El Gobierno restringe el acceso a la sanidad a los inmigrantes irregulares

En plena crisis econ¨®mica, las principales v¨ªctimas de las medidas que pretenden combatir el abuso que algunos ciudadanos extranjeros hacen de la sanidad p¨²blica espa?ola pueden ser los inmigrantes m¨¢s desprotegidos. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha anunciado que no bastar¨¢ con estar empadronado para obtener la tarjeta sanitaria, sino que se exigir¨¢ la residencia fiscal. Ello implica que las personas que se encuentren en situaci¨®n irregular solo podr¨¢n acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los ni?os, que es la asistencia b¨¢sica asegurada a cualquier persona.

El Gobierno reformar¨¢ la Ley de Extranjer¨ªa para poner en marcha nuevas restricciones. ¡°El padr¨®n no les bastar¨¢¡±, ha manifestado Mato, quien explic¨® que para otorgar la tarjeta sanitaria se verificar¨¢ que quienes la solicitan ¡°de verdad¡± viven y ¡°trabajan como nosotros y pagan sus impuestos¡±. Es decir, que tienen residencia legal en Espa?a. Mato justific¨® este cambio aduciendo los abusos de quienes traen a sus familiares exclusivamente para recibir tratamientos m¨¦dicos. El resultado de estos cambios ser¨¢ que quienes est¨¦n en situaci¨®n irregular solo podr¨¢n acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los ni?os, que es la asistencia b¨¢sica asegurada a cualquier persona.

La poblaci¨®n de extranjeros residentes en Espa?a es de 5.711.040 personas, seg¨²n datos del Instituto Nacional de Estad¨ªstica, y el n¨²mero de extranjeros en situaci¨®n legal asciende a 5.251.094, seg¨²n los datos del ministerio de Empleo, con lo cual la cifra de ciudadanos 'sin papeles' que podr¨ªan verse afectados por estos cambios rondar¨ªa el medio mill¨®n de personas, a falta de depurar posibles duplicidades en el padr¨®n que admiten los expertos.

Fuentes del Ejecutivo precisaron que solo se reconocer¨¢ el derecho a acceder a tarjeta sanitaria a aquellos extranjeros con ¡°residencia legal¡± en Espa?a, lo que implica tener permiso de residencia en vigor, y a sus familiares directos tambi¨¦n regularizados. Est¨¢ por definir c¨®mo abordar la situaci¨®n de los miles de residentes irregulares que ya cuentan con tarjeta sanitaria en Espa?a.

El anuncio de Sanidad supone un giro radical a la pol¨ªtica aplicada desde que en el a?o 2000, en plena avalancha migratoria y bajo un Gobierno tambi¨¦n del PP ¡ªentonces presidido por Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar¡ª la Ley de Extranjer¨ªa abri¨® las puertas a los inmigrantes en situaci¨®n irregular a la tarjeta sanitaria con el ¨²nico requisito de que estuvieran empadronados. La ley, reformada por ¨²ltima vez en el a?o 2000, establece en estos momentos que los extranjeros que se encuentren en Espa?a inscritos en el padr¨®n del municipio en el que residan ¡°tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones de los espa?oles¡±. Los que no tienen ni el padr¨®n tienen derecho a las urgencias, la maternidad y la atenci¨®n infantil.

Hasta 2000 ¨²nicamente se reconoc¨ªa el derecho a la atenci¨®n sanitaria gratuita y sin trabas administrativas a los extranjeros en la atenci¨®n de urgencias, ya fuera por accidente o por padecer una enfermedad grave hasta que el paciente recibiera el alta. Junto a este aspecto, considerado como un auxilio humanitario, tambi¨¦n se atend¨ªa la asistencia al embarazo, parto y postparto, y los cuidados a los menores.

Al revisar el acceso a la sanidad de los sin papeles, Mato aspira ahorrar unos 500 millones de euros. La ministra anunci¨® que su departamento tambi¨¦n tomar¨¢ otras iniciativas para combatir el llamado turismo sanitario. A este respecto anunci¨® la intenci¨®n de revisar distintos convenios internacionales que, seg¨²n afirm¨®, no se han mostrado eficaces. Tambi¨¦n, explic¨®, se exigir¨¢ reciprocidad a los pa¨ªses, de manera que en Espa?a solo se ofrecer¨¢n las prestaciones sanitarias que los espa?oles puedan recibir dentro de sus fronteras. Con eso y un mayor control de la atenci¨®n que reciben los residentes extranjeros, se espera ahorrar otros 971 millones, ha dicho la ministra.

Mato detall¨® un amplio abanico de medidas con las que su departamento pretende recortar 7.000 millones de euros en gasto sanitario. Entre ellas figuran, adem¨¢s de las destinadas a luchar contra el turismo sanitario, la creaci¨®n de una central de compras farmac¨¦uticas, el traspaso de enfermos cr¨®nicos desde hospitales a residencias o ajustes en las prestaciones complementarias.