Polic¨ªas sin im¨¢genes, fuente de abusos

?La ¨²ltima iniciativa del Gobierno del PP en materia de orden p¨²blico ¡ªprohibir la toma de im¨¢genes de polic¨ªas mientras hacen su trabajo¡ª ha soliviantado a los movimientos sociales, a los partidos de la oposici¨®n y a los juristas, que en su mayor¨ªa la consideran contraria a la Constituci¨®n. Para muchos de ellos, esta suerte de censura persigue el mismo objetivo que otras medidas ya anunciadas, como el endurecimiento del C¨®digo Penal: disuadir a los manifestantes en un clima de creciente descontento social.

Aunque todav¨ªa hay muchos interrogantes sobre el proyecto, el director general de la Polic¨ªa, Ignacio Cosid¨®, avanz¨® el jueves los puntos clave. El fin es impedir que se difundan en Internet y en las redes sociales ciertas im¨¢genes de funcionarios que puedan poner en riesgo su integridad o vulneren el derecho a su intimidad y su propia imagen. El Gobierno pretende modificar la Ley de Seguridad Ciudadana y prohibir ¡°la captaci¨®n, reproducci¨®n o tratamiento de im¨¢genes, sonidos o datos de miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones cuando puedan poner en peligro su vida o en riesgo la operaci¨®n que est¨¢n desarrollando¡±.

¡°Es una medida claramente inconstitucional, que colisiona con el derecho a la informaci¨®n¡±, opina el catedr¨¢tico de Derecho Constitucional Javier P¨¦rez Royo. A su juicio, esa prohibici¨®n solo podr¨ªa decretarse en casos en los que, de forma muy evidente, pongan en riesgo su vida o su seguridad. Cosid¨® no especific¨® en qu¨¦ supuestos podr¨¢ vetarse la grabaci¨®n de im¨¢genes. Fuentes de Interior pusieron como ejemplo operaciones contra el terrorismo o el crimen organizado. Pero no aclararon qu¨¦ ocurrir¨¢ en el caso de las manifestaciones contra los recortes sociales, que van en aumento.

¡°Lo que pretenden, en el fondo, es evitar que haya testigos de una actuaci¨®n policial que pueda ser desproporcionada. Y la forma de saber si lo ha sido es a trav¨¦s de los medios gr¨¢ficos¡±, abunda P¨¦rez Royo. En una l¨ªnea similar se expresa Jaume Asens, abogado barcelon¨¦s ligado a los movimientos sociales: ¡°Se trata de dar impunidad institucional a los excesos de la polic¨ªa. Esta concepci¨®n estrecha de miras pone a los polic¨ªas por encima de la ley y los deja fuera de la mirada p¨²blica¡±.

El PP pretende ¡°disuadir¡± a los ciudadanos de ir a manifestaciones

La iniciativa genera dudas: ?Qui¨¦n, c¨®mo y por qu¨¦ decidir¨¢ cu¨¢ndo se pueden tomar im¨¢genes? Interior solo dispone, por ahora, de un documento de trabajo que no trata ese extremo. Para algunos abogados, como el penalista Javier Melero, ah¨ª radica uno de sus principales problemas. ¡°Puede dar lugar a abusos. En una situaci¨®n de crispaci¨®n, como una protesta, ?el polic¨ªa podr¨¢ hacer una ponderaci¨®n normativa y tomar la decisi¨®n correcta?¡±, se pregunta. ¡°Puede sentirse intimidado y prohibirlo¡±, abunda Melero, que subraya el ¡°efecto intimidatorio¡± sobre quien capta im¨¢genes, ya que se le podr¨ªa exigir ser identificado.

Otro aspecto problem¨¢tico, se?ala Melero, es prohibir la ¡°captaci¨®n¡± de im¨¢genes solo porque esta puede obstaculizar la actuaci¨®n policial. ¡°Esto es muy sutil. Hay una presuposici¨®n de que el polic¨ªa har¨¢ una valoraci¨®n adecuada. Lo que no puede ser es que se proh¨ªba por una mera sospecha de obstaculizaci¨®n, ha de ser un peligro real¡±, a?ade.

Que la medida sobrepasa los l¨ªmites de la Constituci¨®n es algo que tambi¨¦n respaldan algunas asociaciones de jueces y fiscales. Maria Moret¨®, portavoz de la Uni¨®n Progresista de Fiscales, lo tiene claro: la medida del Gobierno es una ¡°reacci¨®n¡± para ¡°disuadir¡± las movilizaciones ciudadanas que ¡°ha habido y habr¨¢ contra los recortes y a la vista del empobrecimiento del pa¨ªs¡±.

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, afirma que la medida es ¡°desproporcionada¡± y vulnera el derecho a la informaci¨®n. Sobre todo si, como pretende el Gobierno, la prohibici¨®n se acuerda con car¨¢cter general, y no excepcional. Los ciudadanos, defiende Bosch, tienen derecho a ¡°comunicar y recibir im¨¢genes¡± por cualquier medio y a denunciar posibles abusos o excesos policiales. ¡°Siempre ser¨¢ l¨ªcita la filmaci¨®n de un acto delictivo por parte de la polic¨ªa¡±, subraya Melero.

¡°Cuando hay una imagen gr¨¢fica, el polic¨ªa puede llegar a ser sancionado. De lo contrario, ante la denuncia de un ciudadano, sin im¨¢genes, su versi¨®n siempre se puede cuestionar, ya que queda confrontada a la del agente¡±, opina el penalista Carles Monguilod, quien a?ade que la medida del Gobierno sirve m¨¢s para ¡°dar impunidad ante posibles excesos¡± que para proteger a unos polic¨ªas que ya van uniformados y, en algunos casos ¡ªcomo los antidisturbios¡ª cubren su rostro y ocultan su identidad.

El veto podr¨ªa colisionar con el derecho a recibir informaci¨®n

¡°El derecho a comunicar informaci¨®n veraz es uno de los pilares del Estado¡±, dice el abogado Jordi Bertomeu Garc¨ªa, quien considera que la legislaci¨®n ya ofrece ¡°mecanismos suficientes de protecci¨®n¡± para los agentes.

¡°Hay que valorar si existen f¨®rmulas que permitan compatibilizar el derecho a la informaci¨®n con el buen funcionamiento de las operaciones policiales y el derecho a la intimidad y a la integridad f¨ªsica de los a los agentes¡±, manifiesta Marc Molins Raich, del despacho Roca Junyent. Molins cree que esa v¨ªa es posible porque ¡°hoy en d¨ªa, cualquier programa inform¨¢tico permite difundir im¨¢genes protegiendo la intimidad de sus protagonistas¡±, por lo que considera que, ¡°tal vez¡±, la prohibici¨®n de Interior es innecesaria y bastar¨ªa con redactar un protocolo dirigido a los medios de comunicaci¨®n.

Pero con tel¨¦fonos m¨®viles y c¨¢maras dom¨¦sticas cualquier ciudadano es ya transmisor de informaci¨®n a trav¨¦s de Internet y las redes sociales; adem¨¢s, la multiplicaci¨®n de plataformas complica la persecuci¨®n en la Red. Eso preocupa al Ministerio del Interior, la aparici¨®n incontrolada de im¨¢genes de polic¨ªas. Ocurri¨®, por ejemplo, en las protestas del 29-M en Barcelona, cuando agentes de los Mossos d¡¯Esquadra que iban de paisano fueron identificados. Sus nombres y sus caras se difundieron por la red.

Los medios, se?ala el catedr¨¢tico P¨¦rez Royo, gozan de una protecci¨®n reforzada. Pero el derecho de informaci¨®n (a recibirla y a transmitirla) tambi¨¦n incumbe al particular. Este puede colgar una fotograf¨ªa y un v¨ªdeo en internet y acompa?arlo, por ejemplo, de un comentario. En este caso, est¨¢ ejerciendo su libertad de expresi¨®n, por lo que la medida anunciada por Cosid¨® tambi¨¦n podr¨ªa, eventualmente, entrar en colisi¨®n con este otro derecho fundamental.

La presidenta de la Federaci¨®n de Asociaciones de Periodistas de Espa?a (FAPE), Elsa Gonz¨¢lez, advierte de que el anuncio ¡°suena a censura¡± y priva a los ciudadanos del derecho a una informaci¨®n veraz. Gonz¨¢lez considera que se hurta ese derecho con el pretexto de proteger a los polic¨ªas y recuerda que estos deben ir siempre identificados. ¡°No somos partidarios de ninguna norma restrictiva, s¨ª de la autorregulaci¨®n responsable¡±.

Una de las preocupaciones de los sindicatos policiales ¡ªque ha atendido el ministerio¡ª es que las im¨¢genes tomadas en las intervenciones policiales puedan utilizarse despu¨¦s, en las redes sociales, como forma de escarnio. O, lo que es m¨¢s grave, que sirvan para instigar una campa?a de acoso contra determinado polic¨ªa, en el caso en que se llegue a conocer su nombre e identidad. Interior pretende, en todo caso, ¡°buscar un equilibrio¡±, seg¨²n Cosid¨®.

El viernes, el ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, remach¨® la idea lanzada la v¨ªspera por su director general: el ordenamiento jur¨ªdico, dijo, ¡°debe y va a ser capaz¡± de hallar mecanismos para que el respeto a la libertad de expresi¨®n ¡°no sirva nunca de parapeto¡± para atentar contra el honor o poner en peligro la seguridad de los ciudadanos y de los polic¨ªas. Fern¨¢ndez D¨ªaz admiti¨® que los derechos de informaci¨®n y expresi¨®n son ¡°condici¨®n necesaria para la buena salud de la democracia¡±. Pero a?adi¨® que estos derechos pueden ¡°pervertirse¡± y convertirse en ¡°lesi¨®n al derecho al honor¡± e incluso en un ¡°instrumento para perturbar la seguridad ciudadana¡±.

Para el presidente de la conservadora Asociaci¨®n de Fiscales (AF), Antonio Roma, una cosa es tomar im¨¢genes de un polic¨ªa y, otra muy distinta, darles un uso inadecuado. ¡°No puedo usar una imagen para hacer escarnio o iniciar una persecuci¨®n contra un funcionario¡±. Roma se?ala, adem¨¢s, que no est¨¢ de acuerdo con que los polic¨ªas tengan que llevar visible su n¨²mero de identificaci¨®n. ¡°La polic¨ªa est¨¢ organizada y hay sistemas de control para saber qu¨¦ hace cada agente¡±.

El penalista Jorge Navarro, de Molins & Silva, matiza tambi¨¦n que existe gran ¡°facilidad¡± para obtener ¡°grabaciones innecesarias de polic¨ªas¡± y que, en algunos casos, se producen ¡°usos inadecuados¡± que pueden poner ¡°en peligro la seguridad del agente o afectar a su vida privada¡±. Navarro coincide con la mayor¨ªa de los expertos al afirmar que se debe atender a las circunstancias particulares de cada caso.

Los expertos admiten que puede haber usos perversos de esas im¨¢genes. Pero dudan de que la soluci¨®n tenga que ser preventiva; es decir, prohibir que se graben por temor al uso posterior. ¡°Si se produce un acoso, eso es un delito que ya est¨¢ previsto y hay que perseguirlo. Pero no hacerlo de forma preventiva¡±, dice Moret¨®. ¡°Si la polic¨ªa se excede, ?por qu¨¦ no van a poder captarse im¨¢genes en la v¨ªa p¨²blica?¡±, se pregunta. ¡°Si esto pasa, hay mecanismos para perseguirlo. Es poner la venda antes que la herida¡±, ilustra Monguilod. Melero a?ade que la difusi¨®n de im¨¢genes que inciten a la violencia ¡°ya est¨¢ contemplada¡±, por lo que la medida ser¨ªa ¡°redundante¡±.

Para Asens, es leg¨ªtimo que ¡°la actuaci¨®n de un polic¨ªa pueda ser objeto de cr¨ªtica y de debate p¨²blico¡±. El abogado se?ala la ¡°contradicci¨®n¡± entre las pr¨¢cticas policiales habituales y el proyecto que ahora pretende impulsar Interior. Los antidisturbios, por ejemplo, graban de forma habitual las manifestaciones. En Catalu?a, el consejero de Interior, Felip Puig, ha llegado a proponer que se incorporen c¨¢maras en los cascos de los mossos. Y, con motivo de los actos vand¨¢licos del 29 de marzo, durante la huelga general, abri¨® una p¨¢gina web con fotograf¨ªas de los presuntos v¨¢ndalos y animaba a la ciudadan¨ªa a colaborar para identificarlos.

¡°La intimidad que Interior no ve afectada en todas estas medidas s¨ª la ve peligrar en el caso de los polic¨ªas¡±, lamenta Asens, quien sostiene que es ¡°muy dif¨ªcil¡± identificar a los polic¨ªas.

Los partidos de la oposici¨®n tambi¨¦n se sumaron a las cr¨ªticas. El PSOE pidi¨® a Fern¨¢ndez D¨ªaz que comparezca en el Congreso para explicar la medida. Por su parte, el portavoz de IU en el Congreso, Jos¨¦ Luis Centella, calific¨® de ¡°barbaridad¡± e ¡°intento de censura¡± la medida. ¡°El PP sigue en la l¨ªnea de ser el partido de la porra y de criminalizar las protestas¡±, denunci¨®.