Ley burlada

El medio ambiente tiene su propia ley de acceso a la informaci¨®n. Fue aprobada en 2006, como trasposici¨®n de directivas europeas y de un convenio internacional. La Ley 7/2006 que regula los derechos de acceso a la informaci¨®n, de participaci¨®n p¨²blica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente establece que cualquiera puede ¡°acceder a la informaci¨®n ambiental que obre en poder de las autoridades p¨²blicas o en el de otros sujetos en su nombre, sin que para ello est¨¦n obligados a declarar un inter¨¦s determinado¡±. As¨ª, se pueden consultar ¡ªen formatos a menudo farragosos¡ª la contaminaci¨®n en las ciudades y las emisiones contaminantes de las empresas. Pero las Administraciones incumplen con frecuencia la norma y mantienen bajo llave informes que se deber¨ªan hacer p¨²blicos. Lo saben bien los abogados de las ONG ecologistas, que esgrimen la ley una y otra vez, a menudo sin ¨¦xito.

El caso m¨¢s sangrante es el de un informe de contaminaci¨®n por t¨®xicos en el pescado que concluy¨® en diciembre de 2003 el Instituto Espa?ol de Oceanograf¨ªa, un organismo p¨²blico. En 2006, la ONG Oceana recibi¨® el soplo de que ese informe estaba en un caj¨®n. Los investigadores hab¨ªan detectado altas concentraciones de mercurio en marrajo (que se vende como caz¨®n), pez espada (emperador) y tintorera. Una bomba para un pa¨ªs con un potente sector pesquero. El informe tiene 321 p¨¢ginas y el anexo inclu¨ªa el sorprendente sello de confidencial. El mercurio es un t¨®xico que afecta a los menores.

El Gobierno, entonces en manos del PSOE, se neg¨® una y otra vez a entregar el informe a Oceana. As¨ª que la organizaci¨®n recurri¨® a la Audiencia Nacional y en diciembre de 2009 obtuvo un fallo favorable. Aun as¨ª el Ministerio de Medio Ambiente, con el destacado papel del entonces secretario general del Mar, Juan Carlos Mart¨ªn Fragueiro, envi¨® un a?o despu¨¦s un informe mutilado. En marzo de 2011, cinco a?os despu¨¦s de que la ONG lo pidiera, el ministerio le remiti¨® finalmente el informe. Al poco, el Gobierno admit¨ªa el elevado nivel de mercurio en ciertos pescados y desaconsejaba a embarazadas y menores de tres a?os que comieran pez espada, tibur¨®n, at¨²n rojo y lucio.

No es solo el Gobierno. En 2010, la ONU conden¨® a Espa?a por incumplir el convenio de Aarhus sobre transparencia ambiental. En un informe no vinculante critic¨® que el Ayuntamiento de Murcia, del PP, obligara a pagar dos euros por cada fotocopia para acceder a un plan urban¨ªstico de 600 p¨¢ginas.

Hace un mes, EL PA?S pidi¨® a la Junta de Extremadura, del PP, el informe pagado con dinero p¨²blico sobre el caudal que se podr¨ªa trasvasar desde el Tajo medio al Guadiana y al Segura. ¡°No lo vamos a hacer p¨²blico¡±, respondi¨® una portavoz de la Consejer¨ªa de Fomento. Al recordarle la existencia de la ley y la obligaci¨®n de darlo, elev¨® consultas y volvi¨® a contestar exactamente lo mismo: ¡°No lo vamos a hacer p¨²blico¡±.