El juez que imput¨® a sor Mar¨ªa cita a 20 m¨¦dicos por el robo del beb¨¦
Personal de la agencia de adopci¨®n y el juez del registro civil ser¨¢n interrogados
Adolfo Carretero, el juez que investiga y ha imputado a la monja Mar¨ªa G¨®mez Valbuena, de 87 a?os, por el presunto robo de un beb¨¦ en 1982, va a interrogar, entre ma?ana y el 11 de octubre a 24 personas, la mayor¨ªa m¨¦dicos, que cree que pueden aportar m¨¢s informaci¨®n sobre el caso.
En una providencia del pasado 5 de septiembre cita como testigos a 19 m¨¦dicos y a la exdirectora de la maternidad donde se produjeron los hechos, la cl¨ªnica Santa Cristina de Madrid, Mar¨ªa Antonia Garc¨ªa Alonso. Esa providencia se une a otra del 26 de junio en la que el juez citaba como testigos a otras seis personas, entre ellas el director del centro, el doctor Jos¨¦ Zamarriego, el jefe de neonatolog¨ªa, Ignacio Villa Elizaga, y la asistente social de la Agencia Espa?ola para la Protecci¨®n de la Adopci¨®n (AEPA), que deriv¨® al matrimonio que finalmente adopt¨® a aquel beb¨¦ supuestamente robado directamente a sor Mar¨ªa G¨®mez Valbuena.
Antes de citarles, el juez hab¨ªa pedido a la polic¨ªa judicial que los localizara de forma ¡°urgente¡± y que remitiera al juzgado un informe sobre su estado f¨ªsico y mental para poder ser interrogados dada la avanzada edad de la mayor¨ªa de ellos, entre 70 y 80 a?os.
Todos est¨¢n citados en calidad de testigos y a petici¨®n de las partes, Guillermo Pe?a, abogado de Marisa Torres, la madre que denunci¨® en la Fiscal¨ªa de Madrid el robo de su hija en 1982, y Jos¨¦ Mar¨ªa Calero, letrado de la imputada, sor Mar¨ªa G¨®mez Valbuena.
Adem¨¢s de a esos m¨¦dicos, el juez tambi¨¦n ha citado a declarar como testigo al juez del Registro Civil en aquel momento, que, a petici¨®n de sor Mar¨ªa, seg¨²n fuentes del caso, inscribi¨® a aquel beb¨¦ fuera de plazo.
A petici¨®n de Guillermo Pe?a, abogado de Marisa Torres, el juez tambi¨¦n ha solicitado los libros de la contabilidad de la cl¨ªnica Santa Cristina para ver si el centro ingres¨® el dinero que sor Mar¨ªa cobr¨® a los padres adoptivos de la supuesta ni?a robada. Alejandro Alcalde, padre adoptivo de Pilar, relat¨® a este diario que la monja le hizo pagar casi 100.000 pesetas en concepto de estancia de la madre biol¨®gica en el hospital, anestesia, quir¨®fanos y papeleo. A¨²n conserva las facturas.
Marisa Torres dio a luz en la cl¨ªnica Santa Cristina el 31 de marzo de 1982. El pasado 2 de abril relat¨® al juez que admiti¨® su denuncia ¡ªderivada desde la Fiscal¨ªa de Madrid¡ª que acudi¨® a sor Mar¨ªa tras ver un anuncio en una revista en la que la monja, que trabajaba como asistente social en la cl¨ªnica, promet¨ªa ayuda para madres en apuros. Ella lo estaba. Acababa de separarse de su marido, con el que ten¨ªa otra ni?a de dos a?os, y su nuevo novio no quiso saber nada cuando le dijo que estaba embarazada. Cuando fue a verla, sor Mar¨ªa la tranquiliz¨®, y le habl¨® de unas guarder¨ªas donde podr¨ªa dejar a su beb¨¦ mientras trabajaba. Mar¨ªa Luisa cont¨® al juez que tras el parto, la monja la amenaz¨® con denunciarla por adulterio y quitarle a su otra hija. Le explic¨® que se asust¨®. Que sali¨® de la cl¨ªnica sin su beb¨¦. Y que conoci¨® a su hija, Pilar, 29 a?os despu¨¦s, gracias, sobre todo, al tes¨®n de Alejandro, padre adoptivo de Pilar, y a la investigaci¨®n de Pilar G¨®miz, periodista de Antena 3.
Marisa y su hija acudieron al juzgado a contar su historia el pasado 3 de abril. Al d¨ªa siguiente, el juez decidi¨® imputar y citar para un interrogatorio a sor Mar¨ªa G¨®mez Valbuena. Llegado el momento, y por consejo de su abogado, Jos¨¦ Mar¨ªa Calero, letrado de los padres de la menor asesinada Marta del Castillo, la monja se acogi¨® a su derecho a no declarar. Sor Mar¨ªa, perteneciente a la congregaci¨®n de las Hijas de la Caridad, no respondi¨® a las preguntas del juez, pero esa misma tarde envi¨® una nota a los medios de comunicaci¨®n exculp¨¢ndose: ¡°Me repugna, en lo m¨¢s hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable la separaci¨®n de un reci¨¦n nacido de su madre biol¨®gica realizada bajo coacciones y amenazas¡±.
Sor Mar¨ªa est¨¢ imputada por los supuestos delitos de detenci¨®n ilegal permanente ¡ªpenado con hasta 20 a?os de prisi¨®n¡ª y falsedad documental. ¡°Hay dos documentos firmados por ella y por el director de la cl¨ªnica Santa Cristina certificando que aquel beb¨¦ ten¨ªa padres desconocidos, pero Marisa Torres nunca firm¨® un documento de renuncia a su hija¡±, explica su abogado.
La asociaci¨®n SOS Beb¨¦s Robados tiene otras siete denuncias en los juzgados de Madrid por robo de ni?os. Tres de ellas apuntan a sor Mar¨ªa.
Protecci¨®n de Datos certifica que un hospital destruy¨® sus archivos anteriores a 1990
La Agencia de Protecci¨®n de Datos ha cerrado su primera investigaci¨®n relacionada con un posible caso de beb¨¦ robado. Acaba de contestar a Vicente Gonz¨¢lez Olaya que el hospital Nuestra Se?ora del Rosario, de Madrid, donde cree que fue sustra¨ªda su hermana en 1961, comenz¨® a destruir sus archivos en 1990. Cinco a?os antes, en 1985, este diario denunciaba adopciones irregulares de beb¨¦s nacidos en esa cl¨ªnica gestionadas a trav¨¦s de sor Pura, la monja que dirig¨ªa entonces una residencia para madres solteras en Carabanchel. Directivos del Consejo Superior de Menores y la Diputaci¨®n de Madrid mediaron para apartarla de la direcci¨®n del centro por las numerosas denuncias de mujeres que la acusaban de coaccionarlas para que entregaran a sus futuros hijos.
Cuando Gonz¨¢lez Olaya, periodista de este diario, acudi¨® al hospital Nuestra Se?ora del Rosario para pedir la historia cl¨ªnica de su madre y tratar de averiguar algo m¨¢s, le dijeron que hab¨ªan destruido los archivos. La Agencia de Protecci¨®n de Datos abri¨® una investigaci¨®n de oficio para comprobarlo. La ley de autonom¨ªa del paciente permite la destrucci¨®n de esa documentaci¨®n pasados cinco a?os, pero en el momento del parto a¨²n no hab¨ªa entrado en vigor esa normativa as¨ª que decidi¨® acudir para certificarlo.
En la resoluci¨®n que ha enviado a Gonz¨¢lez Olaya, de 16 p¨¢ginas, explica que el pasado 20 de junio ¡°se realiz¨® inspecci¨®n en el centro hospitalario¡± y se comprob¨® que el centro no ten¨ªa tal documento. El personal asegur¨®, seg¨²n recoge la resoluci¨®n, que ¡°desconocen los procedimientos establecidos para el registro de pacientes y custodia de historias cl¨ªnicas por parte del hospital hasta el a?o 1990¡±. La resoluci¨®n a?ade que, seg¨²n ha podido comprobar, desde 2006 el hospital conserva las historias cl¨ªnicas durante 15 a?os, y que antes de esa fecha solo se conservaban durante cinco.
No obstante, el funcionario de la Agencia de Protecci¨®n de Datos pudo comprobar durante su inspecci¨®n, que el hospital conserva un archivo de ¡°varios contenedores¡± de historias cl¨ªnicas en papel ¡°cerrado con llave¡±. Al pedir una historia cl¨ªnica del a?o 2006 se la facilitaron sin problemas.
Finalmente, la Agencia de Protecci¨®n de Datos recuerda a Gonz¨¢lez Olaya que puede acudir a los tribunales. ?l ya ha decidido que lo har¨¢. ¡°Quiero acceder a los varios contenedores de historias cl¨ªnicas del hospital. Los datos est¨¢n all¨ª¡±, insiste. Est¨¢ convencido de que su hermana es una ni?a robada. Tras el parto, a su madre le comunicaron que el beb¨¦ hab¨ªa muerto ¡°ahogado por el cord¨®n umbilical¡±, pero no hay rastro en ning¨²n registro. Ni como viva ni como muerta. En el Archivo Regional de Madrid no consta el parto. En el libro de familia tampoco. No est¨¢ enterrada en ninguno de los 15 cementerios de Madrid. Y el hospital donde naci¨® dice que destruy¨® los archivos.
La resoluci¨®n que la Agencia de Protecci¨®n de Datos ha enviado a Gonz¨¢lez Olaya incluye 12 p¨¢ginas con extractos del informe que emiti¨® el organismo para responder a una consulta del secretario de Estado de Justicia sobre las posibilidades legales de acceso a los archivos que est¨¢n planteando los afectados por robo de ni?os. Recuerda que el acceso a la documentaci¨®n sanitaria por parte de terceros podr¨ªa ser posible ¡°con fines judiciales¡±.
Las asociaciones de afectados por robo de ni?os han pedido en reiteradas ocasiones, tambi¨¦n en las reuniones que han mantenido con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que se cree un equipo de trabajo en la polic¨ªa judicial para que acceda a los registros de nacidos y fallecidos de los hospitales denunciados y los cruce con los datos del registro de adopciones.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Sobre la firma
Archivado En
- Caso Sor Mar¨ªa
- Mar¨ªa G¨®mez Valbuena
- Monjas
- Interrogatorios
- Ni?os robados
- Adopciones
- Tr¨¢fico beb¨¦s
- M¨¦dicos
- Tr¨¢fico personas
- Personal sanitario
- Tribunales
- Beb¨¦s
- Familia
- Poder judicial
- Casos judiciales
- Trata de seres humanos
- Investigaci¨®n judicial
- Infancia
- Delitos
- Proceso judicial
- Religi¨®n
- Sanidad
- Justicia
- Salud
- Espa?a