado ha sido muy ajustado (de cinco votos frente a cuatro), pero la conclusi¨®n sigue siendo la misma. Los ciudadanos han tomado la decisi¨®n ¡ªsorprendente, para muchos juristas¡ª de que Camps sea absuelto.
La pol¨¦mica resoluci¨®n ha vuelto a abrir el sempiterno debate sobre el jurado popular, una instituci¨®n que en Espa?a camina a¨²n hacia la mayor¨ªa de edad ¡ªla Ley del Tribunal del Jurado es de 1995¡ª y que no se ha librado en esta andadura de las etiquetas que sus detractores le han colocado desde su nacimiento. La figura del jurado se ha consolidado en estos a?os. Sus resultados son, en la mayor¨ªa de casos, satisfactorios. Y la mayor¨ªa de ciudadanos que ha participado en alg¨²n proceso se muestra satisfecho. La prueba de todo ello es que, seg¨²n diversos estudios, menos del 10% de los veredictos son anulados o modificados por jueces profesionales cuando se interpone un recurso, como es previsible que ocurra en el caso de Camps. Adem¨¢s, en algunos casos el Tribunal Supremo ha enmendado la plana a los tribunales superiores de justicia que, a su vez, hab¨ªan corregido un veredicto supuestamente fallido del jurado popular.
Menos del 10% de los veredictos son anulados
o modificados
Pero hasta los m¨¢s ac¨¦rrimos defensores de la implicaci¨®n directa de los ciudadanos en la administraci¨®n de justicia admiten que el sistema es mejorable. Y que son necesarios, apuntan, algunos retoques. ¡°Espero que la fiscal¨ªa haga un buen recurso y se arregle este disparate; hab¨ªa pruebas m¨¢s que suficientes para condenar¡±, lamenta Mar¨ªa Jes¨²s D¨ªaz, profesora de derecho procesal de la Universidad Carlos III de Madrid. D¨ªaz defiende el jurado popular, aunque con matices: ¡°He llevado casos de homicidios y asesinatos y el jurado funciona muy bien. Se toma en serio las deliberaciones y hace preguntas que, en ocasiones, las partes no hacemos. Pero quiz¨¢ hay otros delitos que, por su complejidad o repercusi¨®n medi¨¢tica, deber¨ªan reservarse a los profesionales¡±, subraya.
La ley de 1995 prev¨¦ que los ciudadanos juzguen una docena de infracciones al C¨®digo Penal: homicidio, amenazas, omisi¨®n del deber de socorro, allanamiento de morada e incendios forestales, as¨ª como diversos delitos cometidos por funcionarios p¨²blicos. Entre ellos, el cohecho impropio que ha sentado en el banquillo a Camps frente a sus ¡°conciudadanos¡±, a los que se dirigi¨® al hacer uso de la ¨²ltima palabra durante el juicio. El jurado popular supone una peque?a parte de la actividad judicial y casi el 90% de casos son cr¨ªmenes.
¡°Puede que algunos delitos, como el cohecho, deban quedar excluidos. Pero no se trata de limitar el ¨¢mbito de acci¨®n del jurado; al contrario, hay otros que pueden a?adirse, como las violaciones. Son hechos sencillos y de f¨¢cil valoraci¨®n¡±, razona el presidente de la Asociaci¨®n Pro Jurado, Miguel Cid, que ve en el veredicto de no culpabilidad de Camps la mano del magistrado. ¡°No hay que olvidar que el tribunal del jurado lo componen nueve ciudadanos y un presidente, que es un juez. Este dirige el proceso y puede influir en el objeto del veredicto¡±, o sea, la lista de preguntas que los jurados responden de forma argumentada. ¡°Creo que, en este caso, se ha impuesto el criterio del juez profesional, que ha llevado a los jurados adonde ¨¦l quer¨ªa¡±, reflexiona.
El tribunal popular ve homicidios, incendios y delitos de funcionarios
Para la abogada Bego?a Gonz¨¢lez, el veredicto es ¡°absolutamente lamentable¡±, y considera que ¡°ha pesado mucho la presi¨®n medi¨¢tica¡± sobre los nueve ciudadanos, que sin duda conocen al personaje y, con toda probabilidad, se hab¨ªan formado antes del juicio una opini¨®n respecto al affaire de los trajes. Esa posibilidad de ser ¡°influenciados¡± por el entorno es una de las cr¨ªticas que a menudo se vierten sobre los tambi¨¦n llamados ¡°jueces legos¡±. Sus defensores, sin embargo, replican que los magistrados no est¨¢n libres de la presi¨®n ambiental y que tambi¨¦n ellos cargan, para bien y para mal, con su mochila ideol¨®gica. ¡°No niego que estemos en una sociedad mediatizada, pero los jueces no levitan: hay que ir hacia la madurez ciudadana¡±, tercia el catedr¨¢tico de Derecho Procesal de la Universidad del Pa¨ªs Vasco (UPV) Antonio Mar¨ªa Lorca Navarrete.
¡°Hay temas con trascendencia social de los que el jurado no puede escapar. Su opini¨®n puede verse manipulada por lo que han visto fuera del juicio¡±, tercia la abogada ?ngeles L¨®pez. ¡°El jurado es una muestra de la sociedad y de su tolerancia hacia ciertos delitos. Tal vez en otra comunidad aut¨®noma el resultado habr¨ªa sido distinto. Camps obtuvo respaldo en las urnas y eso puede haber pesado en las conciencias del jurado¡±, a?ade.
Para evitar situaciones comprometidas, algunos juristas defienden que la selecci¨®n del jurado tenga un marco geogr¨¢fico superior a la provincia. Un sistema as¨ª evitar¨ªa que, ante personajes p¨²blicos o con gran poder de influencia, los ciudadanos pudieran llegar a sentirse cohibidos. ¡°En la Comunidad Valenciana hay una mayor¨ªa de votantes del PP y, quiz¨¢s, una cierta falta de sensibilidad hacia lo econ¨®mico; digamos que no est¨¢ del todo mal visto que una persona se enriquezca¡±, dice D¨ªaz. ¡°En asuntos pol¨¦micos, la gente se siente m¨¢s insegura y prefiere decir no a decir s¨ª. Por si acaso¡±, se suma L¨®pez.
La absoluci¨®n de Camps es la ¨²ltima de las pol¨¦micas a prop¨®sito del jurado. Casos como los del etarra Mikel Otegi ¡ªabsuelto por la muerte de dos ertzainas¡ª, Dolores V¨¢zquez ¡ªcondenada y despu¨¦s absuelta por el crimen de Roc¨ªo Wanninkhof¡ª o de Llu¨ªs Corominas ¡ªabsuelto del asesinato de un ladr¨®n, aunque a la espera del recurso¡ª, han avivado el debate desde la misma creaci¨®n del jurado. ?C¨®mo se comporta un ciudadano cuando ha de administrar justicia? ?Absuelve a la ligera o condena con extrema dureza? Hay decisiones de todos los colores, y solo en los casos medi¨¢ticos se ponen en entredicho sus resoluciones. ¡°Los veredictos razonables, que son la mayor¨ªa, nadie los conoce¡±, incide D¨ªaz. Seg¨²n Jos¨¦ ?ngel Mar¨ªn G¨¢mez, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Ja¨¦n, se ha producido una evoluci¨®n: ¡°Al principio, los jurados eran m¨¢s duros en sus resoluciones. Pero desde 2005 ha habido cierto escoramiento y tienden m¨¢s a la absoluci¨®n cuando tienen dudas¡±, resume, aunque se encuentra con la dificultad de que no hay datos oficiales en un sentido o en otro.
Los defensores afirman que, si hay que hablar de errores, los jueces legos se equivocan tanto como los profesionales. ¡°Hay veredictos sorprendentes como hay sentencias sorprendentes¡±, dice el presidente de la Asociaci¨®n Pro Jurado en alusi¨®n al caso Marta del Castillo, que la Audiencia de Sevilla resolvi¨® con la condena a 20 a?os de c¨¢rcel de uno de los acusados, Miguel Carca?o.
¡°En el caso Camps
ha pesado mucho
la presi¨®n medi¨¢tica¡±, dice una abogada
¡°El veredicto de Camps, o el del caso Tous, son una aberraci¨®n. Pero los jueces profesionales no son infalibles. No es un argumento admisible¡±, indica el abogado Marc Molins Raich, del despacho Roca Junyent. Molins, que ha estudiado el modelo anglosaj¨®n ¡ªcon una larga tradici¨®n en esta materia¡ª defiende algunas reformas. ¡°Los delitos m¨¢s f¨¢cticos son m¨¢s f¨¢ciles de enjuiciar, porque hay que aplicar el sentido com¨²n. En un asesinato, todo el mundo sabe lo que es alevos¨ªa, aunque emplee otra palabra. En un delito econ¨®mico hay otras consideraciones¡±.
Molins defiende que, m¨¢s que una lista de delitos, se permita al acusado optar por la v¨ªa del jurado cuando lo solicite. Otro letrado, Javier Rodrig¨¢lvarez ¡ªque ha participado en una veintena de juicios con jurado popular en toda Espa?a¡ª admite que al principio era ¡°reacio¡± y que observ¨® ¡°errores garrafales¡±, pero ahora que el jurado se ha consolidado considera que funciona de forma correcta. Eso s¨ª, ¡°reservar¨ªa el jurado para los delitos contra la vida¡±.
Rodrig¨¢lvarez subraya que el momento clave es la elecci¨®n de los nueve jurados, cada uno de los cuales cobra unos 60 euros por sesi¨®n. ¡°Es importante saber preguntar. Yo siempre busco a alguien que pueda ejercer cierto liderazgo sobre los dem¨¢s. Y estoy convencido de que en el asunto de Camps ha habido dos liderazgos que han chocado. Como profesional, nunca hab¨ªa vivido una absoluci¨®n por cinco-cuatro¡±, razona. Molins recuerda, en ese sentido, que el hecho de que se precise una mayor¨ªa ¡°supercualificada¡± para condenar ¡ªsiete de los nueve ciudadanos han de considerar probados los hechos¡ª es una muestra m¨¢s de la ¡°desconfianza¡± hacia la instituci¨®n, a la que se han opuesto no pocos juristas, magistrados y fiscales.
Hay veredictos
sorprendentes igual que hay
sentencias sorprendentes
La desconfianza viene de lejos, como recuerda el catedr¨¢tico Mar¨ªn en su estudio Ocho a?os de tribunal del jurado. En 1935, los fiscales provinciales se quejan al presidente de la Rep¨²blica de que el jurado es ¡°el punto negro de la justicia¡±, una instituci¨®n ¡°ingobernable, inculta y sobornable¡±, y destacan la ¡°venalidad de los veredictos¡± y el ¡°apa?o y miedo en los jurados¡±. El catedr¨¢tico tambi¨¦n alude a la importancia de una buena selecci¨®n del jurado para ¡°detectar el grado de contaminaci¨®n y actuar en consecuencia¡±. Si se mejora en ese aspecto, dice, se resolver¨ªan muchas de las disfunciones o de las decisiones llamativas.
La Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM) defiende la existencia del jurado porque ¡°es un mandato constitucional¡±, aunque aboga por un modelo mixto; es decir, que el jurado lo integren ciudadanos pero tambi¨¦n jueces, explica la magistrada de la Audiencia de M¨¢laga Mar¨ªa Teresa S¨¢ez Mart¨ªnez. Esta preferencia hacia el modelo mixto ¡ªa diferencia del anglosaj¨®n, o puro¡ª ya la hab¨ªa expresado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el informe que emiti¨® antes de la aprobaci¨®n de la ley de 1995.
¡°A estas alturas, con 17 a?os de funcionamiento, plantear jurado s¨ª o jurado no es una pol¨¦mica est¨¦ril¡±, dice Lorca Navarrete. A su juicio, ni siquiera hay que plantearse reformas sobre los tipos delictivos (como el cohecho) porque el jurado ¡°no hace calificaciones jur¨ªdicas, sino que habla sobre hechos y dice si estos est¨¢n probados o no¡±. El catedr¨¢tico dice que no hay nada incomprensible; todo depende de que los abogados ¡°constituyan buenos argumentos f¨¢cticos¡± y, por eso mismo, critica la rigidez de los procesos, ya que los letrados no pueden levantarse ni dirigirse directamente a los jurados. En muchas ocasiones, a?ade, el problema de los veredictos no es de ellos, sino del magistrado, que no ha elaborado el cuestionario de forma acertada, o que intenta arrastrarles hacia sus postulados ¡°por su supuesta superioridad¡±.
¡°Para juzgar, lo importante no es saber derecho, sino ser justo. Y el jurado popular es una escuela de vida¡±, concluye Mar¨ªn.
Los veredictos m¨¢s controvertidos
El caso Otegi. En 1997, un jurado popular absolvi¨® a Mikel Otegi ¡ªpor entonces militante de la asociaci¨®n Jarrai¡ª por la muerte de dos agentes de la Ertzaintza, la polic¨ªa auton¨®mica vasca. El argumento que entonces emplearon los ciudadanos, en uno de los primeros juicios en los que se us¨® este procedimiento, es que Otegi "no era due?o de sus actos". El jurado le hab¨ªa aplicado la eximente total de "trastorno mental transitorio". Otegi hab¨ªa cometido el crimen dos a?os antes. Observ¨® a dos ertzainas frente a su domicilio ¡ªun caser¨ªo en Itsasondo, Guip¨²zcoa¡ª se apoder¨® de una escopeta de caza y dispar¨® mortalmente contra ellos. Las v¨ªctimas son I?aki Mendiluze y Jos¨¦ Mar¨ªa Gonz¨¢lez. A pesar del recurso en marcha, Otegi logr¨® huir a Francia, donde fue detenido y entregado a Espa?a en 2009, cuando ya era miembro activo de ETA y estaba implicado en diversos atentados terroristas. Aunque la sentencia absolutoria fue anulada, Otegi estuvo todo ese tiempo en busca y captura.
El caso Wanninkhof. En 2001 se celebr¨® el juicio por el asesinato de Roc¨ªo Wanninkhof, de 19 a?os, en la costa de M¨¢laga. La detenida por el crimen, Dolores V¨¢zquez, fue juzgada y condenada por un jurado popular. El veredicto de culpabilidad para la acusada, que pertenec¨ªa al entorno pr¨®ximo de la fallecida, fue defendido por siete votos contra dos y dio lugar a una sentencia que la conden¨®, por el delito de asesinato, a 15 a?os de prisi¨®n. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa, sin embargo, anul¨® la sentencia del jurado popular y orden¨® repetir el juicio con distintos jurados. La investigaci¨®n de la Guardia Civil y la instrucci¨®n tuvo algunas deficiencias, ya que se obviaron indicios. La investigaci¨®n de otro caso ¡ªla desaparici¨®n de la joven Sonia Carabantes¡ª llev¨® a comprobar que el ADN de un cigarrillo recogido en el lugar del crimen de Roc¨ªo Wanninkhof correspond¨ªa a un asesino en serie de origen brit¨¢nico. Se trataba de Tony Alexander King, con antecedentes en su pa¨ªs por diversas violaciones. Cuando se reabri¨® el caso, Dolores V¨¢zquez ¡ªque hab¨ªa pasado 17 meses en prisi¨®n¡ª result¨® absuelta y King fue condenado.
El caso Tous. El ¨²ltimo caso pol¨¦mico ocurri¨® el a?o pasado, cuando un jurado popular absolvi¨® al yerno de la popular familia de joyeros Tous, Llu¨ªs Corominas, acusado de homicidio. En 2006, Corominas hab¨ªa disparado mortalmente a un individuo de origen kosovar que pretend¨ªa entrar en su casa junto a un grupo de ladrones. El jurado consider¨® que Corominas actu¨® presa de un miedo insuperable y en leg¨ªtima defensa. Pese a todo, la Fiscal¨ªa y las acusaciones particulares recurrieron el caso y el pasado diciembre se celebr¨® una vista en el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a que est¨¢ pendiente de sentencia.
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