Los recortes en Dependencia perjudican a las comunidades que mejor gestionan
Quienes m¨¢s servicios prestan no pueden ahorrar con la reducci¨®n de las pagas de las cuidadoras Aquellas que resuelven con agilidad nada ganan con la eliminaci¨®n de la retroactividad
Los ¨²ltimos recortes del Gobierno al sistema de la dependencia tienen un resultado demoledor: entre las comunidades m¨¢s perjudicadas figuran algunas de las que mejor gestionan la ley y salen ganando otras cuyos resultados eran bastante malos. La explicaci¨®n es sencilla: todas han sufrido un recorte econ¨®mico, pero no todas pueden compensarlo de la misma manera con las dos v¨ªas de ahorro que abre el decreto para las comunidades, a saber: rebaja de un 15% como m¨ªnimo de la paga de las cuidadoras familiares y dos a?os de demora en los tr¨¢mites sin que se genere deuda con las familias por los atrasos. Pues bien, aquellas regiones, como Castilla y Le¨®n, que resuelven los tr¨¢mites en un tiempo aproximado de seis meses (la m¨¢xima agilidad) no tienen deudas con los beneficiarios, por tanto, se quedan sin premio. Y tambi¨¦n salen perdiendo las que hab¨ªan concedido m¨¢s servicios profesionales (plazas de geri¨¢trico, centros de d¨ªa) que pagas de cuidadoras, tal y como manda la ley. Esas regiones podr¨¢n reducir la paga, incluso mucho m¨¢s del 15%, pero no nunca ahorrar¨¢n tanto como aquellas que desvirtuaron la ley a base de ofrecer pagas econ¨®micas.
Estas conclusiones se extraen de un informe econ¨®mico elaborado por la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales donde se han detallado los tajos presupuestarios que han recibido las comunidades aut¨®nomas de la financiaci¨®n estatal: 283 millones (el total) del llamado nivel acordado y 87,7 millones por el nivel m¨ªnimo (dependiente a dependiente). A la suma de estas cantidades se ha restado el posible ahorro por las v¨ªas antes mencionadas: 112 millones si solo reducen un 15% las pagas de las cuidadoras y 193 por la deuda de atrasos a las familias. Salen perdiendo las comunidades por 65,2 millones.
Pero pierde m¨¢s Castilla y Le¨®n porque presta m¨¢s servicios y es ¨¢gil al tramitar; o Madrid, que en su mayor¨ªa ofrece servicios profesionales. Si estas cifras se ponen en relaci¨®n con el volumen de gesti¨®n de cada comunidad aut¨®nomas, las conclusiones son a¨²n m¨¢s afinadas: Castilla y Le¨®n y La Rioja son las m¨¢s perjudicadas, seguidas de Madrid, Cantabria y Asturias. Se benefician, sin embargo, Canarias y Baleares, que suelen sacar p¨¦simas notas en las evaluaciones por comunidades, donde se toman en consideraci¨®n datos como la lista de espera y el tiempo de espera de los ciudadanos para recibir sus ayudas o el desequilibrio entre servicios y prestaciones econ¨®micas. Tambi¨¦n Murcia sale ventajosa. Los responsables de la asociaci¨®n creen que estas decisiones ¡°s¨ª hacen efectivamente insostenible el sistema y deja a las comunidades sin margen de maniobra¡±.
Los resultados al cotejar estas cifras han levantado la ira de la asociaci¨®n de gerentes de servicios sociales, cuyo observatorio de la dependencia segu¨ªa cada seis meses los avances y el desarrollo de cada comunidad aut¨®noma en la implantaci¨®n del sistema y pon¨ªan notas. Sus criterios, basados la mayor¨ªa en datos oficiales, ven¨ªan aplaudiendo a comunidades como Castilla y Le¨®n o La Rioja y recordando que otras, como Baleares o Canarias ten¨ªan mucho que mejorar. ¡°Las medidas tomadas por el Gobierno son de inaudita crueldad y cinismo y no nos cansamos de decir que todas ellas hacen perder al sistema 800 millones de euros solo en 2012 que, bien invertidos en los servicios necesarios para los dependientes habr¨ªan supuesto la creaci¨®n de 20.000 puestos de trabajo y retornos a las arcas p¨²blicas directos e inducidos de 520 millones¡±, ha se?alado el presidente de la asociaci¨®n, Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez.
El informe se?ala que solo con mantener la dependencia como est¨¢, con el n¨²mero actual de atendidos, cuesta 5.933 millones de euros de los cuales ¡°el Gobierno aportar¨¢ solo 1.225 por la financiaci¨®n de cada dependiente, y las comunidades tendr¨¢n que poner el resto, 400 millones m¨¢s que lo que pusieron en 2011. Es una demolici¨®n cruel y calculada de la ley o una torpeza que exigir¨ªa dimisiones. Para prever el resultado no hace falta una bola m¨¢gica: se destruir¨¢ la red de servicios con el cierre de empresas del sector, p¨¦rdida de empleos, menos retornos a las arcas p¨²blicas y las familias, mujeres en su mayor¨ªa, con su esfuerzo y sin compensaci¨®n volver¨¢n a hacerse cargo de los suyos¡±, lamenta Ram¨ªrez.
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