M¨¦dico, enfermero y contable

La exenci¨®n de los jubilados del pago por medicamentos, considerada por algunos como injusta en el caso de las pensiones m¨¢s altas, salta por los aires. El Gobierno ha aprovechado el plan para recortar el gasto sanitario en 7.000 millones adicionales para poner el actual sistema patas arriba. El nuevo modelo mantiene la divisi¨®n entre activos y pensionistas, pero establece cierta progresividad al establecer cuatro tramos en cada uno: exento (no pagan), reducido (ingresan menos del l¨ªmite para declarar IRPF), normal y alto (para los que declaren ingresos por encima de los 100.000 euros, un l¨ªmite arbitrario que parece un gesto de la ministra de Sanidad, Ana Mato, para no desairar al de Econom¨ªa, Luis de Guindos). Solo quedan como estaban los enfermos cr¨®nicos, aunque habr¨¢ que revaluar a todos los pensionistas, para ver quienes entran en ella, ya que hasta ahora no hac¨ªa falta porque no pagaban.

Lo que no se le puede discutir al sistema es que es una revoluci¨®n en su planteamiento. Porque, por primera vez, los datos de las tarjetas sanitarias deber¨¢n cruzarse con unos de los mejor guardados: los de la renta de la Agencia Tributaria.

No se trata, como han dicho algunos cr¨ªticos, de que los usuarios tengan que ir a la consulta con la declaraci¨®n de la renta bajo el brazo. De eso se encargar¨¢ la Administraci¨®n. Pero esta operaci¨®n, definida por Mato con un simple ¡°cruce de datos¡±, tiene muchas implicaciones t¨¦cnicas y jur¨ªdicas. Se trata de combinar dos de las informaciones m¨¢s protegidas por la legislaci¨®n espa?ola: la sanitaria y la fiscal. Un modelo cuya complejidad reconocen fuentes del Ejecutivo y que no existe en ning¨²n otro pa¨ªs de los que tienen sistemas sanitarios parecidos. En todos hay copago de medicamentos (como ya hab¨ªa en Espa?a), pero ninguno en funci¨®n de la renta.

Que el m¨¦dico sepa sobre las finanzas del paciente afecta a la intimidad

Artemi Rallo, exdirector de la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos (AEPD), considera que ¡°la cesi¨®n del Estado a las comunidades aut¨®nomas de datos fiscales para incorporarlos a la tarjeta sanitaria o a la receta electr¨®nica para que el funcionario de la comunidad o el farmac¨¦utico los consulte requiere de un amparo legal hoy inexistente¡±. Y la propia agencia admite que ya lo est¨¢ estudiando, seg¨²n reconoce un portavoz. ¡°La AEPD est¨¢ analizando esta cuesti¨®n, esencialmente en relaci¨®n con aquellas materias, como posibles cesiones de datos, que pudieran afectar a la normativa de protecci¨®n de datos¡±, indica. ¡°Sobre si es viable, y si choca o no con la normativa de protecci¨®n de datos, podemos indicar que la adecuaci¨®n al sistema de protecci¨®n de datos de la reforma y de las cesiones de datos depender¨¢ de la cobertura legal que tenga dicha reforma¡±.

Ricardo de Lorenzo, presidente de la Asociaci¨®n Espa?ola de Derecho Sanitario, cree que este sistema no ser¨¢ de dif¨ªcil adaptaci¨®n para los operadores del ¨¢mbito sanitario porque el manejo de datos al que est¨¢n acostumbrados es el referente a salud, que seg¨²n la Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n de Datos de Car¨¢cter Personal de 1999 ¡°son considerados especialmente protegidos¡±. Sin embargo, el asunto se complica porque ¡°los datos econ¨®micos que adicionalmente se incorporar¨¢n a estas tarjetas est¨¢n calificados de nivel b¨¢sico, aunque sean considerados por la AEPD como de especial consideraci¨®n por ser la causa de su mal uso el motivo de la mayor parte de las reclamaciones¡±.

Los problemas de este encaje no preocupan al Ministerio de Sanidad, cuyos portavoces aseguran que est¨¢ ¡°muy avanzado¡±. Entre los que consideran que el cruce de datos es posible est¨¢ Javier Moreno, presidente ejecutivo de Asjusa Letramed, un despacho de abogados especializado en asuntos sanitarios. ¡°En este caso se trata de la coordinaci¨®n entre distintos entes territoriales, Estado y comunidades, a trav¨¦s del Ministerio de Hacienda y los servicios de salud auton¨®micos, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema nacional de salud y, a trav¨¦s de ¨¦l, dar cobertura al derecho constitucional a la protecci¨®n de la salud¡±, indica para enmarcar el problema.

La clave estar¨¢ en la tarjeta sanitaria
con un chip que incorpore los datos

Pero ¨¦l no lo considera excepcional ni especialmente complicado. ¡°La cuesti¨®n que nos ocupa no es ajena al normal funcionamiento de la actividad administrativa y est¨¢ prevista no solo en Sanidad, como se pretende ahora, sino en otras pol¨ªticas como, por ejemplo, la educativa¡±, a?ade. Lo que se plantea es que alguien que hasta ahora no manejaba esa informaci¨®n ¡ªm¨¦dico, farmac¨¦utico, enfermero¡ª, tenga, aunque sea de manera general, datos sobre la capacidad econ¨®mica de cada uno. O, por lo menos, sobre lo que ha declarado a Hacienda. ¡°Otro de los aspectos a tener en cuenta, advierte Moreno, es la posible vulneraci¨®n del derecho a la intimidad de los pacientes¡±.

En su opini¨®n, la soluci¨®n est¨¢ en la propia Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n de Datos, que ¡°permite la cesi¨®n de datos sin consentimiento del interesado cuando dicha cesi¨®n venga amparada por una ley, e impone a todos los que intervengan en el tratamiento de datos de car¨¢cter personal una obligaci¨®n de secreto profesional respecto a estos¡±. La soluci¨®n ¡°ser¨ªa una norma con rango de ley que vendr¨ªa a dar cobertura legal al conocimiento que m¨¦dicos y farmac¨¦uticos pudieran tener de los datos fiscales de los pacientes¡±. Y ello debe ser as¨ª porque ¡°dichos datos ahora s¨ª son necesarios para la funci¨®n asistencial y de prestaci¨®n farmac¨¦utica¡±. Claro que en ning¨²n caso debe olvidarse ¡°el deber de estos profesionales de guardar secreto de la informaci¨®n que manejan¡±.

La ra¨ªz del cambio es que, a partir de ahora, la informaci¨®n financiera pasa a ser necesaria para que funcione la prestaci¨®n farmac¨¦utica. Y por eso Moreno cree que ¡°el conocimiento de los datos fiscales por parte de m¨¦dicos y farmac¨¦uticos para ajustar las recetas podr¨ªa entenderse necesario para proteger un bien constitucionalmente protegido: la distribuci¨®n equitativa del sostenimiento de los gastos p¨²blicos en lo que a la pol¨ªtica sanitaria se refiere¡±.

Solventado el primer obst¨¢culo de si el Estado tiene derecho a manejar la informaci¨®n fiscal para proporcionar una atenci¨®n sanitaria, queda el de car¨¢cter t¨¦cnico. Y este no es una cortapisa menor en un sistema como el sanitario, que lleva 10 a?os para conseguir que las 17 autonom¨ªas organicen un sistema que permita consultar el dato b¨¢sico, la historia cl¨ªnica, desde cualquier lugar de Espa?a, sin que eso sea posible todav¨ªa en algunos casos incluso dentro de una misma comunidad.

La propia Mato lo admiti¨® cuando dijo que a ella le habr¨ªa gustado que hubiera m¨¢s tramos en el copago, pero que no hab¨ªa podido conseguirlo ¡°por cuestiones t¨¦cnicas¡±, porque la informatizaci¨®n del sistema, la famosa e-Salud, no estaba implantada por igual en todas las comunidades. Para el abogado De Lorenzo esto es clave: ¡°Disponer o no de tarjeta sanitaria electr¨®nica har¨¢ m¨¢s f¨¢cil la gesti¨®n y se podr¨¢n establecer los elementos de protecci¨®n de datos que sean precisos¡±, indica. Y pone un ejemplo: ¡°Cuando t¨² utilizas la tarjeta de cr¨¦dito del banco en cualquier tienda, eso no presupone que la informaci¨®n de la tarjeta pase al comerciante¡±. ¡°En definitiva, cuando se disponga de la tarjeta electr¨®nica con chips que incorporen los datos personales, la garant¨ªa de protecci¨®n de datos puede construirse sin especial dificultad, como ya existe en el DNI electr¨®nico¡±, concluye.

Lo que no se puede negar es que Sanidad, con la implantaci¨®n de este nuevo copago, ha decidido ser innovadora. No solo por su complejidad legal y t¨¦cnica, que puede ser la explicaci¨®n de su baja capacidad recaudatoria, que Mato cifr¨® en ¡°un 1% o 1,5% del gasto farmac¨¦utico [165 millones de euros como m¨¢ximo]¡±. Sino porque nadie lo hab¨ªa hecho as¨ª antes. Es verdad que en muchos pa¨ªses europeos hay copago, pero nadie se hab¨ªa enfrentado a algo tan complejo como ligarlo a la renta, como demuestra un estudio de IESE, que recoge datos de 16 pa¨ªses de Europa. En todos hay copago en farmacia, incluida Espa?a, pero en ninguno es en funci¨®n de los ingresos.

El sistema franc¨¦s, por ejemplo, difiere bastante del espa?ol. Se basa en el copago y obliga a los usuarios a contratar un seguro privado si quieren recuperar el 100% del dinero que han puesto. En general, los pacientes pagan el 30% de los gastos de todas las consultas m¨¦dicas, y el 70% restante lo reembolsa la Seguridad Social. Pero la mayor¨ªa dispone de una mutua privada de salud que reembolsa ese 30% restante o solo una parte, seg¨²n el seguro contratado.

El sistema, pese a su car¨¢cter semiprivado, supone un agujero enorme para las cuentas p¨²blicas: el d¨¦ficit de la Seguridad Social francesa fue de 17.400 millones de euros en 2011, y para 2012 prev¨¦ reducirlo hasta los 13.900 millones.

Alemania, por su parte, estableci¨® el copago hace ocho a?os. Todas las personas con un seguro m¨¦dico obligatorio, aproximadamente el 88 % de la poblaci¨®n, deben pagar una cuota de 10 euros trimestrales para las consultas m¨¦dicas. Los legisladores cre¨ªan que con el pago de 10 euros, la gente solo visitar¨ªa al m¨¦dico cuando fuera necesario y no, como era la costumbre sobre todo entre los miembros de la llamada tercera edad, para buscar compa?¨ªa y conversaci¨®n en los consultorios m¨¦dicos. No ha sido as¨ª, y su tasa de frecuentaci¨®n es mayor a la espa?ola, seg¨²n los ¨²ltimos datos de la OCDE.

En principio, los f¨¢rmacos de prescripci¨®n obligatoria est¨¢n sujetos a un copago que asciende a un 10%, pero con un m¨ªnimo de 5 euros y un m¨¢ximo de 10 euros. En todo caso, el copago m¨¦dico y de f¨¢rmacos no debe nunca rebasar el 2% de ingresos brutos anuales del paciente, porcentaje que desciende al 1% en el caso de los enfermos cr¨®nicos.

Las urgencias ¡ªy el resto de consultas m¨¦dicas¡ª subieron en enero en Portugal. Una consulta normal ha pasado de 2,5 euros a 5 euros y una cura simple por un enfermero, que hasta este a?o sal¨ªa gratis, cuesta ahora 4 euros. Las urgencias han pasado de 10 a 20 euros. Tambi¨¦n se cobran los medicamentos, pero no en funci¨®n de la renta. El sistema portugu¨¦s de salud distingue cuatro escalas de descuento, dependiendo del tipo de medicamento y de la dolencia.

En Reino Unido, por poner otro sistema diferente, cada receta suele suministrar la dosis de un medicamento requerida durante tres meses y cuesta el equivalente a 8,3 euros. Los enfermos cr¨®nicos pueden obtener recetas ilimitadas por 35 euros al trimestre o 126 euros al a?o.

Podr¨ªa seguirse con ejemplos similares. Pero eso es lo que ha hecho del sistema espa?ol un referente: su capacidad por innovar. As¨ª que, ya metidos en la complicaci¨®n del sistema, quedar¨¢ el orgullo de que como con los trasplantes u otras prestaciones, en el futuro otros nos copiar¨¢n.

Con informaci¨®n de Miguel Mora (Par¨ªs), Walter Oppenheimer (Londres), Enrique M¨¹ller (Berl¨ªn) y Antonio Jim¨¦nez Barca (Lisboa).