La c¨¢rcel despu¨¦s de la c¨¢rcel

?Puede un delincuente sexual grave rehabilitarse? ?C¨®mo salvaguardar el bien com¨²n frente a aquellas personas que ya han demostrado un gran poder de da?o? Cuando se habla de violaciones o de pederastia, la respuesta m¨¢s pronta sale de las entra?as. El rechazo para estos actos execrables es inmediato y la sociedad siempre demanda las penas m¨¢s duras posibles. C¨¢rcel, por supuesto, y por mucho tiempo. Pero las instituciones penitenciarias cumplen una funci¨®n clave, que no es solo la de recluir a estas personas, sino tambi¨¦n rehabilitarlas y reinsertarlas en la sociedad, tal y como marca la Constituci¨®n, velar para que aquello que llev¨® al comportamiento delictivo no vuelva a ocurrir. Pero, ?qu¨¦ sucede si, al cumplimiento de la pena, se considera que aquel que delinqui¨® de manera tan grave sigue siendo peligroso? ?Puede el Estado presumir que volver¨¢ a cometer un delito? Y si es as¨ª, ?qu¨¦ hacer para evitarlo?

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, cree que una f¨®rmula para resolverlo es con m¨¢s c¨¢rcel. Y as¨ª lo dej¨® claro el lunes con el anuncio de una nueva medida para imponer hasta 10 a?os de internamiento extra a aquellos delincuentes peligrosos ¡ªfundamentalmente violadores y pederastas, pero tambi¨¦n narcotraficantes¡ª que tras haber agotado su pena no se hayan rehabilitado. A la propuesta, llamada custodia de seguridad y hecha p¨²blica tras una reuni¨®n con el padre de Marta del Castillo ¡ªasesinada en 2009¡ª, le falta concreci¨®n. Y plantea muchas dudas a juristas y psic¨®logos penitenciarios. La primera es su encaje constitucional, porque est¨¢ dirigida a personas que ya han cumplido su pena, y la ley no contempla la aplicaci¨®n de medidas predelictuales. La segunda es c¨®mo y qui¨¦n decidir¨¢ si el recluso se ha rehabilitado. A estos dilemas se suma la contradicci¨®n que supone recetar m¨¢s prisi¨®n si ya se ha reconocido que el sistema no ha funcionado.

Justicia afirma que la ¡°necesaria¡± medida ser¨¢ solo para casos extremos

Tambi¨¦n la escenificaci¨®n del anuncio, hecho por Ruiz-Gallard¨®n tras reunirse con el padre de una v¨ªctima, suscita reticencias entre algunos expertos, que acusan al Gobierno de iniciar medidas populistas. ¡°?Qu¨¦ estudio previo se ha hecho que avale las modificaciones?¡±, plantea Juli¨¢n R¨ªos, profesor de Derecho Penitenciario de la Universidad de Comillas. ¡°Se vuelve a legislar a golpe publicitario, pero las modificaciones del Derecho Penal exigen procesos m¨¢s racionales desde el punto de vista t¨¦cnico¡±, a?ade.

Justicia reconoce que la medida a¨²n est¨¢ en gestaci¨®n. Sin embargo, insiste en que es ¡°muy necesaria¡± y mantiene que ser¨¢ acorde con la Constituci¨®n. Adem¨¢s, la custodia de seguridad ¡ªque se suma a la libertad vigilada, que permite controlar al exrecluso hasta 10 a?os despu¨¦s de su salida de prisi¨®n¡ª solo se aplicar¨¢ en casos muy extremos y contados, dicen. ¡°Delincuentes muy violentos, como violadores o autores de robos con violencia, y reincidentes, que es lo que pone de manifiesto su peligrosidad¡±, explica uno de los expertos del ministerio que trabaja en la propuesta. Cifrar a cu¨¢ntas personas afectar¨ªa la medida es dif¨ªcil, dice el experto, que pone como ejemplo a Alemania ¡ªpa¨ªs que como Dinamarca, Italia o Suiza la aplica¡ª, donde hay unas 500 personas recluidas por la custodia de seguridad.

En Espa?a, esta opci¨®n tendr¨¢ que ser incluida por el juez en el momento de dictar la condena. Despu¨¦s, una vez liquidada la pena, ser¨¢ otro tribunal ¡ªa¨²n no se sabe de qu¨¦ tipo ni qui¨¦n lo formar¨¢¡ª quien acuerde si se utiliza la custodia de seguridad, en funci¨®n de la rehabilitaci¨®n del recluso. ¡°Esa decisi¨®n se revisar¨¢ constantemente¡±, precisan fuentes de Justicia, que a¨²n est¨¢n estudiando c¨®mo se valorar¨¢ esa peligrosidad. Podr¨ªa exigirse el informe de expertos independientes, como se hace en Suiza, por ejemplo. Aunque, sin duda, tambi¨¦n se tendr¨¢n en cuenta los informes de la junta de tratamiento de la prisi¨®n, como se hace ahora para conceder los beneficios penitenciarios.

¡°Se vuelve a legislar a golpe publicitario¡±, opina un profesor de Derecho

Estas juntas penitenciarias ¡ªformadas por el psic¨®logo de la prisi¨®n, el subdirector de tratamiento, el trabajador social, el director...¡ª hacen una valoraci¨®n continua del recluso a lo largo del cumplimiento de su pena. ¡°A trav¨¦s de esas valoraciones se va clasificando al recluso seg¨²n su nivel de evoluci¨®n. Y a eso se van sumando medidas de intervenci¨®n para su rehabilitaci¨®n tanto dentro de prisi¨®n como cuando est¨¢ en r¨¦gimen de semilibertad¡±, explica Dolores Muelas, subdirectora de Tratamiento de la c¨¢rcel de Valdemoro (Madrid).

El trabajo para la rehabilitaci¨®n de los reclusos es continuo pero tambi¨¦n voluntario, explica Muelas. En estos cursos los internos trabajan la asunci¨®n de responsabilidad criminal, el conocimiento de las propias emociones y los factores de riesgo que llevaron a cometer los delitos; algo clave para trabajar en prevenci¨®n de las reca¨ªdas. ¡°Los programas buscan que el sujeto controle su ira, sus pensamientos distorsionados acerca de las v¨ªctimas (buscan deshumanizarlas) y que aprendan a no tomar decisiones que les pongan en situaciones de riesgo (asociadas a delitos anteriores)¡±, incide Vicente Garrido, profesor de Criminolog¨ªa de la Universidad de Valencia y uno de los principales expertos en el estudio de psic¨®patas y delincuencia violenta.

Todo esto se refleja en los informes de la junta penitenciaria y se tiene en cuenta para decidir, por ejemplo, si el recluso puede salir en libertad condicional. ¡°?Se usar¨¢n los mismos criterios para decidir la custodia de seguridad? Si se asocia la reinserci¨®n con la clasificaci¨®n de m¨¢xima semilibertad ¡ªpor ejemplo estar en tercer grado¡ª hay que saber que para concederla se tiene en cuenta si el recluso tiene trabajo, contacto con la familia; ?qu¨¦ pasa con quienes no tienen esa red fuera de prisi¨®n?¡±, se pregunta Muelas.

La reincidencia en agresores sexuales condenados y tratados es del 4%

El c¨®mo se tomar¨¢ la decisi¨®n es algo que preocupa a los expertos. A Garrido la medida no le parece a priori rechazable. ¡°El problema m¨¢s grave es determinar c¨®mo se valorar¨¢ esa peligrosidad, porque es imposible acertar en el 100% de los casos. El punto de corte es esencial, si no dejamos claros esos criterios se producir¨¢n abusos¡±, opina. Le perturba, adem¨¢s, el amplio abanico de delitos incluido en la medida. Y aunque no la ve negativa en algunos casos ¡ª¡°asesinos en serie, violadores y ped¨®filos homicidas¡±¡ª, cree que en otros puede sabotear oportunidades de reinserci¨®n.

A pesar de esto, la mayor¨ªa de los delincuentes sexuales (unos 3.600 encarcelados y el grueso al que se dirige la medida de Justicia) se rehabilita. Sobre todo si siguen programas de tratamiento psicol¨®gico en prisi¨®n. La tasa de reincidencia de los agresores sexuales tratados es del 4,1% de media, seg¨²n un estudio de la Universidad de Barcelona. Cifra que obliga a una pregunta: ?Hay entonces personas irrecuperables? El debate lleva a?os abierto. La abogada y escritora Concepci¨®n Arenal, visitadora de c¨¢rceles, ya dijo a finales del siglo XIX que no existen ¡°delincuentes natos¡±, sino que el hombre es siempre susceptible de mejora; que una cosa es ¡°no haber sido todav¨ªa corregido y otra distinta ser incorregible¡±.

Pero el comportamiento humano siempre es complejo. As¨ª lo piensa Orlanda Varela, psiquiatra con una larga experiencia en prisiones. ¡°Existe una visi¨®n ingenua de la medicina, la psicolog¨ªa y la psiquiatr¨ªa que da por hecho que hay un tratamiento para todo comportamiento desviado y todo trastorno mental. Pero hay patolog¨ªas que no hay manera de eliminar¡±, plantea. La experta cuenta que se ha encontrado alg¨²n caso en el que, aunque el final de la condena se acerca, el recluso no ha cambiado. ¡°Pederastas que no ven a las v¨ªctimas como tal, que no son conscientes de que causaron da?o, por ejemplo; algo clave para la rehabilitaci¨®n¡±, apunta.

Para Varela la soluci¨®n para estas personas debe darse por otras v¨ªas. ¡°Desde la cultura, la jurisdicci¨®n, las leyes... Libertad vigilada, medidas de apoyo. Otros pa¨ªses utilizan la cadena perpetua, aunque no est¨¢ claro que sea eficaz. Para todo ello hay que estar muy seguros de no dar un paso en falso. ?Hasta qu¨¦ punto es fiable la capacidad del sistema (jueces, m¨¦dicos, psic¨®logos, psiquiatras) de evaluar si la persona est¨¢ reeducada? El da?o que se puede causar con un error me estremece¡±, dice.

Alemania, Suiza, Dinamarca o Italia aplican f¨®rmulas similares

¡°Los datos sobre reincidencia avalan la tesis de que las personas pueden volver a delinquir, pero en un Estado de derecho las penas deben tener un l¨ªmite fijo basado en los principios de proporcionalidad, culpabilidad y reinserci¨®n; ello supone que, pasados esos l¨ªmites, el Estado no puede seguir interviniendo con penas de c¨¢rcel, aunque eufem¨ªsticamente se llamen custodia de seguridad¡±, apunta el experto en Derecho Penitenciario Juli¨¢n R¨ªos. Para ¨¦l, la custodia de seguridad supone imponer dos penas: ¡°La primera por los hechos cometidos; la segunda, de importante extensi¨®n, por su peligrosidad, concepto dif¨ªcilmente demostrable. Ello generar¨¢ muchas situaciones injustas y convierte la responsabilidad penal por la comisi¨®n de unos hechos en un derecho penal de autor¡±.

Xabier Etxebarria, profesor de Derecho Penal de Deusto, cree que la custodia de seguridad entra?a graves problemas de constitucionalidad a partir del principio de culpabilidad, de proporcionalidad y de presunci¨®n de inocencia. ¡°Se difuminan los l¨ªmites entre las penas y las medidas de seguridad, se carga el sistema vicarial, se difumina la distinci¨®n entre imputables e inimputables, entre culpabilidad (retribuci¨®n-prevenci¨®n general) y peligrosidad (prevenci¨®n especial)¡±, dice. ¡°Es una burla a la Constituci¨®n asumir que la pena de prisi¨®n no sirve a la reinserci¨®n, por lo que es necesario que el fracaso institucional lo pague el penado con m¨¢s tiempo en prisi¨®n m¨¢s all¨¢ del que corresponde a su culpabilidad y la gravedad del hecho¡±, afirma.

Tampoco a Jos¨¦ Miguel S¨¢nchez Toma, profesor de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, le suena bien la m¨²sica de la propuesta de Gallard¨®n. ¡°Solo pueden aplicarse medidas de seguridad cuando ya se ha cometido un delito. Con la custodia de seguridad se est¨¢ anunciando un fracaso del tratamiento penitenciario. Se crea una medida de seguridad predelictual, porque el hecho cometido ya se ha liquidado, con lo que la pena a?adida no se basa en una nueva situaci¨®n sino en una conducta de vida, en la idea de que esta persona va a seguir delinquiendo¡±, dice.

Un experto cree que la medida abre la v¨ªa a la cadena perpetua

Para este experto, miembro de la plataforma Otro Derecho Penal es Posible, la medida encubre en realidad una condena perpetua. ¡°Pero con la diferencia de que esa pena est¨¢ estructurada y vinculada a la comisi¨®n del delito. Aqu¨ª est¨¢ asociada a la posibilidad de la comisi¨®n del delito¡±, dice. S¨¢nchez Toma asegura adem¨¢s que esa pena extra no podr¨ªa cumplirse en una prisi¨®n, instituciones que est¨¢n pensadas para el cumplimiento de la condena por delitos.

Justicia est¨¢ analizando si los custodiados cumplir¨¢n esa pena extra en una c¨¢rcel o en otro tipo de centro ¡ªcomo se hace en algunos pa¨ªses de Europa¡ª. ¡°Aunque si se decidiese mantenerlos ingresados en una prisi¨®n ser¨ªa en otro r¨¦gimen en el que se ponga especial ¨¦nfasis en los programas y elementos rehabilitadores que hagan asumible la libertad futura. Es cierto que esta medida no podr¨¢ evitar todos los delitos, pero permitir¨¢ neutralizar el riesgo que estas personas suponen. Es algo a lo que hay que dar respuesta¡±, afirman fuentes del Ministerio, que inciden en que medidas como esta son usuales en muchos pa¨ªses europeos.

Desde el Consejo General de la Abogac¨ªa afirman que opinar¨¢n sobre la medida cuando se concrete en un proyecto de ley. No obstante, recuerda una portavoz, esta instituci¨®n siempre ha estado en contra de ¡°legislar al calor de un acontecimiento concreto¡±. Y es que Gallard¨®n y Antonio del Castillo, el padre de Marta, hab¨ªan tenido alg¨²n desencuentro despu¨¦s de que el ministro diera marcha atr¨¢s en su intenci¨®n de instaurar la cadena perpetua revisable en delitos sexuales graves.

Las v¨ªctimas y sus allegados siempre considerar¨¢n livianas las condenas impuestas a quienes les han hecho tanto da?o; pero la justicia no se dispensa en caliente y, pese a quien pese, la pena paga el delito. Esa perspectiva es important¨ªsima para la rehabilitaci¨®n de los reclusos, dice Muelas. ¡°Desde el punto de vista psicol¨®gico esa condena extra es tremenda¡±, valora. La subdirectora de Tratamiento de la c¨¢rcel de Valdemoro recuerda el caso de un recluso rehabilitado a quien, un mes antes de cumplir su pena, se le ampli¨® la condena con la doctrina Parot. ¡°Se hundi¨®. Gran parte del trabajo hecho durante el tiempo en prisi¨®n se vino abajo. Es casi preferible que las personas sepan de entrada el tiempo que deben cumplir¡±, abunda Muelas.

La Constituci¨®n da a las prisiones un papel reeducador y rehabilitador

El dilema de si se puede alargar la condena a los delincuentes graves que no se han rehabilitado surge de manera recurrente cada vez que un agresor conocido sale de prisi¨®n. Pero, seg¨²n los expertos, el debate m¨¢s esencial lleva a plantearse qu¨¦ otros mecanismos se pueden explorar y fomentar para evitar la reincidencia.

¡°El Estado deber¨¢ crear las modificaciones legales para fomentar el tratamiento penitenciario y crear la red de recursos asistenciales, terap¨¦uticos y sociales necesarios y eficaces para tratar determinadas patolog¨ªas. Pero siempre es m¨¢s f¨¢cil consolidar un modelo de sistema penal como un almac¨¦n de gente que afrontar intervenciones de justicia social¡±, plantea R¨ªos, que incide en que, adem¨¢s, la opci¨®n de la c¨¢rcel es bastante cara: mantener a un recluso en prisi¨®n cuesta unos 36.000 euros al a?o. ?Cu¨¢nto presupuesto se dedica, por contra, a otro tipo de intervenci¨®n para la rehabilitaci¨®n y la reinserci¨®n?

¡°Los programas iniciados dentro de prisi¨®n deben apoyarse en el exterior con una supervisi¨®n terap¨¦utica estrecha. Que no solo se les vigile sino que se les ayude a no sentirse personas despreciables y puedan encontrar un ambiente de reinserci¨®n¡±, opina Vicente Garrido. Sin embargo, hay muy pocas redes de apoyo para aquellos que han cumplido su pena. Personas que muchas veces se sienten perdidos fuera de la prisi¨®n. Muy pocas comunidades han puesto en marcha programas de apoyo que son, seg¨²n los especialistas, muy ¨²tiles. Qu¨¦ puede hacer, d¨®nde puede ir un exrecluso que se d¨¦ cuenta, gracias a los programas que ha seguido, de que va a volver a delinquir, que va a volver a violar, por ejemplo.

Mercedes Gallizo, directora de Instituciones Penitenciarias entre 2004 y 2011, cree que el sistema funciona. ¡°Y funcionar¨ªa mejor con m¨¢s medios y m¨¢s corresponsabilidad de la sociedad¡±, dice. No cree en condenas perpetuas ¡ª¡°se llamen como se llamen¡±¡ª. ¡°Es muy triste ocuparse de la custodia de seres humanos que se considera que no tienen remisi¨®n. Los habr¨¢ dif¨ªciles de recuperar, pero no se puede dar la idea de que son mayor¨ªa¡±, dice la exdirectora de Instituciones Penitenciarias, que se muestra m¨¢s partidaria de implantar mecanismos de seguimiento.