Medio Ambiente suaviza el decreto ley que quitaba competencias auton¨®micas

El Ministerio de Medio Ambiente ha suavizado el borrador de decreto ley que quitaba a las comunidades aut¨®nomas competencias para vetar grandes obras en espacios de la Red Natura 2000. En el ¨²ltimo texto, que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, no aparece ning¨²n cambio en la Ley de Evaluaci¨®n Ambiental, aunque mantiene las reformas de la Ley de Aguas, la de Patrimonio Natural y Biodiversidad y la de Residuos.

Como era previsible, y en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno volver¨¢ a ejercer las competencias de polic¨ªa de agua en las cuencas que afectan a varias autonom¨ªas. En realidad, esa competencia, cedida por el Gobierno del PSOE de urgencia en agosto de 2011, nunca ha sido ejercida en Andaluc¨ªa, la comunidad del PSOE que m¨¢s reivindic¨® la gesti¨®n del Guadalquivir pese a que afecta a otras tres autonom¨ªas. Tampoco Arag¨®n las ha utilizado. En su d¨ªa, el PP se abstuvo en esa votaci¨®n en el Congreso y apoy¨® otras que vulneraban la unidad de cuenca que ahora defiende. Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, hoy vicepresidenta y que ha defendido la unidad de gesti¨®n de los r¨ªos, fue en su d¨ªa ponente del Estatuto de Castilla y Le¨®n. Ese texto fue anulado por el Constitucional en la parte en la que se atribu¨ªa la gesti¨®n del Duero.

El departamento que dirige Miguel Arias Ca?ete ha rebajado el borrador que adelant¨® este diario y que iba a acabar con toda probabilidad ante el Constitucional. En ese borrador, Medio Ambiente afirmaba que "exist¨ªa una controversia" sobre qu¨¦ administraci¨®n era la competente "para emitir la declaraci¨®n de la autoridad competente de supervisar la Red Natura 2000, respecto de los proyectos sometidos al procedimiento de evaluaci¨®n de impacto ambiental".

Entonces, Medio Ambiente determinaba "con toda claridad y urgencia" que la competencia "corresponder¨¢ al Ministerio". Eso auguraba un conflicto con las comunidades, que perder¨ªan la posibilidad de poder minar grandes obras por su impacto ambiental, como el Puerto de Pasajes o el oleoducto desde Huelva a Badajoz. Ahora, no figura la reforma de la Ley de Evaluaci¨®n Ambiental. El Ministerio ha amagado varios consejos de ministros con el texto y al final lo ha retrasado.

La norma tiene una dudosa urgencia para utilizar el procedimiento de decreto ley. El Ministerio justifica que la sequ¨ªa obliga a acelerar los tr¨¢mites (ah¨ª se nota que est¨¢ redactado desde finales de marzo). En materia de aguas, permite la compra-venta de agua a los regantes del acu¨ªfero 23, el del nacimiento del Guadiana y las Tablas de Daimiel. Esta era una medida reclamada desde hace tiempo por el sindicato agrario Asaja, con el argumento de que permitir¨¢ reducir la extracci¨®n de agua sin utilizar dinero p¨²blico.

Los ecologistas consideran en cambio que vender¨¢n agua aquellas personas que tienen la dotaci¨®n concedida pero que en la pr¨¢ctica no la usan (bien por tener los pozos ya secos o bien por ser solo regantes ocasionales; gente que mantiene el campo como segunda ocupaci¨®n). As¨ª, seg¨²n Santiago Mart¨ªn Barajas, de Ecologistas en Acci¨®n, el resultado ser¨¢ una mayor sobreexplotaci¨®n.

Las ONG en defensa del medio ambiente lamentan que Ca?ete no vea la oportunidad ¨²nica que tiene de recuperar los Ojos del Guadiana, junto a los cuales ya han surgido los primeros afloramientos de agua en 30 a?os. SEO/Birdlife asegura que arruinar el acu¨ªfero no tiene ning¨²n m¨¦rito y que ya lo hicieron muchos ministros antes.

El decreto ley tambi¨¦n ha eliminado la posibilidad de que las sociedades estatales de agua operen en el extranjero para buscar financiaci¨®n, algo que hab¨ªa alarmado a las empresas espa?olas del agua, que no solo sufren retrasos en los pagos desde el Ministerio, sino que ve¨ªan c¨®mo les pod¨ªa surgir un competidor.

Por ¨²ltimo, el Gobierno aborta la posibilidad de establecer un sistema de dep¨®sito y retorno de envases, en el que el usuario paga una peque?a cantidad por cada vidrio, por ejemplo, que recibir¨ªa de vuelta al dejarlo en el punto de venta. Es una posibilidad prevista en la ley pero que no se ha aplicado y que ha enfrentando a los actuales gestores de residuos, como Ecoembes, con grupos ecologistas y fabricantes de las m¨¢quinas para reciclar, agrupados en la Fundaci¨®n Retorna.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acci¨®n, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han rechazado en un comunicado el decreto ley "tanto en la forma como en el contenido". Consideran que "es una burla a la transparencia y participaci¨®n y denuncian los retrocesos que produce en la protecci¨®n ambiental de nuestro pa¨ªs".