Mato quiere igualar el copago por dependencia en las comunidades

El Gobierno regular¨¢ por decreto la aportaci¨®n que han de hacer los ciudadanos al servicio que reciban por la Ley de Dependencia, o sea, el copago. Y para ello se han de fijar unos criterios comunes que determinen la capacidad econ¨®mica de los usuarios, en funci¨®n de su renta y de su patrimonio. El copago se hab¨ªa regulado mediante un acuerdo entre las comunidades en 2008, pero la plataforma de la discapacidad (Cermi) lo recurri¨® y el Tribunal Supremo les dio la raz¨®n en diciembre pasado. En todo caso, aquel acuerdo de copago ten¨ªa unos m¨¢rgenes tan anchos que, en la pr¨¢ctica, cada comunidad estaba gestionando a su modo. Las familias con discapacitados se quejaban del peso adjudicado al patrimonio para determinar el copago. Ayer, la ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Mato, les hizo un gui?o en el Congreso: ¡°Ser¨¢ objeto del Gobierno el patrimonio protegido de las personas con discapacidad¡±.

Mato tambi¨¦n anunci¨® su voluntad de llegar a un gran pacto para implantar un cat¨¢logo b¨¢sico de servicios sociales. Dicho cat¨¢logo definir¨ªa los servicios a los que tienen derecho los ciudadanos y con qu¨¦ intensidad. Por ejemplo, si necesitan ayuda a domicilio y cu¨¢ntas horas. Dentro de ese cat¨¢logo, de car¨¢cter sociosanitario y compartido con Sanidad, podr¨ªan quedar incluidos los servicios que ya se prestan por la Ley de Dependencia. Y no se descarta que algunas prestaciones, como la teleasistencia, que no es m¨¢s que una alarma a distancia para pedir ayuda, no pueda ser prescrita para los dependientes m¨¢s graves.

La reforma del baremo por el que se mide el grado de dependencia se simplificar¨¢. En la actualidad hay tres grados (grandes dependientes, severos y moderados) y cada uno de ellos tiene dos niveles de gravedad. Fuentes cercanas al ministerio no descartan que se eliminen esos niveles y se queden los grados pelados. Eso evitar¨ªa mucha burocracia y aligerar¨ªa los plazos, pero la consecuencia inmediata es que se reconocer¨ªan menos grandes dependientes (que pasar¨ªan al grado inferior) y menos dependientes moderados, que podr¨ªan quedarse directamente fuera del sistema. Con lo primero, el Estado ahorrar¨ªa, porque los grandes dependientes salen m¨¢s caros. Ana Mato ya se?al¨® ayer las enormes diferencias que hay entre unas comunidades y otras en el porcentaje de grandes dependientes que han registrado en el sistema. Por el otro extremo, los dependientes moderados: con un baremo m¨¢s riguroso muchos no ser¨ªan declarados dependientes, lo que no quiere decir que no est¨¦n atendidos por los servicios sociales, como ocurre ahora. La ayuda a domicilio, por ejemplo, se presta a personas que no son dependientes, pero que requieren cierto apoyo que les vienen prestando los ayuntamientos o las comunidades. El problema es que esas personas ya no contar¨ªan con esa ayuda como un derecho subjetivo sino que quedar¨ªan al albur de los presupuestos disponibles o de la voluntad pol¨ªtica de turno. De ah¨ª la necesidad de llegar a compromisos fuertes con las comunidades aut¨®nomas para definir los servicios sociales para los ciudadanos y su intensidad.

La ministra tambi¨¦n hizo hincapi¨¦ ayer en la equidad garantizada en todo el territorio. Si se tiene el mismo grado de dependencia se ha de tener la misma prestaci¨®n en cualquier sitio, vino a decir. Pero esto, esbozado en l¨ªneas a¨²n gruesas, podr¨ªa limar la capacidad del ciudadano a elegir la prestaci¨®n que desea. En el entorno del ministerio se baraja la posibilidad de regular ese extremo, quiz¨¢ limitando la posibilidad de la familia a decidir cuando se trate de un gran dependiente, por ejemplo, porque no siempre lo que se desea es lo m¨¢s conveniente para el anciano; o buscando una corresponsabilidad m¨¢s fuerte entre la administraci¨®n y las familias, para que aquellas que se encargan de cuidar a sus mayores tengan la preparaci¨®n o disponibilidad suficientes.

El ministerio cuenta con una ventaja para llegar a pactos: juega en campo propio, casi todas las comunidades son de su partido, aunque alguna de ellas ya est¨¢n anunciando medidas propias sin esperar a marcos comunes. Tambi¨¦n los nacionalistas advirtieron ayer de que las competencias en servicios sociales son auton¨®micas y el PSOE, por su parte, vio en esta complicidad con las comunidades, un riesgo ¡°de privatizaci¨®n del sistema¡±.

Desde la Asociaci¨®n de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, su presidente, Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez, declar¨®: ¡°Nos gusta parte de la m¨²sica, pero esperamos con mucha cautela los detalles¡±.