Adi¨®s al curso, adi¨®s a la escuela
Los centros despiden un a?o convulso a la espera de recortes m¨¢s profundos En Catalu?a cierran siete centros; en Castilla-La Mancha, 71 aulas rurales
La escuela Esparraguera II (Barcelona) estaba el pasado jueves patas arriba. Decenas de cajas y embalajes ocupan los espacios hasta ahora propiedad de juguetes, colores y dibujos. Mientras unas profesoras preparan el paquete de regalo que entregar¨¢n a los ni?os al d¨ªa siguiente en la fiesta de final de curso, otras apilan las cajas o descuelgan las pizarras. Hoy los camiones de mudanza ir¨¢n a llevarse los paquetes. La escuela ni se traslada ni est¨¢ de reformas, simplemente cierra.
Este centro del municipio de Esparraguera es una de las seis escuelas catalanas que echan el cierre por orden de la Generalitat, que aduce un descenso demogr¨¢fico que los afectados, en muchos casos, niegan. Adem¨¢s, otros cuatro centros se empezar¨¢n a desmantelar en septiembre, empezando por la supresi¨®n del primer curso de infantil. La escuela concertada tampoco se libra: al menos un centro barcelon¨¦s ya ha anunciado que en septiembre no reabrir¨¢ sus aulas.
La despedida del colegio Esparraguera es una de las m¨¢s vivas im¨¢genes del momento en el que se encuentra la educaci¨®n espa?ola, marcada por los recortes y las protestas contra ellos que han hecho de este que ahora termina uno de los cursos m¨¢s convulsos que se recuerdan; ha habido una huelga general en casi toda Espa?a en todas las etapas y decenas de movilizaciones en la mayor¨ªa de comunidades. Adem¨¢s, Catalu?a ha sido una de las autonom¨ªas pioneras en los recortes, iniciados con el cambio de Gobierno en la Generalitat a finales de 2010.
Dos a?os despu¨¦s, las aulas de ninguna comunidad se libran de las tijeras, empujados por la necesidad de alcanzar los objetivos de d¨¦ficit y por un decreto de ajustes dictado el pasado abril por el ministro de Educaci¨®n, Jos¨¦ Ignacio Wert, que obliga a aquellas regiones m¨¢s remolonas a la hora de meter la tijera.
Las autonom¨ªas impulsan medidas como la FP superior de pago
Las cuentas a¨²n no est¨¢n del todo claras, pues las comunidades (de quien depende la inmensa mayor¨ªa del gasto escolar) siguen perfilando sus medidas concretas; pero los objetivos son cristalinos. A los m¨¢s de 3.600 millones que hab¨ªan perdido los presupuestos educativos entre 2010 y 2011, se suman los otros 3.000 millones que prev¨¦ el decreto del ministerio. Y, en todo caso, a¨²n faltar¨ªan entre 3.000 y 4.000 millones m¨¢s para cumplir la previsi¨®n que el Gobierno central mand¨® a Bruselas de reducir el esfuerzo p¨²blico en educaci¨®n del 4,9% en 2010 al 3,9% en 2015.
As¨ª, el pr¨®ximo curso que arrancar¨¢ en septiembre se presenta a¨²n m¨¢s convulso que el que ahora termina. El sindicato FETE-UGT calcula que los presupuestos se reducir¨¢n entre el 25% y el 30% y que el recorte de plantillas ser¨¢ de cerca de 100.000 profesores, entre la p¨²blica y concertada. El ministro Wert ¡ªque ha asegurado que los ajustes apenas afectar¨¢n a la calidad del sistema¡ª ha insistido en que esos c¨¢lculos son muy exagerados, sin embargo, las centrales se reafirman a medida que se van conociendo las medidas de recorte de las comunidades.
Estas amortiguan el impacto al darse a conocer con cuentagotas y dispersas entre las autonom¨ªas, pero vistas todas juntas ¡ªUGT las ha reunido en un documento¡ª dan la imagen clara de un pr¨®ximo curso a¨²n m¨¢s convulso que este. Por un lado, est¨¢ el decreto del Gobierno central, concentrado b¨¢sicamente en dar herramientas para reducir el n¨²mero de docentes interinos. Se aumentan las horas lectivas (hasta un m¨ªnimo de 25 horas en primaria y 20 en secundaria) y se restringe el nombramiento de sustitutos hasta el und¨¦cimo d¨ªa lectivo. Y los que se quedan, cobrar¨¢n menos. Seg¨²n la UGT, los empleados p¨²blicos ya han perdido un 13% de poder adquisitivo desde el inicio de los ajustes en 2010.
El aumento de las horas lectivas y la limitaci¨®n de las sustituciones son medidas de obligado cumplimiento y se aplicar¨¢n en todas las comunidades (menos en Pa¨ªs Vasco).
Los sindicatos alertan de problemas de convivencia en las aulas masificadas
Otros recortes, en cambio, se plasmar¨¢n de forma distinta, como el aumento de hasta el 20% de las ratios, que ha fijado el techo en los 30 ni?os por aula en primaria, 36 en secundaria y 42 en bachillerato. Andaluc¨ªa, Pa¨ªs Vasco y Galicia se han negado a aplicar esta medida que masificar¨¢ las aulas y provocar¨¢ el cierre de grupos (en Catalu?a, al menos 160 entre la p¨²blica y la concertada).
Pero no todos los recortes est¨¢n impulsados por el Gobierno central. Las comunidades han desarrollado medidas propias, seg¨²n sus realidades. Catalu?a impondr¨¢ una matr¨ªcula de 360 euros en la FP superior (a la que se accede despu¨¦s del Bachillerato), con lo que espera recaudar unos 16 millones. En Madrid, estos cursos en la p¨²blica costar¨¢n 250 euros. En Castilla-La Mancha y Galicia, con una poblaci¨®n dispersa, se cerrar¨¢n escuelas rurales (71 en la primera comunidad).
Adem¨¢s, la inmensa mayor¨ªa de los docentes de la p¨²blica (y en algunos casos de la concertada) dicen adi¨®s, al menos de momento, a todo tipo de complementos salariales, desde sexenios a los que se dan por ser tutor o jefe de departamento. La formaci¨®n docente tambi¨¦n estar¨¢ bajo m¨ªnimos, con disminuciones o cierres de buena parte de los centros de profesores (en Arag¨®n o Castilla-La Mancha, por ejemplo). Las becas de comedor y de libros de texto tambi¨¦n sufrir¨¢n mordiscos (en Canarias y Madrid se reducen en 14 y 26 millones respectivamente). Sin contar que todas las comunidades seguir¨¢n reduciendo el dinero para los gastos de los centros. As¨ª, el pr¨®ximo curso empezar¨¢ con aulas m¨¢s llenas, menos profesores y peor pagados. Los sindicatos advierten de un incremento en los problemas de convivencia en las aulas debido a la masificaci¨®n, as¨ª como de la desaz¨®n que puede generalizarse entre el profesorado.
Con esa tristeza y preocupaci¨®n acaba el curso Ana Ledesma, profesora interina (con futuro incierto) en la escuela Esparraguera II, que ve c¨®mo la Generalitat ha borrado de un plumazo el proyecto singular de esta comunidad de aprendizaje, que defiende un sistema pedag¨®gico m¨¢s flexible y donde los padres tienen una mayor implicaci¨®n. Lo ¨²ltimo que han recogido en esta escuela son los dibujos de los ni?os que decoraban las paredes. ¡°Las familias ped¨ªan entre l¨¢grimas que no los quit¨¢ramos hasta que los ni?os dejaran la escuela. Les cuesta asumir el final¡±, explica apesadumbrada Sandra Gallardo, directora del centro.
Las p¨¢ginas de Educaci¨®n dejar¨¢n de publicarse durante las vacaciones veraniegas. Se reanudar¨¢n en septiembre.
Sin tasas universitarias
A pocas semanas de la apertura del proceso de matriculaci¨®n de los universitarios para el pr¨®ximo curso, los alumnos todav¨ªa no saben cu¨¢nto les va a costar estudiar, ni si se lo podr¨¢n permitir, ya que el fuerte aumento de tasas y el endurecimiento de condiciones para acceder a una beca puede suponer un obst¨¢culo insalvable para muchas familias. El decreto Wert fija que las matr¨ªculas tendr¨¢n que cubrir entre el 15% y el 25% del coste real de los estudios. En la pr¨¢ctica, esto puede significar un fuerte impacto en los precios. En aquellas comunidades (que son las que fijan el importe de las tasas) que decidan acogerse a la parte alta de la horquilla, el aumento podr¨ªa ser del 66%.
Muchos Gobiernos aut¨®nomos ya han expresado su rechazo a aplicar semejante incremento. Durante la Conferencia General de Pol¨ªtica Universitaria celebrada hace dos semanas entre el ministerio y las comunidades, Extremadura, Galicia, Andaluc¨ªa, Pa¨ªs Vasco y La Rioja aseguraron que solo subir¨¢n la primera matr¨ªcula en torno al 2%. El resto de autonom¨ªas revelaron sus variadas intenciones, que oscilan entre el aumento de unos 60 euros de Murcia, a los 180 euros de Castilla-La Mancha o los 400 euros de la Comunidad Valenciana y Castilla y Le¨®n. Pero ninguna de ellas ha publicado a¨²n los precios oficiales.
Catalu?a (que siempre ha apostado por el incremento m¨¢ximo, unos 800 euros) se desmarc¨® y anunci¨® la implantaci¨®n de un sistema de tarificaci¨®n social. El Gobierno de la Comunidad de Madrid dijo que tambi¨¦n se lo est¨¢ planteando, pero a¨²n no ha dado m¨¢s detalles. La Generalitat, por su parte, asegura que ya tiene lista la escala de precios que aplicar¨¢ seg¨²n el nivel de renta, pero a¨²n no se lo ha contado a los rectores.
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