La Iglesia no perdona el impago de los enfermos de sida de Ourense

Los ocho enfermos de sida que viven en un piso de acogida cedido por el obispado de Ourense sobre el que pesa una amenaza de desahucio tendr¨¢n que pagar. El nuevo obispo de la di¨®cesis ourensana ya se ha manifestado al respecto de este conflicto revelado por EL PAIS el pasado 13 de enero. La Iglesia reclama el pago de una supuesta deuda contra¨ªda por la asociaci¨®n que gestiona la vivienda (Comit¨¦ Ciudadano Antisida), as¨ª como el desalojo de las personas enfermas que residen en ella.

El obispo, Leonardo Lemos Montanet, ha asegurado que es partidario de solucionar el enfrentamiento sin llegar ¡°a estridencias¡± -en referencia al desahucio forzoso- pero con cambios sustanciales en la relaci¨®n que mantienen ambas instituciones. En sus declaraciones asever¨® que est¨¢ estudiando una ¡°v¨ªa intermedia para solucionar el problema¡±. Fuentes diocesanas consultadas sostienen que ese acuerdo intermedio entre el desahucio o el uso de la vivienda sin pagar su alquiler pasar¨ªa ahora por el cobro de una renta mensual asumible por la asociaci¨®n.

La asociaci¨®n que gestiona la casa no puede hacer frente a los gastos por la reducci¨®n de las ayudas de la Xunta

¡°La oferta va a ser otra¡±, matiz¨® Lemos Montanet cuando fue preguntado por la condonaci¨®n de la deuda de alquiler, tal y como se ven¨ªa haciendo desde la cesi¨®n del inmueble en 1993. Para el responsable de la di¨®cesis hay ¡°otros motivos¡± (adem¨¢s del econ¨®mico) que tumban la cesi¨®n gratuita. Aunque no quiso concretar cu¨¢les son esas causas, s¨ª matiz¨® que la vivienda no tiene por qu¨¦ ser destinada a otros usos. Ubicado en pleno centro de Ourense, el piso est¨¢ situado en un edificio de 9 plantas construido en 1976 en el que la Iglesia tiene varias propiedades. Adem¨¢s de la planta en la que se ubican los estudios de la Cadena Cope, posee otra vivienda reformada con subvenciones p¨²blicas y situada justo debajo de la casa ocupada por los enfermos de sida. Ahora est¨¢ vac¨ªa aunque durante a?os se us¨® como centro de recepci¨®n y acogida de inmigrantes.

Agust¨ªn Gonz¨¢lez, uno de los responsables de la asociaci¨®n gestora, evita hacer valoraciones en profundidad de las declaraciones del responsable eclesi¨¢stico. De momento. ¡°La ¨²nica visi¨®n que tiene es la del vicario econ¨®mico y tambi¨¦n tienen que tener la nuestra¡±. Y es que precisamente desde el Comit¨¦ Ciudadano Antisida culpan a la vicar¨ªa econ¨®mica de azuzar el problema durante los dos ¨²ltimos a?os, per¨ªodo en el que la di¨®cesis ha estado descabezada por la falta de obispo. La asociaci¨®n ben¨¦fica, que reconoce el retraso en el desembolso de algunas cuant¨ªas, ha solicitado una reuni¨®n con el nuevo responsable diocesano para explicar su punto vista. ¡°Tras esa reuni¨®n nos manifestaremos contundentemente para bien o para mal¡± concluye.

La vicar¨ªa econ¨®mica solicit¨® el pago de supuestas deudas pendientes y el desalojo de la vivienda a trav¨¦s de un burofax. En una vista de conciliaci¨®n posterior - paso previo a la interposici¨®n de una demanda de desahucio-, mantuvo sus requerimientos. La reclamaci¨®n consiste en el pago del alquiler desde 2009 y de facturas de gasto corriente. Por un lado, exige 300 euros de IBI (del que solo est¨¢ pendiente el pago del recibo del ¨²ltimo a?o) y, por otro, 130 euros mensuales de gastos de comunidad vecinal. Tambi¨¦n se solicita el pago de una renta mensual de algo m¨¢s de 500 euros. Las cuentas de la asociaci¨®n que gestiona la casa de acogida no posibilitan asumir estos gastos. Tras la vuelta del Partido Popular a la Xunta de Galicia en 2009, los fondos p¨²blicos destinados por el Gobierno de Alberto N¨²?ez Feij¨®o a estas casas de acogida se recortaron a la mitad.

El acuerdo firmado en 1993 y prorrogado hasta su caducidad en 2009 establec¨ªa la cesi¨®n gratuita de la vivienda, mientras que las facturas de la comunidad de vecinos y del impuesto de bienes inmuebles as¨ª como las de gasto corriente, deb¨ªan ser asumidas por la asociaci¨®n. En esta casa de acogida viven enfermos que provienen de centros penitenciarios y de unidades de drogodependencia que no tienen donde residir. Algunos los habitantes presentan una movilidad muy limitada por lo que tienen que desplazarse al m¨¦dico acompa?ados siempre por los trabajadores del centro ben¨¦fico, que lleva ocho meses sin cobrar sus n¨®minas.