Medir las consecuencias

El pasado 24 de abril se publicaba en el BOE el real decreto ley 12/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (sic). La aplicaci¨®n de ese decreto significar¨¢ que a partir del pr¨®ximo 31 de agosto dejar¨¢n de estar en vigor las tarjetas sanitarias expedidas a inmigrantes que no puedan acreditar la residencia legal en nuestro pa¨ªs. Dicho de otra forma, la poblaci¨®n inmigrante en situaci¨®n irregular perder¨¢ los derechos a la asistencia de los que gozaba desde el a?o 2000.

No corresponde a un grupo de investigaci¨®n como el nuestro juzgar la calidad moral de esta decisi¨®n, sobre la que cada cual puede tener sus propias convicciones, pero s¨ª medir su eficacia con respecto a los fines pretendidos, evaluando sus consecuencias sanitarias y econ¨®micas. Creemos adem¨¢s que ese ejercicio deber¨ªa haberlo hecho tambi¨¦n previamente el Gobierno antes de poner en marcha esta medida, y deber¨ªa hacerlo siempre que afronte cualquier medida reforma del sistema sanitario, so riesgo de cosechar m¨¢s perjuicios que beneficios en las decisiones adoptadas.

En GESIDA s¨ª hemos hecho ese estudio sobre las consecuencias sanitarias y econ¨®micas que la exclusi¨®n de los inmigrantes sin papales puede tener sobre el control del VIH en nuestro pa¨ªs, y los resultados son bastante alarmantes. As¨ª, el estudio, que est¨¢ en v¨ªas de publicaci¨®n en la revista Enfermedades Infecciosas y Microbiolog¨ªa Cl¨ªnica, indexada en los registros internacionales de revistas biom¨¦dicas y ¨®rgano de expresi¨®n de la Sociedad Espa?ola de Enfermedades Infecciosas y Microbiolog¨ªa Cl¨ªnica (SEIMC), muestra con datos inequ¨ªvocos que el real decreto ley 12/2012 tendr¨¢ un impacto muy negativo en la Salud P¨²blica en el pa¨ªs en el campo del VIH y supondr¨¢ un ahorro econ¨®mico muy inferior al esperado, incluso a corto plazo, siendo manifiestamente ineficientemente a medio y largo plazo, pues generar¨¢ m¨¢s gasto que ahorro.

El real decreto ley tendr¨¢ un impacto muy grande en la salud p¨²blica"

De modo que la p¨¦rdida de derechos sanitarios por parte de la poblaci¨®n inmigrante irregular no ayudar¨¢ por supuesto ni a mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones, lo cual ya parec¨ªa bastante obvio a pesar del nombre del real decreto, ni tampoco siquiera ser¨¢ una contribuci¨®n efectiva a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, al menos en lo que al diagn¨®stico y tratamiento del VIH se refiere. En el primer cap¨ªtulo, el de la calidad de las prestaciones sanitarias, el estudio muestra que, de entrada, vamos a tener un incremento del n¨²mero de personas infectadas por VIH, incremento que, s¨®lo en el primer a?o puede ser de casi una quinta parte de la actual poblaci¨®n inmigrante irregular afectada y en tratamiento, que se estima en varios miles de personas. Vamos a tener por tanto m¨¢s infectados, pero, adem¨¢s y como consecuencia inevitable de esa desatenci¨®n, un aumento de la mortalidad de los individuos infectados, un incremento de aparici¨®n de enfermedades oportunistas, un crecimiento de los ingresos hospitalarios; m¨¢s posibilidades de infecciones (tanto por el VIH como por otros pat¨®genos); y mayor probabilidad de transmisi¨®n materno-fetal, entre otras consecuencias sanitarias.

Y como consecuencia de ese enorme perjuicio sanitario, lejos de tener a medio-largo plazo un ahorro, lo que vamos a obtener es un incremento de los costes de atenci¨®n. Pero es que ni siquiera a corto plazo el ahorro se va a parecer en nada al que ha estimado el Gobierno (en una horquilla entre 12,2 y 21.8 millones). Con previsiones muy a la baja, los costes directos que va a tener el Decreto por hospitalizaciones y visitas a urgencias supondr¨¢n de entrada dividir por dos ese ahorro conseguido con la denegaci¨®n del tratamiento. S¨²mense a esos costes los que se derivar¨¢n del tratamiento de personas nuevamente infectadas con derecho a asistencia sanitaria, y el tratamiento de enfermedades transmisibles asociadas al VIH que se transmitir¨¢n como consecuencia de la falta de diagn¨®stico y tratamiento de los pacientes fuente, y podremos valorar hasta qu¨¦ punto el Gobierno ha medido y sopesado suficientemente las consecuencias de este real decreto.

?Va a haber ciudadanos espa?oles m¨¢s expuestos a la infecci¨®n que otros en funci¨®n de la comunidad aut¨®noma en la que vivan?"

Corregir es de sabios, y, a la vista de los datos, el Gobierno a¨²n est¨¢ a tiempo de evitar un problema mucho mayor que ¨¦l r¨¦dito que pretende lograrse. Con la exclusi¨®n de los inmigrantes ilegales afectados por VIH de la atenci¨®n p¨²blica sanitaria, principalmente ese colectivo, pero todo el sistema sanitario espa?ol y toda la sociedad espa?ola sale perdiendo. La derivaci¨®n a ONG ni es aceptada l¨®gicamente por ¨¦stas ni es viable t¨¦cnicamente, pues el complicado manejo de esta enfermedad exige que la asistencia siga prest¨¢ndose como hasta ahora en los hospitales espa?oles. Y menos l¨®gico a¨²n parece que esa asistencia se preste en unas comunidades aut¨®nomas s¨ª y en otras no. ?Alguien se ha parado a pensar qu¨¦ significa eso en t¨¦rminos de Salud P¨²blica para los ciudadanos de las regiones que no asuman la asistencia? ?Va a haber ciudadanos espa?oles m¨¢s expuestos a la infecci¨®n que otros en funci¨®n de la comunidad aut¨®noma en la que vivan? Si de lo que se trata es de tomar decisiones t¨¦cnicas para la sostenibilidad del sistema, y que afecten en la menor medida posible a la calidad asistencial, la exclusi¨®n de los inmigrantes irregulares de la atenci¨®n sanitaria vinculada al VIH, no resulta en absoluto una medida ni aconsejable ni inteligente.

Pere Domingo Pedrol es presidente de GESIDA (Grupo de Estudio de SIDA de la Sociedad Espa?ola de Enfermedades Infecciosas y Microbiolog¨ªa Cl¨ªnica, SEIMC).