Nuevo intento de incluir la vivienda para fijar el copago de la dependencia

El Gobierno y las comunidades discuten de nuevo la inclusi¨®n de la vivienda del usuario como patrimonio a partir del cual definir el copago de una plaza de residencia. De esta forma, el anciano que quiera entrar en un geri¨¢trico deber¨¢ aportar una cantidad del coste total en funci¨®n de su renta y del valor de su vivienda (5% del valor catastral), a menos que en ella vivan personas a su cargo. A la muerte del dependiente, los herederos podr¨ªan encontrarse con una deuda con la Administraci¨®n que deber¨¢n saldar si quieren conservar la casa. As¨ª lo establece el nuevo borrador de copago, al que ha tenido acceso este peri¨®dico, y que hoy debaten los directores generales de la Dependencia. Es muy similar al actual, pero en la pr¨¢ctica no se hab¨ªa aplicado de forma generalizada, solo algunas comunidades incluyen la vivienda habitual para definir la aportaci¨®n del usuario. Y adem¨¢s el Cermi, la plataforma de la discapacidad, recurri¨® esa resoluci¨®n por una cuesti¨®n formal y lo gan¨®, por tanto est¨¢ sin efecto.

Con esta medida el Gobierno intenta homogeneizar la muy desigual situaci¨®n de copago que se da en las distintas regiones, pero tambi¨¦n buscar nuevas v¨ªas de financiaci¨®n para la ley en momentos de recortes. No ser¨¢ f¨¢cil en la pr¨¢ctica porque los jubilados espa?oles (lo son la mayor¨ªa de los dependientes reconocidos) tienen unas magras pensiones. En todo caso, falta por saber qu¨¦ dir¨¢n las comunidades al respecto y aunque la mayor¨ªa es del mismo partido que el Gobierno no siempre hay acuerdo total.

¡°Nos pasamos la vida hipotecados con el banco y luego, en la jubilaci¨®n encontraremos que hemos adquirido una nueva deuda, ahora con la Administraci¨®n, para que nos atiendan cuando seamos dependientes¡±, protesta el presidente de la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez.

Los herederos podr¨ªan encontrarse con una deuda a saldar si quieren conservar la casa

En todo caso, la aportaci¨®n total, tanto para residencias, como para otros servicios que se prestan por esta ley, ser¨¢ progresiva y no superar¨¢ el 90% (ahora hay horquillas entre el 70% y el 90%). Los usuarios sin recursos no pagar¨¢n nada.

Para el resto de servicios (centros de d¨ªa, ayuda a domicilio) se tomar¨¢ como referencia el 75% del Indicador P¨²blico de Renta de Efectos M¨²ltiple, el IPREM, que son 532 euros mensuales. En la actualidad la medida era el IPREM completo y la participaci¨®n econ¨®mica del usuario no pod¨ªa superar el 65% del coste total.

Por primera vez, en este borrador se han fijado unos precios de referencia que habr¨ªan de servir para todas las comunidades: entre 1.100 y 1.600 euros una plaza de residencia (de 1.540 a 2.240 si se trata de personas con discapacidad). La ayuda a domicilio se fija en este borrador en 14 euros de media la hora si se atiende a la persona y 9 euros si se trata de trabajos dom¨¦sticos. Para los centros de d¨ªa se establece un coste medio de 650 euros mensuales sin incluir el transporte ni los gastos de manutenci¨®n. La cuant¨ªa se incrementar¨¢ en un 25% en el caso de atenci¨®n especializada. ¡°Estos precios no responden a la realidad de lo que cuestan los servicios, as¨ª que, el ciudadano puede que pague un poco menos gracias a eso, pero la Administraci¨®n tambi¨¦n subvencionar¨¢ por debajo del coste real. Si lo que quiere es primar los servicios respecto a las ayudas econ¨®micas, pagar menos por ellos no es la f¨®rmula¡±, lamenta Ram¨ªrez.

Se han fijado unos precios de referencia: entre 1.100 y 1.600 euros el geri¨¢trico

El Gobierno tambi¨¦n ha presentado a las comunidades (esta ma?ana se han reunido los directores generales de la Dependencia) una evaluaci¨®n de la ley. Ya hicieron una los socialistas antes de perder el Gobierno. En ambas destaca una misma queja: ¡°Ser¨ªa oportuno que se identificaran claramente en los presupuestos de las comunidades los cr¨¦ditos destinados a la Dependencia. Esta situaci¨®n no ayuda a conocer su financiaci¨®n ni el coste real¡±. Seis a?os despu¨¦s del arranque de esta ley, la oscuridad sobre la verdadera aportaci¨®n de las comunidades al sistema es una inc¨®gnita y un lastre.

En dicha evaluaci¨®n, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales plantea la ¡°revisi¨®n¡± de las cuotas a la Seguridad Social que paga el Gobierno por los familiares que cuidan de ancianos o discapacitados en casa. Dicen que este sistema ¡°no ha generado las expectativas de empleo previstas¡±. Cierto es que cuantas m¨¢s ayudas al cuidador familiar se den menos empleo profesional se genera, pero estas cuotas no se plantearon para generar empleo, sino para completar las cotizaciones de miles de mujeres con vistas a conseguir una pensi¨®n.

"Ser¨ªa oportuno saber qu¨¦ presupuesto dedican a Dependencia las comunidades"

El Gobierno tratar¨¢ de aligerar la farragosa burocracia de la dependencia, que en algunas comunidades requiere de 16 pasos para obtener una ayuda, cuando pod¨ªan ser la mitad.

Para aliviar algunos tr¨¢mites se plantea la eliminaci¨®n de los niveles, dos por cada grado de gravedad del dependiente, que obligan a continuas revisiones de expedientes y, en la pr¨¢ctica, las ayudas que se reciben son similares. Pero esto puede entra?ar un peligro. Si se prescinde de un escal¨®n, toda la cadena sufrir¨¢ un desplazamiento, muchos dependientes se quedar¨¢n fuera del sistema y otros se conformar¨¢n con un grado inferior al que normalmente obten¨ªan.

Se plantea a las comunidades favorecer con mayor financiaci¨®n la concesi¨®n de servicios en lugar de prestaciones econ¨®micas, una idea que cuenta, en principio, con el benepl¨¢cito de casi todo el mundo, habida cuenta de que los servicios generan empleo y revierten beneficios fiscales, por no hablar de que est¨¢n sujetos a controles de calidad m¨¢s eficaces. ¡°Pero para que las comunidades, ahogadas econ¨®micamente como est¨¢n, se decanten por los servicios hay que aportar m¨¢s financiaci¨®n, porque son m¨¢s caros que las ayudas econ¨®micas y eso no es lo que ha hecho el Gobierno, que ha eliminado 283 millones en los ¨²ltimos presupuestos¡±, se queja Ram¨ªrez. ¡°En realidad¡±, dice, ¡°estas medidas son incongruentes y no servir¨¢n para sostener el sistema; cuando este se venga abajo dir¨¢n que lo intentaron y que definitivamente es insostenible, pero no es verdad¡±, critica.

Por ¨²ltimo, se percibe en esta evaluaci¨®n que hace el Gobierno de la ley, cierto descontento con la realidad. ¡°Las personas con gran dependencia se han multiplicado respecto a las previsiones, pasando de las 205.915 previstas [en las estimaciones previas a 2007] a 431.811 valorados en la actualidad como tales¡±, dicen. Cierto, pero cabe inferir que las previsiones se hicieron mal, no que la realidad sea incorrecta.