Dependencia: todo lo que pone el Gobierno se recupera v¨ªa impuestos
Grav¨¢menes y cotizaciones equivalen a lo aportado por la Administraci¨®n central, seg¨²n un estudio de la Asociaci¨®n de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
El modelo de financiaci¨®n de la Ley de Dependencia, que se basa en el n¨²mero de atendidos y no en el coste del servicio, est¨¢ dando el resultado que se esperaba: adelgaza sin parar la aportaci¨®n del Gobierno mientras crece la de las comunidades aut¨®nomas. Si adem¨¢s se tienen en cuenta los retornos fiscales de esta ley v¨ªa impuestos y cotizaciones (IRPF, IVA, cuota de la Seguridad Social, etc¨¦tera) lo que sale del Gobierno es similar a lo que entra a las arcas del Estado, entendido Estado como el total de las Administraciones, porque lo que se recauda por IRPF es compartido, por ejemplo. Ser¨ªan 1.937 millones en 2011 los que habr¨ªa gastado la Administraci¨®n central frente a 1.862 millones recaudados, seg¨²n un estudio de la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Esto es as¨ª porque la dependencia tiene una importante parte privada, cuyo negocio revierte a las arcas estatales por los empleos que genera, ya sean trabajadores de las residencias o incluso aquellos que las familias contratan para los cuidados.
Comunidades y Gobierno est¨¢n obligados a costear la dependencia a partes iguales. Y el usuario soporta un copago, muy desigual por territorios, pero que dif¨ªcilmente alcanzar¨¢ nunca a sostener un tercio del coste total dadas las rentas familiares y las pensiones de los ancianos. Y ello, a pesar de que el sistema tiene una excesiva deriva hacia las prestaciones econ¨®micas en el entorno familiar, que poco o casi nada reportan al erario p¨²blico.
El estudio calcula que retorna a las arcas estatales un 28,44% de lo invertido, una cifra que cuadra con el c¨¢lculo que hizo el Gobierno sobre esto hace un a?o. ¡°Esto son retornos directos, pero tambi¨¦n podr¨ªan sumarse los indirectos, los que llegan v¨ªa consumo, los catering, los traslados en taxi, etc¨¦tera, activa muchos sectores¡±, dice Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez, presidente de la asociaci¨®n de directoras y gerentes. ¡°Si toda la ley se basara en servicios, en lugar de pagas familiares, se recuperar¨ªa el 40%¡±, afirma.
El informe revela que el esfuerzo de las comunidades aut¨®nomas al sostenimiento de este sistema alcanz¨® el 60% del coste total en 2011 mientras que el de la Administraci¨®n General del Estado se qued¨® en un 30%. Tanto ha bajado que ya los retornos fiscales son similares a la aportaci¨®n estatal. El 10% restante recae en el bolsillo de las familias. Para hacer estos c¨¢lculos se ha tenido en cuenta exclusivamente lo que cuestan las ayudas que se prestan, no otros gastos adicionales. Ni el Plan E del Gobierno ni sus aportaciones a la Seguridad Social por los cuidadores familiares. Pero tampoco los gastos adicionales que afrontan las consejer¨ªas para la administraci¨®n del sistema ni lo que ponen los Ayuntamientos, que no es poco.
Y una simulaci¨®n para 2012 con los mismos c¨¢lculos demuestra que la tendencia empeorar¨¢: la aportaci¨®n del Gobierno este a?o solo alcanzar¨ªa un 25% del total. ¡°Es l¨®gico, el sistema est¨¢ parado y el Gobierno ha suprimido en los presupuestos una partida de 283 millones que se destinaban a las comunidades aut¨®nomas, que tambi¨¦n se empleaba para pagar los costes de atenci¨®n de dependientes. Este escenario hipot¨¦tico, aunque es tr¨¢gico para muchas familias, es el mejor para las autonom¨ªas, porque si no entran m¨¢s dependientes no hay que aportar nuevos recursos¡±, explica Ram¨ªrez.
La financiaci¨®n de esta ley pr¨¢cticamente ha obligado a las comunidades a conceder m¨¢s ayudas econ¨®micas que servicios, pero ahora no hay dinero ni para lo uno ni para lo otro. ¡°Tememos que haya deuda oculta en este asunto, la contra¨ªda con las familias¡±, aventura Ram¨ªrez.
¡°Est¨¢n ahogando el sistema, dej¨¢ndolo morir, esto es fatal para el sector. Cuando acabe la crisis habr¨¢n destruido un tejido empresarial¡±, zanja Ram¨ªrez.
Los recortes que vienen
Ya nos avis¨® don Antonio Machado con su Juan de Mairena de la necesidad de escoger a nuestros gobernantes ¡°de entre los m¨¢s sabios¡±, al tiempo que nos previno de los peligros que entra?an los gobernantes mediocres: ¡°Pues es propio de mentes medianas embestir contra todo aquello que no les entra en la cabeza¡±.
En pocas semanas asistiremos a la segunda oleada de recortes de la Ley de Dependencia: la oleada auton¨®mica. Agobiados como est¨¢n los dirigentes, se justificar¨¢n con frases lapidarias que incluir¨¢n la ¡°insostenibilidad¡±, la ¡°chapuza del Gobierno anterior¡±, o que reeditar¨¢n aquello del ¡°yo invito y t¨² pagas¡±. Aunque visto desde su ¨®ptica del corto plazo, razones tienen para el agobio.
Coyunturas al margen, convendr¨ªa recordar cuatro datos. Primero: en 2050 el 12% de la poblaci¨®n espa?ola tendr¨¢ m¨¢s de 80 a?os. Segundo: las enfermedades cr¨®nicas y los cuidados asociados a las mismas son los causantes directos de un importante incremento del gasto sanitario. Tercero: Espa?a es muy deficitaria en servicios sociales de atenci¨®n personal en cuidados de larga duraci¨®n (ya sea residenciales o domiciliarios) que, bien gestionados, son mucho m¨¢s eficientes que los meramente sanitarios. Cuarto: el sector de los servicios sociales de atenci¨®n a personas dependientes es de los pocos, si no el ¨²nico actualmente, capaz de crear empleo masivo, obtener elevados retornos fiscales y activar paralelamente una necesaria I+D+i que ser¨ªa muy exportable al entorno de la OCDE que enfrenta nuestro mismo problema.
Pues bien, si nuestros gobernantes fueran los m¨¢s sabios (y valientes), no dudar¨ªan en vincular esta pol¨ªtica, felizmente iniciada en 2007, con el Ministerio de Econom¨ªa, dado el incuestionable potencial para generar crecimiento. No dudar¨ªan tampoco en conectarla directamente con el Ministerio de Hacienda, por su potencial de aportaci¨®n de ingresos a las arcas p¨²blicas (retornos fiscales) y de reducci¨®n del d¨¦ficit por rebajar el gasto en desempleo y contener el gasto sanitario.
Pero no. Esta pol¨ªtica depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuyo secretario de Estado ya incorpor¨® el otro d¨ªa a su discurso la palabra ¡°insostenibilidad¡±, justo dos meses despu¨¦s de clavar un pu?al de 300 millones de euros a las comunidades aut¨®nomas al suprimir el nivel convenido de financiaci¨®n de la dependencia. El sistema requiere reformas, es indudable, pero matarlo por asfixia es embestir contra una incre¨ªble oportunidad de futuro. Y detr¨¢s de todo ello: las personas.
Luis Barriga es miembro de la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
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