El Gobierno dejar¨¢ de cotizar por las cuidadoras de la Dependencia

El Gobierno dejar¨¢ de cotizar a la Seguridad Social por aquellas personas que cuidan de un familiar dependiente, en su mayor¨ªa mujeres. Desde hace alg¨²n tiempo se ven¨ªa hablando de ¡°revisar en profundidad¡± esta cuesti¨®n. Fuentes gubernamentales consultadas por este peri¨®dico ya lo dan por hecho: se suspenden las cotizaciones ¡°mientras se estudian otras alternativas¡±. La medida afectar¨¢ ¡ªcon datos actuales¡ª a 178.300 personas, que completaban con estas aportaciones del Estado otros a?os cotizados para tener acceso a una futura pensi¨®n.

Aunque los cuidadores familiares son muchos m¨¢s, cerca de 428.000, los que ya cotizan por otros empleos o son pensionistas no estaban incluidos en estas cotizaciones. El Gobierno considera que no es acorde con el esp¨ªritu de la ley que se aporte dinero p¨²blico para personas que no son dependientes (estos ya reciben su prestaci¨®n econ¨®mica). Por otro lado, insisten en que estos casos no pueden considerarse como empleo generado. Y a?aden un dato: del total de altas en la Seguridad Social en el sector de servicios sociales el 63% correspondieron a cuidadores no profesionales (familiares) entre 2007 y 2012. Y han supuesto 1.047 millones en ese periodo. Bien es cierto que es dinero que no sale del Estado. Lo pone un ministerio y cae en otro.

Desaparecen los niveles en los que se divid¨ªan los tres grados de gravedad

La segunda reforma que se da por hecha es la eliminaci¨®n de los dos niveles en que se divide cada grado de gravedad de la dependencia. A partir de ahora ¡ªla reforma se presentar¨¢ en Consejo de Ministros previsiblemente la semana que viene¡ª solo habr¨¢ grado 3, grado 2 y grado 1, siendo este ¨²ltimo el de menor gravedad. Es un alivio burocr¨¢tico innegable y las diferencias no eran muchas: los m¨¢s leves del grado 3 eran parecidos a los m¨¢s graves del grado 2 puesto que la frontera era muy difusa. El riesgo es que en ¨¦poca de recortes la larga mano de algunas Administraciones regionales empuje a valorar como grado dos al que antes hubiera sido grado tres en su nivel m¨¢s leve. Y este no es un asunto menor, porque el Gobierno no paga lo mismo a las comunidades por un dependiente grave que por uno severo. Ni las comunidades aportar¨¢n los mismo.

El resto de la reforma est¨¢ pendiente de los ¨²ltimos detalles, que se ver¨¢n en la reuni¨®n del Gobierno con los consejeros el pr¨®ximo mi¨¦rcoles. Tres asuntos est¨¢n entre los m¨¢s pol¨¦micos. El primero es los precios de referencia para los servicios que se ofrecen a los dependientes (entre 1.300 y 1.500 euros una plaza en un geri¨¢trico, por ejemplo) porque una vez que se determinen servir¨¢n para establecer el copago del usuario. El distinto nivel de vida y de precios de las comunidades augura cierta pelea aunque los responsables regionales se han comprometido a llegar a un acuerdo sobre esto antes de fin de a?o.

El segundo asunto espinoso ser¨¢n las cuant¨ªas econ¨®micas que reciben los cuidadores familiares. En las reuniones ya ha habido propuestas para que se rebaje la cuant¨ªa m¨¢xima (520 euros para los dependientes m¨¢s graves). Supone un ahorro para las arcas p¨²blicas, m¨¢xime para aquellas comunidades que tienen muchas pagas de cuidadores concedidas, pero para conseguir que el dinero que dejar¨¢n de recibir por esa v¨ªa les llegue por otra tendr¨¢n que espabilar y avanzar en la prestaci¨®n de servicios (m¨¢s plazas de residencias y de centros de d¨ªa). Y eso no es f¨¢cil, tambi¨¦n requiere una buena inversi¨®n. Dif¨ªcil cuando las comunidades han perdido ya unos 300 millones que se cayeron de los Presupuestos Generales del Estado.

Se plantea rebajar
la cantidad m¨¢xima
que recibe el
asistente familiar

Ese trasvase entre las prestaciones econ¨®micas y los servicios es el tercer escollo a discutir. Una de las reformas previstas consiste en financiar m¨¢s generosamente los servicios que las prestaciones econ¨®micas, algo en lo que todo el mundo est¨¢ de acuerdo, porque respeta el esp¨ªritu de la ley, porque los servicios cuestan m¨¢s y necesitan, por tanto, m¨¢s dinero y porque generan empleo. El problema est¨¢ en el calendario. Se espera que en unos cinco o seis a?os la mitad del dinero ya se reparta atendiendo al coste del servicio, pero a¨²n no se sabe qu¨¦ porcentaje ser¨¢ el a?o que viene. ?Un 10% premiar¨¢ ya a los que m¨¢s servicios tengan? No son pocas las comunidades con una mayor¨ªa de ayudas econ¨®micas; esas perder¨ªan mucho dinero si el nuevo reparto se hace apresuradamente.

Lo que ya se sabe, aunque faltan detalles, es que para determinar la capacidad econ¨®mica del dependiente cara a aplicar el nuevo copago, se tendr¨¢ en cuenta su renta y su patrimonio, en el que se incluye un 5% del valor catastral de su vivienda, siempre que no est¨¦ ocupada por personas a cargo del dependiente. Ya hab¨ªa una resoluci¨®n que recog¨ªa esto, pero no se hab¨ªa aplicado en todas las regiones. Ahora se regular¨¢ por decreto ley y todas tendr¨¢n que acatarlo. Adem¨¢s, la medida econ¨®mica que se tomar¨¢ como referencia para el copago ser¨¢ el 75% del IPREM y no el 100%. De esta forma se ara?ar¨¢ m¨¢s dinero del ciudadano.

Por ¨²ltimo, se endurecen los criterios para acceder a una prestaci¨®n por ser cuidador familiar. Habr¨¢ m¨¢s controles sobre la idoneidad de los cuidadores y se exigir¨¢ que vivan con el dependiente, algo que ahora no siempre se ten¨ªa en cuenta en el caso de los m¨¢s graves. Incluso los hab¨ªa en distintas provincias. Parece un fraude y no parece lo m¨¢s eficiente, pero, en muchos casos era la ¨²nica soluci¨®n cuando no se ofrec¨ªa una plaza residencial a cambio. Con ese dinero se pod¨ªa contratar a otro cuidador.