Condena a Espa?a por dar en adopci¨®n a un ni?o sin permiso del padre

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a Espa?a a indemnizar con 8.000 euros a un nigeriano que vive en Barcelona, por haber dado en adopci¨®n a su hijo despu¨¦s de que la madre fuese expulsada del pa¨ªs. Las autoridades incurrieron en una "grave falta de diligencia" al entregar al menor a una familia adoptiva sin el consentimiento de su padre biol¨®gico, K. A. B. El tribunal considera que el Estado ha vulnerado el respeto a la vida privada y familiar.

Los hechos se remontan a 2001, cuando el padre, su pareja y el hijo de ambos, que en aquel momento ten¨ªa un a?o de edad, se instalaron en Murcia. Poco despu¨¦s, a K. A. B. le ofrecieron un empleo en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y se march¨® all¨ª a trabajar. Mientras, la polic¨ªa detuvo a la madre, que estaba sin papeles, y un juzgado orden¨® su expulsi¨®n con la advertencia de que no pod¨ªa regresar a Espa?a en diez a?os.

La administraci¨®n consider¨® que el
menor estaba en "situaci¨®n de abandono"

Ah¨ª empez¨® la odisea familiar. El Servicio de Protecci¨®n de Menores de Murcia trat¨® de ponerse en contacto con la madre para lograr la reagrupaci¨®n familiar, pero result¨® imposible. La administraci¨®n consider¨® que el menor estaba en "situaci¨®n de abandono" tras retirar la custodia a una pareja de espa?oles amigos de la familia que se hab¨ªan hecho cargo de ¨¦l de forma provisional y, en noviembre de ese a?o, decidi¨® que ingresara en un centro de menores. Los profesionales del centro observaron que el menor presentaba una ligera anemia y un desarrollo psicomotriz y de lenguaje "inferior al de un ni?o de su edad", adem¨¢s de carencias afectivas. Al d¨ªa siguiente de decretar el internamiento, K. A. B. inform¨® a la administraci¨®n de que era el padre biol¨®gico del peque?o. Pero pronto hubo dificultades. Los padres no hab¨ªan inscrito al ni?o en el registro civil. Adem¨¢s, el hombre no pudo abonar, en un primer momento, los 1.200 euros que costaban las pruebas de ADN. La maquinaria burocr¨¢tica sigui¨® su curso y, para evitar el riesgo de "institucionalizaci¨®n", el menor fue entregado a una familia adoptiva. El juez hab¨ªa solicitado la comparecencia de la madre; petici¨®n imposible de cumplir tras haber sido expulsada del pa¨ªs.

En 2005, y gracias a la ayuda econ¨®mica de una asociaci¨®n catalana, K. A. B. pudo someterse al test de paternidad. Pero no fue suficiente para cambiar el curso de la historia, ya que las distintas instancias judiciales decidieron que no era procedente la reagrupaci¨®n familiar. La decisi¨®n de un juzgado de familia fue confirmada por la Audiencia de Murcia y el recurso de amparo presentado por el abogado del afectado, rechazado por el Tribunal Constitucional.

La sentencia del TEDH
lamenta que "no hubo respuesta
ni intervenci¨®n alguna¡±

Ese mismo juez de familia autoriz¨®, en 2007, la adopci¨®n del menor a la familia de acogida, una sentencia que nuevamente fue confirmado por instancias superiores: la Audiencia de Murcia y el Tribunal Supremo. Tras una entrevista con el jefe del servicio de protecci¨®n de menores, K. A. B. se plant¨® en el despacho y dijo que no abandonar¨ªa las dependencias hasta que pudiese ver a su hijo. La polic¨ªa le detuvo y fue condenado despu¨¦s a pagar una multa. El juez que le conden¨® indic¨® que el hombre estaba ¡°psicol¨®gicamente destruido, sometido a periodos de l¨¢grimas y lamentaciones, sin ninguna agresividad¡±.

La sentencia del TEDH lamenta que "no hubo respuesta ni intervenci¨®n alguna¡± para evitar la separaci¨®n entre la madre expulsada y su hijo, algo "particularmente grave" por la corta edad del menor. La expulsi¨®n de la mujer se decidi¨® ¡°sin las precauciones necesarias¡±, lo que, unido a ¡°la falta de asistencia¡± al hombre ¡ªcon una ¡°situaci¨®n social y financiera muy fr¨¢gil¡±¡ª propiciaron el drama. Las autoridades espa?olas, concluye el texto, ¡°no han desplegado los esfuerzos adecuados y suficientes¡± para respetar los derechos de la familia nigeriana.