Castilla y Le¨®n aportar¨¢ un 20% m¨¢s por los servicios de la dependencia

D¨ªas, casi horas antes de que entre en vigor el decreto gubernamental que impone fuertes recortes para la dependencia, Castilla y Le¨®n ha redise?ado su modelo para permitir el traslado de recursos econ¨®micos y personas desde la prestaci¨®n econ¨®mica a los servicios. La comunidad, una de las que presenta mejores gesti¨®n y resultados seg¨²n los datos oficiales, incrementar¨¢ en un 20% el dinero que destina a sufragar los servicios sobre el m¨¢ximo que impone el Gobierno. Para disponer de ese dinero rebajar¨¢n la paga que recibe el cuidador familiar y ajustar¨¢n el copago de los usuarios. Tambi¨¦n se ha exigido un esfuerzo al sector privado con los precios, de tal forma ¡°que todo el mundo, incluso los que menos tienen puedan pagarse un servicio profesional¡±, afirman en la consejer¨ªa.

La consejera de Familia, Milagros Marcos, ha alcanzado en los ¨²ltimos d¨ªas acuerdos con los sindicatos, las patronales, el sector de la discapacidad y los mayores. A partir de ahora las cuidadoras de ancianos en casa ver¨¢n reducida su paga no un 15% como obliga el Gobierno sino un 30% en esta comunidad. Y en 2014 solo percibir¨¢n la mitad de la suma actual. Si esta reducci¨®n resulta inviable a las familias pueden cambiar la prestaci¨®n ¡°de forma inmediata¡± por servicios profesionales, ya sea ayuda a domicilio, centros de d¨ªa o plazas residenciales.

La filosof¨ªa de este modelo viene marcada por la creaci¨®n y el mantenimiento de puestos de trabajo. Castilla y Le¨®n es de las comunidades que menos prestaciones para el cuidador familiar ha concedido, tal como establece la ley. A pesar de ello, siempre recuerdan que tienen 7.700 plazas de residencia vac¨ªas que, de llenarse, supondr¨ªan 5.159 puestos de trabajo. En la actualidad 25.000 personas reciben esa ayuda que se convertir¨ªan en 11.000 puestos de trabajo a domicilio o casi 17.000 si se trata de centros de d¨ªa o residenciales, seg¨²n los c¨¢lculos elaborados por la comunidad.

A partir de ahora, las residencias privadas adaptar¨¢n sus precios: aquella que quiera recibir usuarios con una ayuda p¨²blica por dependencia tendr¨¢n que ajustar sus precios entre 1.000 y 1.500 euros al mes. El riesgo en una regi¨®n muy rural es el desarraigo de los ancianos desde sus casas a los lugares donde se ubican las residencias. ¡°No tiene por qu¨¦ ser as¨ª, porque pueden cambiarlo por ayuda a domicilio, que prestar¨ªan los propios geri¨¢tricos o centros de d¨ªa, pero, adem¨¢s, tenemos un buen mapa de residencias rurales¡±, asegura la consejera.