Cantabria evitar¨¢ cientos de derribos: "Es un alivio"

Las amnist¨ªas nunca contentan a todos. La que el Gobierno estudia aplicar a decenas de miles de viviendas ilegales que se construyeron en la ¨¦poca dorada del ladrillo y la corrupci¨®n urban¨ªstica, tampoco. En Cantabria, por ejemplo, la costa m¨¢s castigada por el urbanismo salvaje en el norte, los propietarios de esas casas dan saltos de alegr¨ªa mientras los ecologistas que llevaron esas urbanizaciones a los tribunales rabian de indignaci¨®n. Para el pol¨ªtico, en este caso, el consejero de Medio Ambiente, Ordenaci¨®n del Territorio y Urbanismo del Gobierno c¨¢ntabro (PP), Javier Fern¨¢ndez, el plan de amnist¨ªa es, fundamentalmente, ¡°un alivio tremendo¡±.

¡°En Cantabria tenemos 621 viviendas con sentencias firmes de derribo en cinco Ayuntamientos \[por construirse sobre espacios protegidos o incumplir normas mediomabientales]. Ten¨ªamos un plan que permit¨ªa legalizar el 80% porque en muchos casos, la ley permite hoy construir en esos lugares, de forma que si se tirara esa casa, se podr¨ªa construir otra nueva en el mismo sitio¡±, explica el consejero de Medio Ambiente. ¡°Pero hab¨ªa una cosa que nosotros, a nivel regional, no pod¨ªamos hacer, y el Estado s¨ª, que era una ley de indulto. La reforma que se est¨¢ planteando el Gobierno central para nosotros es un alivio tremendo porque la demolici¨®n de viviendas provoca una tensi¨®n social muy grande y porque los derribos tienen un coste econ¨®mico enorme para los Ayuntamientos que deb¨ªan ejecutarlos¡±.

¡°Hay muchos intereses afectados y todos son leg¨ªtimos. El del comprador, el del demandante, que tiene todo el derecho a que la sentencia se ejecute...¡±, prosigue el consejero. ¡°Pero no se puede dar satisfacci¨®n a todos. En abstracto, no nos gustar¨ªa estar haciendo esto, pero creo que el Gobierno ha optado por la soluci¨®n menos mala¡±.

A la pregunta de c¨®mo quedan los jueces que han dictado esas sentencias de derribo si ahora se indultan esas viviendas, el consejero responde: ¡°Somos absolutamente respetuosos con los tribunales, por eso solo hemos planteado soluciones de legalizaci¨®n en aquellos casos donde ahora se puede construir. Pero los jueces tambi¨¦n respetan las leyes y si el Estado dicta esta ley, estoy convencido de que la respetar¨¢n¡±.

Gonzalo Canales, presidente de la Asociaci¨®n para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), la que ha llevado todas esas urbanizaciones a los tribunales, cree que el plan del Gobierno ¡°es una verg¨¹enza¡±. ¡°Legalizar lo ilegalizado es un ataque frontal al Estado de derecho. ?Entonces, para qu¨¦ sirve la justicia? Los pol¨ªticos se est¨¢n burlando de los jueces despu¨¦s de haber saturado sus juzgados con sus barbaridades. Este plan abre la v¨ªa a dar licencia de impunidad a un desorden urban¨ªstico que en Espa?a es lo que nos ha llevado a la crisis¡±.

La amnist¨ªa tirar¨ªa por la borda su trabajo de casi 20 a?os. ¡°La primera denuncia la pusimos en 1995. Todas las denuncias las presentamos cuando las viviendas a¨²n no estaban acabadas, pero la justicia es tan lenta que cuando llega esas casas est¨¢n terminadas y vendidas. Ahora, en lugar de ir a por las viviendas, tendremos que ir tambi¨¦n a por los pol¨ªticos¡±, advierte Canales. Est¨¢ convencido de que el plan de amnist¨ªa obedece a ¡°la presi¨®n de los compradores de las casas, que funcionan como lobies, present¨¢ndose como v¨ªctimas de la Administraci¨®n, de los ecologistas... Las v¨ªctimas no son ellos. Somos todos los que perdemos paisajes maravillosos enterrados en hormig¨®n¡±.

Los compradores lo ven de otra manera. ¡°Vivir en una vivienda con sentencia firme de derribo es una pesadilla. Est¨¢s preso de tu casa. No puedes irte, no puedes venderla, no puedes hacer nada m¨¢s que esperar lo peor cada d¨ªa¡±, explica Ciriaco Garc¨ªa, de la Asociaci¨®n de Maltratados por la Administraci¨®n (AMA). Su casa, en una urbanizaci¨®n ilegal de Argo?os (1.500 habitantes, 250 chal¨¦s con sentencias de derribo), es una de las miles que el Gobierno estudia indultar. La compr¨® en 1997 y en 2007 el Supremo confirm¨® la orden de tirarla. ¡°Que el Gobierno tenga la intenci¨®n de indultarlas es una alegr¨ªa. Parece que empieza el fin de nuestra pesadilla, aunque hay que esperar¡±. ¡°No hubiera aceptado que me dieran una vivienda en otro lugar. La m¨ªa est¨¢ en un lugar id¨ªlico¡±.

Antonio Vilela, presidente de AMA y residente en otra casa ilegal, asegura que s¨ª hab¨ªa afectados ¡°abiertos a aceptar otra vivienda o una indemnizaci¨®n¡±. ¡°Hemos estado sufriendo 20 a?os. La asociaci¨®n tiene 4.000 socios, atrapados en la inversi¨®n m¨¢s importante de su vida: su casa. Todo es consecuencia de la corrupci¨®n urban¨ªstica. Se han hecho atrocidades en la normativa por la fiebre del oro de la construcci¨®n, pero las familias no podemos pagar por ello¡±.