Un torpedo en la l¨ªnea de flotaci¨®n del sistema nacional de salud

La ley de medidas fiscales y financieras (de acompa?amiento de los presupuestos) de Catalu?a que aprueba una tasa de un euro por receta en su ¨¢mbito territorial es la mayor agresi¨®n cometida hasta ahora contra la equidad de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) y, lo m¨¢s importante, abre una v¨ªa de desintegraci¨®n del mismo que ser¨¢ pr¨¢cticamente imposible taponar en el futuro. Porque, despu¨¦s de esto, ?con qu¨¦ argumentos se va a impedir que cualquier comunidad aut¨®noma establezca una tasa por visita m¨¦dica, o por d¨ªa de hospitalizaci¨®n o por acudir a urgencias? Con ello se romper¨ªa, yo dir¨ªa que sin camino de retorno, los principios de equidad y de igualdad efectiva de todos los espa?oles a la hora de acceder a las prestaciones y servicios sanitarios p¨²blicos que reconoce nuestro ordenamiento jur¨ªdico.

Por eso, deseo y espero que el Gobierno de Espa?a, a propuesta de su Ministra de Sanidad tome cartas en el asunto e impida, por la v¨ªa del di¨¢logo si es posible y si no mediante el correspondiente recurso de inconstitucionalidad (es necesario porque se trata de una ley aprobada en un parlamento auton¨®mico), que se cometa semejante desatino.

La norma que ha aprobado el Parlamento catal¨¢n es injusta porque grava a los m¨¢s enfermos y a los m¨¢s ancianos (que, en general, son los colectivos que m¨¢s medicamentos toman). Las excepciones adoptadas (personas beneficiarias de la renta m¨ªnima de inserci¨®n, medicamentos cuyo precio est¨¢ por debajo de 1,67 € y con un tope de 62 recetas al a?o) solo pal¨ªan t¨ªmidamente esta injusticia.

Deseo que el Gobierno impida semejante desatino"

Arremete directamente contra la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias (en este caso a la prestaci¨®n farmac¨¦utica) entronizando la desigualdad tanto entre los propios catalanes como, sobre todo, con el resto de los espa?oles.

La pol¨ªtica farmac¨¦utica es competencia exclusiva del Estado establecida en la propia Constituci¨®n (art¨ªculo 149.1.16?) quien debe garantizar la igualdad efectiva de los espa?oles en el acceso a las prestaciones sanitarias, igualdad que recogen expresamente las m¨¢s importantes leyes sanitarias de nuestro pa¨ªs (la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesi¨®n y Calidad del Sistema Nacional de Salud y la Ley de Garant¨ªas y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios). De una manera particular es necesario hacer menci¨®n a esta ¨²ltima Ley que, en su art¨ªculo 94, dice: ¡°mediante real decreto, previo informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno podr¨¢ regular peri¨®dicamente, ¡­los supuestos en que la administraci¨®n de medicamentos y productos sanitarios ser¨¢ gratuita, as¨ª como la participaci¨®n en el pago a satisfacer por los enfermos por los medicamentos y productos sanitarios que les proporcione el Sistema Nacional de Salud¡±. Es el real decreto que establece la cartera de servicios comunes del SNS el que concreta la aportaci¨®n econ¨®mica de los usuarios en la prestaci¨®n farmac¨¦utica. Toda esta legislaci¨®n es b¨¢sica y solo puede ser modificada por normativa estatal b¨¢sica del mismo rango. Las comunidades aut¨®nomas no tienen competencias legales para aprobar normas que regulen estos aspectos de la pol¨ªtica farmac¨¦utica.

Y lo que no es aceptable en ning¨²n caso es que se diga que no hay m¨¢s remedio, que la sostenibilidad del SNS lo exige. Si hacen falta m¨¢s recursos, los tienen que poner los que m¨¢s tienen, no los m¨¢s enfermos. Uno de los principios en los que se basa nuestro sistema sanitario p¨²blico es el de la solidaridad, solidaridad de los sanos con los enfermos, de los j¨®venes con los mayores y de los m¨¢s ricos con los m¨¢s desfavorecidos. Este tipo de medidas ponen en peligro las propias esencias de nuestro sistema.

La pol¨ªtica farmac¨¦utica es competencia exclusiva del Estado"

Es posible que haya que reformar la actual participaci¨®n econ¨®mica del usuario en la prestaci¨®n farmac¨¦utica (¡°copago farmac¨¦utico¡± que consiste en que los activos pagan el 40% del precio de las medicinas con excepci¨®n de los cr¨®nicos que pagan un 10% con un tope de 2,64 € por envase) ya que contiene alg¨²n elemento injusto como es el hecho de que un trabajador, aunque est¨¦ en paro o gane el salario m¨ªnimo, tenga que pagar una parte de los medicamentos, mientras que un pensionista, aunque cobre la pensi¨®n m¨¢xima, tiene acceso a los medicamentos de forma totalmente gratuita. Pero esta reforma habr¨ªa de hacerse, en todo caso, con tres criterios b¨¢sicos: Que se haga por el Gobierno de Espa?a para todos los espa?oles, que beneficie a las personas de rentas m¨¢s bajas dej¨¢ndolas exentas de toda aportaci¨®n, y que se haga de manera equitativa, esto es, que pague m¨¢s s¨®lo el que m¨¢s tiene, no el que est¨¦ m¨¢s enfermo.

Nuestro SNS est¨¢ considerado, a nivel internacional, como uno de los mejores del mundo. En pocas cosas los espa?oles estamos entre los mejores, pero ¨¦sta es una de ellas y, una de las razones m¨¢s importantes para que sea as¨ª es, precisamente, su cobertura universal y su equidad en el acceso. No debemos permitir que se quiebren estos principios b¨¢sicos porque har¨ªamos un flaco favor al conjunto de la ciudadan¨ªa que, en tiempos dif¨ªciles como los que corren, est¨¢ m¨¢s necesitada que nunca de los sistemas de protecci¨®n social que, como el sanitario p¨²blico, cumplen una extraordinaria funci¨®n de cohesi¨®n y de amortiguaci¨®n de las consecuencias de la crisis.

Alfonso Jim¨¦nez Palacios es inspector m¨¦dico, ex director general de Farmacia y ex director general de Cohesi¨®n y de Alta Inspecci¨®n del SNS.