Los m¨¦dicos de familia proponen un paquete b¨¢sico de atenci¨®n a sin papeles

A punto de consumarse la exclusi¨®n de los inmigrantes sin papeles del sistema sanitario ¨Cpendiente de las excepciones que cada comunidad establezca-, la Sociedad Espa?ola de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) ha hecho una propuesta a mitad de camino entre los planes del ministerio y la completa equiparaci¨®n: un paquete de servicios b¨¢sicos con los que, considera, la mayor¨ªa de las necesidades de estas personas ¨Cunas 150.000 seg¨²n c¨¢lculos de este peri¨®dico, sin contar los comunitarios- quedar¨ªan cubiertas.

Se tratar¨ªa de ¡°servicios que integrar¨ªan la atenci¨®n primaria, la salud p¨²blica y la prevenci¨®n, la asistencia urgente, atenci¨®n a la discapacidad y la prescripci¨®n de medicamentos esenciales de la OMS (Organizaci¨®n Mundial de la Salud)¡±. ¡°As¨ª estar¨ªamos en condiciones de resolver la mayor¨ªa de problemas de salud que padecen¡±, asegura Josep Basora, presidente de Semfyc.

La idea que subyace es que, en general, los inmigrantes son personas con un mejor estado de salud que la poblaci¨®n en su conjunto. Por eso este paquete de servicios, junto a los ya previstos en la orden que desarrolla el real decreto de recortes (la atenci¨®n en urgencias, embarazos e infancia), cubrir¨ªan casi toda la demanda. M¨¢s a¨²n si se incorpora la atenci¨®n a cr¨®nicos que anunci¨® ayer la ministra de Sanidad, Ana Mato.

Con esta especie de propuesta de compromiso, la Semfyc busca una salida temporal. Porque su propuesta final es que ¡°es imprescindible que el Gobierno de marcha atr¨¢s en la aplicaci¨®n de una norma que vulnera gravemente los principios ¨¦ticos de beneficencia, justicia y no maleficencia¡±.

De hecho, esta sociedad ha sido la promotora de la mayor campa?a de desobediencia civil ante el recorte de derechos. Seg¨²n sus ¨²ltimos c¨¢lculos, ya se han apuntado m¨¢s de 1.650 profesionales. La mayor¨ªa son m¨¦dicos de familia (el 72%), pero tambi¨¦n hay otros sanitarios como psiquiatras (3%), internistas (3%), personal de enfermer¨ªa (4%) o pediatras (2%).

La otra gran asociaci¨®n de m¨¦dicos de familia, Semergen (Sociedad Espa?ola de M¨¦dicos de Atenci¨®n Primaria), tambi¨¦n se ha manifestado contra la medida. Es "una medida que considera discriminatoria e ineficaz, que sit¨²a a los m¨¦dicos ante a una dif¨ªcil situaci¨®n ¨¦tica y profesional con graves consecuencias para la salud tanto de las personas afectadas como de la poblaci¨®n en general", afirma la Semergen en un comunicado.

En cambio, sobre la objeci¨®n de conciencia, la sociedad opina que "el real decreto constituye una norma de obligado cumplimiento". "En caso de no ser respetada por los profesionales sanitarios, ¨¦stos podr¨ªan incurrir en responsabilidades disciplinarias graves o muy graves. En este sentido, la aplicaci¨®n literal del real decreto no implica la comisi¨®n de un delito de omisi¨®n de deber de socorro, pues el mismo se limita a situaciones de urgencia con riesgo grave para la salud de las personas", a?ade.