?Delaci¨®n u obligaci¨®n?

Una aplicaci¨®n de tel¨¦fono m¨®vil ha abierto la caja de Pandora. Con ella, quienes usan la red de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) pueden denunciar an¨®nimamente varios comportamientos inc¨ªvicos en el tren. Desde poner los pies en el asiento, ensuciar las instalaciones, viajar sin billete, no ceder los lugares reservados o incluso pedir limosna o llevar la m¨²sica alta. FGC, creadores del sistema pionero en Espa?a (no tienen constancia de que exista algo similar en Europa), defienden que solo quieren mejorar la convivencia, que avisar no es denunciar, y que antes de sancionar a los infractores (con hasta 300 euros) se les advierte por megafon¨ªa.

Pero eso no ha acallado a los cr¨ªticos, que consideran que llueve sobre mojado. En el ¨²ltimo a?o, la Administraci¨®n catalana ha alentado varias veces al chivatazo. Desde la p¨¢gina web de los Mossos d¡¯Esquadra para identificar a los v¨¢ndalos que destrozaron el centro de Barcelona en la huelga general del 29-M, al llamamiento del consejero de Interior, Felip Puig (CiU), para que se fotograf¨ªe a aquel que tire colillas por la ventana tras el grave incendio del Alt Empord¨¤, que quem¨® m¨¢s de 13.000 hect¨¢reas. ¡°Sean nuestros ojos¡±, dijo el comisario de la polic¨ªa catalana Joan Miquel Capell, dirigi¨¦ndose a la ciudadan¨ªa, ante el aumento de robos en pisos el a?o pasado.

Tambi¨¦n en Catalu?a, el Departamento de Ense?anza envi¨® d¨ªas atr¨¢s una circular a los centros educativos que permite que los padres que sospechen de la preinscripci¨®n escolar de una familia puedan solicitar su nombre, apellidos y direcci¨®n para comprobar y denunciar el caso con fundamento.

?Se trata de deriva orwelliana, como denunci¨® Miquel Rubio, creador de una plataforma en contra de la aplicaci¨®n de FGC? ?Caminamos hacia una sociedad de chivatos? ?O es que nos falta tradici¨®n c¨ªvica para recriminar al otro cuando no se comporta conforme a las normas que todos hemos pactado?

"Denunciar a quien defrauda al fisco a es indiscutible", afirma un catedr¨¢tico

¡°La desconfianza y la sospecha son letales para la comunidad civil, para las relaciones de convivencia¡±, sostiene el soci¨®logo Enrique Gil Calvo, de la Universidad Complutense de Madrid. A su entender, ¡°no hay posible convivencia c¨ªvica sin relaciones de confianza¡±. ¡°Como te sientes perseguido, persigues, y al final acabas en el manicomio colectivo¡±, a?ade. Una opini¨®n que comparte Juli¨¢n R¨ªos, profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas. ¡°Instalarnos en la eterna sospecha da al traste con la confianza, y eso es muy peligroso¡±, explica.

Los promotores de iniciativas de este estilo niegan tajantemente que ese sea su objetivo. ¡°Cuando alguien est¨¢ haciendo un atentado que puede costar vidas, quemando y destrozando nuestro territorio, parece mentira que no nos podamos plantear como normal que las personas avisen¡±, manifest¨® el jueves Puig ante la pol¨¦mica.

Igual que ¨¦l, Ana Botella (PP), en su etapa como concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid, recibi¨® duras cr¨ªticas al animar a delatar a los grafiteros que ensuciaban la Villa de Vallecas en 2009. Tambi¨¦n pol¨¦micas fueron las declaraciones de la exministra de Sanidad Leire Paj¨ªn (PSOE) cuando pidi¨® que se denunciase a quienes incumpliesen la ley antitabaco.

Los expertos consultados consideran justificado el chivatazo, pero solo en determinados casos. ¡°Si ves a alguien tirando una colilla, se trata de un deber c¨ªvico de otra magnitud, ya no estamos hablando de la convivencia¡±, indica Mar¨ªa Luisa Balaguer, catedr¨¢tica de Derecho Constitucional de la Universidad de M¨¢laga, que insiste en que es un terreno delicado. ¡°El deber de denunciar a quien arroja una colilla en carretera, se salta un stop al volante o defrauda al fisco me parece indiscutible¡±, coincide Mariano Fern¨¢ndez, catedr¨¢tico en Sociolog¨ªa de la Universidad Complutense de Madrid. ¡°Denunciar a los que mendigan en un tren ser¨ªa cruel e insolidario¡±, a?ade.

Paj¨ªn o Botella tambi¨¦n fueron acusadas de alentar los soplos

En la actualidad, es m¨¢s que posible empujar al vecino a los tribunales. ¡°Una persona puede dar conocimiento de un hecho denunci¨¢ndolo a las autoridades, sin convertirse necesariamente en parte acusadora¡±, detalla el letrado Marc Molins, presidente de la secci¨®n de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Barcelona. ¡°Esos mecanismos deber¨ªan ser suficientes¡±, defiende Gemma Gald¨®n, investigadora y experta en seguridad de la Universitat Oberta de Catalunya.

Pero en ambos casos, quien denuncia lo hace facilitando sus datos. M¨¢s dudas generan las acusaciones an¨®nimas, como ser¨ªa el caso de la aplicaci¨®n de FGC, donde quien avisa de la infracci¨®n no da su identidad.

¡°En nuestro derecho est¨¢ conceptualmente mal vista la denuncia an¨®nima. Nuestro sistema no es inquisitorial, y defiende que la persona pueda defenderse de quien le inculpa. Incluso en los casos de los testigos protegidos, el abogado del acusado puede verle la cara¡±, plantea la letrada Paloma Llaneza. Pero a pesar de eso existen lo que Molins define como ¡°formas amorfas¡± de denuncias an¨®nimas que suelen llegar a las dependencias judiciales y que se investigan ante la duda de que sea real lo que relatan.

"Se busca excitar la maquinaria judicial y policial", critica un abogado

Pero nada tiene que ver eso con las llamadas de las instituciones a delatar, que ¡°buscan excitar la maquinaria judicial y policial y perjudican al sistema¡±, seg¨²n Molins. ¡°En el contexto en el que vivimos, con mucha litigiosidad evitable, nos esforzamos en evitar la saturaci¨®n de la justicia, pero la Administraci¨®n hace lo contrario, lo que redunda en la saturaci¨®n¡±, sostiene.

¡°Es premeditado y alude a una filosof¨ªa concreta: como no somos capaces de cubrir m¨¢s seguridad ciudadana con polic¨ªa, convertimos a los ciudadanos en polic¨ªas¡±, tercia el profesor R¨ªos. La investigadora Gald¨®n da un paso m¨¢s y se refiere a la ¡°dejadez de funciones del Estado¡±. Concede que el ciudadano se debe ¡°corresponsabilizar de la seguridad y el orden p¨²blico¡±, pero ve una ¡°vuelta de tuerca m¨¢s¡± en las ¨²ltimas iniciativas catalanas.

En su opini¨®n, el caso de las escuelas es el mejor ejemplo de cuando la Administraci¨®n deriva el problema a los ciudadanos. Incluso el s¨ªndic de greuges, Rafael Rib¨®, intervino en la pol¨¦mica de las matriculaciones escolares y defendi¨® que todo el mundo debe tener acceso a los datos de un expediente que le afectan. Pero matiz¨® que quien debe subsanar el fraude es la Generalitat, no las familias, que pueden acabar enfrentadas entre s¨ª. ¡°Son los poderes p¨²blicos quienes tienen que controlar el orden, as¨ª es desde el punto de vista constitucional¡±, se suma la catedr¨¢tica Balaguer.

¡°Si esperamos que la Administraci¨®n sea quien solucione todos los problemas, lo llevamos crudo. El Estado no puede tener a una persona detr¨¢s de todos nosotros¡±, rebate el portavoz de la Plataforma Multisectorial Contra la Econom¨ªa Sumergida, Jos¨¦ Manuel Mu?iz. Se trata de una entidad andaluza, de origen ciudadano, que persigue a los trabajadores irregulares que defraudan. Mu?iz defiende que quienes se saltan el sistema contribuyen a destruir el ¡°Estado de bienestar que tanto nos ha costado levantar¡±. Por eso apoya a que los ciudadanos se chiven cuando tengan conocimiento de una situaci¨®n de este tipo.

¡°No entiendo que aplaudamos la picaresca en lugar de reaccionar frente a ella, margin¨¢ndola¡±, se queja. Por eso est¨¢ de acuerdo en que ¡°se habiliten todas las herramientas que sean efectivas para que se sepa que si la haces, la pagas¡±. Aunque con el control de una Administraci¨®n que compruebe la veracidad de lo denunciado y evite as¨ª las venganzas.

"No tenemos tradici¨®n c¨ªvica de llamar la atenci¨®n", lamenta Facua

Aun as¨ª, hay quien, como Balaguer, considera que a la larga ¡°un Estado policial estropea la convivencia y favorece las vendettas¡±. Algo, sin embargo, que no debe preocuparnos, seg¨²n el soci¨®logo Mariano Fern¨¢ndez. ¡°Estamos muy lejos de ser una sociedad policial y nuestro problema es m¨¢s bien el opuesto: la idea generalizada de que buena parte de la ley est¨¢ hecha para violarla, o de que obtener ventajas sobre los dem¨¢s o hacerles cargar con las consecuencias de nuestros actos es aceptable¡±, mantiene.

Con ¨¦l coincide la asociaci¨®n en defensa de los consumidores Facua, que fue acusada tambi¨¦n de promover la cultura del chivatazo al crear una web para denunciar las vulneraciones de la ley antitabaco. ¡°A diferencia de pa¨ªses de nuestro entorno, no tenemos tradici¨®n c¨ªvica de llamar la atenci¨®n a la gente. Y hacerlo, cuando no cumplen las normas, es hacer valer nuestro derecho. Falta tradici¨®n y educaci¨®n ciudadana¡±, defiende su portavoz, Rub¨¦n S¨¢nchez.

Para ¨¦l, el debate suscitado tras la pol¨¦mica en Catalu?a se est¨¢ utilizando de forma demag¨®gica. ¡°La palabra delaci¨®n est¨¢ usada de forma inteligente por un determinado sector, que busca equiparar ese tipo de denuncias con una etapa de delaci¨®n franquista, y no tiene nada que ver. Si a tu abuela le roban el bolso, ?te gustar¨ªa que lo denunciaran o que un vecino gritase y avisase? Eso es ayudarse como ciudadano¡±, argumenta.

En cualquier caso, todos los consultados abogan primero por resolver los conflictos en el ¨¢mbito personal. ¡°El problema del incivismo no se soluciona denunciando, se soluciona educando¡±, repite la abogada Llaneza. ¡°Tenemos que poder hablar con nuestro vecino y decirle que no compartimos ciertas actitudes, porque una comunidad civil bien ordenada no deber¨ªa tener gorrones, ni defraudadores, ni estafadores¡±, expone el soci¨®logo Gil Calvo.

Por su parte, Gald¨®n reprocha la ¡°exageraci¨®n y teatralizaci¨®n¡± de ciertas medidas que en realidad son ¡°poco ¨²tiles¡±. ¡°?La aplicaci¨®n de Ferrocarrils ayuda a las personas molestas porque haya mendigos en el metro? Solo beneficia al pol¨ªtico, que sale en la foto. Solo las pol¨ªticas a largo plazo de la Administraci¨®n pueden solucionar ciertos problemas de incivismo o sociales¡±, considera.

Mu?iz, el activista contra la econom¨ªa sumergida, insiste en que no hay nada malo en poner sobre la pista de ciertas conductas fraudulentas a la Administraci¨®n o la polic¨ªa. Su plataforma ha recopilado en dos meses unos 300 casos de los que prev¨¦ informar a la Agencia Tributaria. En cambio, Fern¨¢ndez propone soluciones para evitar una guerra de padres por las matr¨ªculas: ¡°Ser¨ªa mejor dar a conocer de oficio las direcciones, junto a las listas de admitidos, a todos los concursantes con obligaci¨®n de confidencialidad que pretender que las familias que se sientan discriminadas reclamen los datos de otros¡±. Hasta el momento, la Administraci¨®n ha optado por otras v¨ªas.