La batalla por el r¨ªo sagrado

La guerra que enfrenta en Brasil a grupos indigenistas y ecologistas contra el Gobierno de Dilma Rousseff por la construcci¨®n de la planta hidroel¨¦ctrica de Belo Monte, en el cauce del r¨ªo Xing¨², se recrudece. En una sentencia hist¨®rica, la Quinta Sala del Tribunal Federal de la Primera Regi¨®n, con sede en Brasilia, ha decidido revocar la licencia de obra de la megapresa, proyectada para ser la tercera mayor del planeta, despu¨¦s de la china de las Tres Gargantas y la Itaip¨², en la frontera entre Brasil y Paraguay.

El fallo, emitido d¨ªas atr¨¢s, supone un duro golpe para la agenda desarrollista del Gobierno de Brasilia, cuya piedra angular es el denominado Plan de Aceleraci¨®n Econ¨®mica (PAC). El plan ha tropezado con un elemento que desde hace d¨¦cadas es objeto de controversia en el debate pol¨ªtico brasile?o: los derechos de los indios y la protecci¨®n de sus tierras ancestrales, plasmados en la Constituci¨®n.

El tribunal, que ha dado curso al varapalo promovido por la Fiscal¨ªa Federal, ha dictaminado que la empresa encargada de construir y administrar la planta, Norte Energ¨ªa, no puede seguir adelante con la obra situada en un afluente del Amazonas.

Sin embargo, fuentes presentes en la localidad de Altamira, donde se efect¨²an los trabajos, han confirmado que contin¨²an su curso normal. ¡°Hemos constatado que las m¨¢quinas y los obreros siguen el ritmo normal de trabajo. Una vez m¨¢s Norte Energ¨ªa act¨²a de manera poco clara ya que la sentencia fue dictada hace cinco d¨ªas¡±, comenta Ant?nia Melo, coordinadora de la plataforma Xing¨² Vivo, que aglutina ONG y colectivos afectados.

Fuentes de Norte Energ¨ªa informaron el viernes pasado de que la empresa a¨²n no hab¨ªa recibido ninguna notificaci¨®n formal de la sentencia. Durante el primer a?o se ha ejecutado el 11% del proyecto y la empresa tiene previsto que la hidroel¨¦ctrica entre en funcionamiento en febrero de 2015. Si esta paralizaci¨®n se extiende m¨¢s de lo previsto, ser¨¢ dif¨ªcil que se cumpla el cronograma.

Por el momento, los abogados de Norte Energ¨ªa se han dado hasta final de este a?o para desatascar un litigio que amenaza con desgastar a¨²n m¨¢s la imagen de un proyecto que ya ha llevado a multitud de celebridades a manifestarse en contra.

La decisi¨®n del tribunal establece una multa de 500.000 reales diarios (algo m¨¢s de 200.000 euros) en el caso de que la compa?¨ªa constructora se niegue a acatar el fallo. La sentencia tambi¨¦n supone una dura llamada de atenci¨®n al Ejecutivo de Dilma Rousseff, que apoya abiertamente la construcci¨®n de Belo Monte con el argumento de que los planes de desarrollo dise?ados para Brasil exigen una reducci¨®n radical del d¨¦ficit energ¨¦tico. Actualmente el consumo per c¨¢pita de electricidad en Brasil es considerablemente m¨¢s bajo que el de cualquier pa¨ªs de la Uni¨®n Europea (UE). Para reducir esta diferencia, el Gobierno pretende potenciar al m¨¢ximo la generaci¨®n hidroel¨¦ctrica con la previsi¨®n de que el consumo el¨¦ctrico de los brasile?os crezca un 60% durante esta d¨¦cada.

La cuenca amaz¨®nica, con r¨ªos de gran caudal, se ha revelado como la soluci¨®n a este desaf¨ªo: la hidroel¨¦ctrica es una fuente renovable, inagotable y limpia, aunque requiera de infraestructuras de gran calado en regiones que hasta ahora hab¨ªan permanecido ajenas al estruendo de las excavadoras. La presa de Belo Monte, en el Estado norte?o de Par¨¢, tendr¨¢ una potencia m¨¢xima de 11.000 megavatios, equivalente a 11 reactores nucleares. La potencia media ser¨¢ de 4.600 megavatios.

La decisi¨®n de paralizar las obras de Belo Monte se basa en que el Congreso brasile?o no realiz¨® las consultas necesarias con las comunidades ind¨ªgenas antes de que aprobar, en un pleno en 2005, el decreto legislativo que autoriz¨® al Gobierno a dar luz verde a las obras.

Seg¨²n el fallo, las consultas se realizaron posteriormente y no por representantes del Congreso, sino por otras instituciones del Estado que no eran competentes, como el Instituto Brasile?o de Medio Ambiente (IBAMA).

¡°La Constituci¨®n brasile?a no autoriza un estudio posterior, sino un estudio previo. No podemos aceptar esta dictadura que vemos en Brasil. Se hace una obra y se pregunta despu¨¦s. Las comunidades ind¨ªgenas necesitan ser o¨ªdas y respetadas¡±, sentenci¨® el juez Ant?nio de Souza Prudente al presentar el fallo.

La decisi¨®n de la Corte brasile?a tambi¨¦n se apoya en el art¨ªculo 231 de la Constituci¨®n, que establece una protecci¨®n especial para los ind¨ªgenas, sus tierras, historia y costumbres. ¡°Los indios son seres humanos que tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano brasile?o¡±, a?adi¨® el juez De Souza.

El fallo supone una victoria sin precedentes para las organizaciones ambientalistas e indigenistas que desde a?os se enfrentan a cara de perro a la construcci¨®n de Belo Monte. Seg¨²n Xing¨² Vivo, en la zona donde se desarrollan las obras existen tres territorios ind¨ªgenas delimitados.

Las etnias Juruna y Arara ser¨ªan las que se ver¨ªan m¨¢s afectadas, aunque resulta sumamente dif¨ªcil precisar los grupos y el n¨²mero de indios que viven en la regi¨®n. El propio Gobierno brasile?o admite la existencia de comunidades de indios aislados cuyo contacto con el hombre blanco ha sido testimonial hasta hoy.

Por su parte, Norte Energ¨ªa ha realizado sus propios c¨¢lculos: en la zona de influencia viven unos 2.200 indios. Seg¨²n el consorcio constructor de la megapresa, todos sus l¨ªderes han sido convenientemente consultados en varias ocasiones. Sin embargo, en pleno arranque de las obras, hace poco m¨¢s de un a?o, la l¨ªder india Sheyla Jakarepi Juruna declar¨® a este diario: ¡°Se han producido continuas violaciones de nuestros derechos, como el de ser consultados ante un proyecto de esta magnitud. Hasta hoy no se han escuchado las objeciones de los ind¨ªgenas. El Gobierno miente cuando dice que fuimos consultados¡±.

Poco antes de la sentencia, la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conden¨® el proyecto, con la misma base jur¨ªdica que el Tribunal Federal que acaba de pronunciarse: no se han cumplido los procedimientos legales para tener en cuenta las opiniones de los indios.

Belo Monte inundar¨¢ un ¨¢rea de 500 kil¨®metros cuadrados donde no se ha constatado la presencia de comunidades ind¨ªgenas. El impacto de la obra se localizar¨ªa sobre todo en el cauce del r¨ªo Xing¨², sobre todo en el tramo denominado Volta Grande, donde comunidades indias y de campesinos viven desde hace d¨¦cadas. Seg¨²n varios estudios, la hidroel¨¦ctrica provocar¨¢ altibajos bruscos en el cauce del r¨ªo, algo que afectar¨¢ a la navegaci¨®n y a la pesca, dos actividades primordiales para estas comunidades.

Los sectores que se oponen a Belo Monte tambi¨¦n insisten en que la obra atraer¨¢ a casi 100.000 personas de todo Brasil y que la regi¨®n no est¨¢ preparada para absorber a tanta gente en condiciones aceptables.

Por su parte, Norte Energ¨ªa insiste en que la poblaci¨®n local se beneficiar¨¢ de una serie de medidas de compensaci¨®n socioambiental previstas en el proyecto por valor de 3.700 millones de reales (1.480 millones de euros). Este programa de desarrollo incluye la construcci¨®n de escuelas, hospitales, redes de saneamiento y complejos de viviendas para las familias que viven en zonas inundables. En Altamira, varias fuentes coinciden en que de momento la obra de la hidroel¨¦ctrica avanza mucho m¨¢s r¨¢pido que el programa de desarrollo regional comprometido.

La reacci¨®n de Norte Energ¨ªa ante la sentencia fue advertir del da?o de la misma. ¡°El primer perjudicado con una eventual paralizaci¨®n de las obras ser¨¢ Brasil. Traer¨¢ consecuencias negativas e imprevisibles para la matriz energ¨¦tica brasile?a y ser¨¢ necesario activar las centrales termoel¨¦ctricas, mucho m¨¢s contaminantes y con costos mucho m¨¢s elevados¡±, valora la compa?¨ªa en un comunicado. El consorcio ya ha anunciado que pretende invalidar la sentencia antes de que termine el a?o. Para ello deber¨¢ recurrirla ante el Tribunal Supremo de Brasil.

No solo en Brasil crecen las cr¨ªticas a los proyectos hidroel¨¦ctricos. En Chile, el Gobierno apoya uno pol¨¦mico en los r¨ªos Baker y Pascua, al sur del pa¨ªs, con los que suplir el d¨¦ficit energ¨¦tico. Sin embargo, ha generado enormes protestas dentro y fuera de Chile por tratarse de una zona virgen.