3.000 euros por preguntar

Preguntar al Gobierno sale caro. La organizaci¨®n no gubernamental Access Info Europe, que lucha por la transparencia informativa, ha sido condenada por el Tribunal Supremo a pagar 3.000 euros de costas por querer conocer las medidas que ha adoptado Espa?a para luchar contra la corrupci¨®n. El Supremo sostiene que los datos solicitados son una forma de pedir explicaciones al Ejecutivo y no una petici¨®n de informaci¨®n en s¨ª. La sentencia se conoce justo cuando el Parlamento est¨¢ tramitando la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci¨®n y Buen Gobierno. Espa?a es, precisamente, el ¨²nico pa¨ªs europeo de m¨¢s de un mill¨®n de habitantes que no tiene una legislaci¨®n que ponga coto al secretismo de la Administraci¨®n y abra los archivos de todas las instituciones que reciben fondos p¨²blicos.

La pregunta de los 3.000 euros fue formulada en marzo de 2007 (ya se sabe que la justicia es lenta) y su destinatario era la Presidencia del Gobierno, que la rebot¨® al Ministerio de Justicia. Al no obtener respuesta de este departamento, Access Info interpuso un recurso contencioso-administrativo en el que expon¨ªa que se hab¨ªa conculcado el derecho fundamental a recibir libremente informaci¨®n y que la Administraci¨®n no hab¨ªa cumplido con su obligaci¨®n de dictar una resoluci¨®n expresa en todos los procedimientos.

Lo que la ONG quer¨ªa saber era concretamente el ¡°desarrollo legislativo derivado de la adhesi¨®n de Espa?a al convenio de la OCDE para la lucha contra la corrupci¨®n de agentes p¨²blicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales y al convenio de las Naciones Unidas contra la corrupci¨®n¡±. Con el silencio administrativo, Justicia le dio carpetazo a la cuesti¨®n. Pero Access Info recurri¨® a los tribunales y la Audiencia Nacional sentenci¨® que la Constituci¨®n no garantiza el derecho del ciudadano a solicitar seg¨²n qu¨¦ datos. ¡°No se puede pretender que el derecho fundamental a recibir informaci¨®n veraz por cualquier medio de comunicaci¨®n incluya un deber general de la Administraci¨®n a informar sobre cualquier materia¡±, resolvi¨®.

En su recurso al Supremo, la ONG invoc¨® las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reconocen el derecho de acceso a los datos p¨²blicos. Expuso tambi¨¦n el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n (libertad de expresi¨®n y de opini¨®n) y el 23 (derecho a la participaci¨®n de los ciudadanos en la vida p¨²blica).

El Supremo, seg¨²n Access Info, reconoce que la Administraci¨®n incumple con su obligaci¨®n de contestar, escud¨¢ndose en la figura del silencio administrativo para acabar condenando en costas a quien reclama amparo judicial. Para Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe, ¡°esta situaci¨®n es bastante sorprendente, especialmente para un pa¨ªs que est¨¢ diciendo a la comunidad internacional que est¨¢ haciendo esfuerzos por mejorar la Ley de Transparencia¡±.

As¨ª es como los ciudadanos se han quedado sin saber qu¨¦ est¨¢ haciendo el Gobierno para luchar contra la corrupci¨®n, qu¨¦ ¨®rgano es el encargado de prevenir la corrupci¨®n cometida por personas y entidades espa?olas, privadas o p¨²blicas, o con qu¨¦ recursos (materiales y humanos) se cuenta para llevar a cabo esta misi¨®n. Mantener oculta esta informaci¨®n hace de Espa?a una excepci¨®n. Pa¨ªses como Argentina, Chile, Colombia o Armenia facilitaron en tiempo y forma los datos reclamados por Access Info Europe. ¡°Es una situaci¨®n que roza lo rid¨ªculo y que adem¨¢s de seguir sumando derrotas a la transparencia en Espa?a, perjudica a¨²n m¨¢s la imagen de las instituciones p¨²blicas¡±, apunta Victoria Anderica, coordinadora de campa?as de Access Info. La organizaci¨®n conf¨ªa en que con la Ley de Transparencia que tramita el Parlamento, Espa?a deje de estar en la lista de pa¨ªses opacos. Ahora la pelota est¨¢ en el tejado del Constitucional y en el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos.