El aumento de las tasas judiciales frenar¨¢ la lucha contra la violencia machista

En los pr¨®ximos d¨ªas, divorciarse, hacer una liquidaci¨®n de bienes gananciales o interponer una petici¨®n de pensi¨®n compensatoria ser¨¢ m¨¢s caro. Y ese aumento de las tasas judiciales ¨Cque afecta a todo aqu¨¦l que no tenga acceso, por renta, a la justicia gratuita¡ª puede suponer una barrera para la lucha contra la violencia de g¨¦nero. ¡°Denunciar ante la polic¨ªa malos tratos no tiene coste, pero romper el ¨²ltimo lazo con el agresor recurriendo al divorcio y repartir los bienes del matrimonio ser¨¢ ahora m¨¢s caro, y por tanto un obst¨¢culo para que las mujeres v¨ªctimas de la violencia sigan adelante con los procesos judiciales¡±, ha alertado esta ma?ana la presidenta del Observatorio contra la Violencia Dom¨¦stica y de Genero del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalb¨¢n.

Las tasas, publicadas hoy en el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE) y que iban a entrar en vigor ma?ana, pero cuya implantaci¨®n se ha retrasado 'in extremis' unas semanas porque los impresos correspondientes no estaban a¨²n listos, son diversas. As¨ª, un divorcio puede costar entre 300 euros en primera instancia y de mutuo acuerdo a 800 euros en apelaci¨®n; todo ello si no hay peticiones econ¨®micas. ¡°Si las hay, a la cuant¨ªa reclamada hay que sumarle una escala gradual, que supone un impacto brutal¡±, advierte ?ngela Cerrillos, presidenta de la Asociaci¨®n de Mujeres Juristas Themis. Y si existen esas peticiones econ¨®micas (pensi¨®n, indemnizaci¨®n¡­), a la cuant¨ªa reclamada hay que sumar, adem¨¢s, una escala gradual. Un ejemplo: en el momento que un matrimonio que se quiere divorciar tenga una vivienda, un coche o cualquier bien, hay que calcular cuanto es el valor de todo, aplicarle la tasa fija que corresponda y luego un porcentaje de 0,5% de impuesto, que ir¨ªa a parar a las arcas del Estado. Las tasas no afectan a aquellas personas que tengan derecho, por renta, a la justicia gratuita. Un n¨²mero, cree Cerrillos, ¡°muy limitado¡±. Solo pueden recurrir al sistema gratuito las personas cuya unidad familiar tenga ingresos inferiores a unos 1.500 euros mensuales.

Para Montalb¨¢n, la nueva cuant¨ªa de los impuestos judiciales coartar¨¢ a las v¨ªctimas de interponer una demanda ante la justicia. Las tasas no afectan a los procedimientos penales pero s¨ª a los civiles como las liquidaciones de gananciales, la interposici¨®n de medidas de indemnizaci¨®n por dedicaci¨®n a la familia, la pensi¨®n compensatoria, la reclamaci¨®n del uso del domicilio familiar, el divorcios... Solo est¨¢ exentos, explica Cerrillo, los procesos donde solo se pide la custodia de los hijos. ¡°Pero, qui¨¦n pide solo eso¡±, apunta.

La conclusi¨®n, advierte la presidenta del Observatorio del CGPJ, es que cada vez menos mujeres v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero pedir¨¢n estas medidas. ¡°Solo escuchar la palabra tasa, ya provoca rechazo¡±, dice. Dese 2007, los juzgados espa?oles han registrado 735.730 denuncias por violencia de g¨¦nero --una media de 360 diarias--. Sin embargo, en el 11,5% de los casos las mujeres decidieron no seguir adelante con el proceso judicial. Una renuncia que puede estar motivada, explican los expertos, por las presiones, el miedo y la limitada red social de apoyo econ¨®mico al que tienen acceso las v¨ªctimas. ¡°Y si a estas razones que ya existen se le suma ahora el impacto econ¨®mico de las tasas judiciales, el n¨²mero de renuncias pueden aumentar¡±, opina Montalb¨¢n, que cree que la medida que el ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallard¨®n ha sacado adelante persigue un ¡°af¨¢n recaudatorio, incompatible con el servicio p¨²blico de la justicia¡±.

El Consejo General del Poder Judicial est¨¢ preparando un informe sobre el impacto general y por apartados de la medida. A¨²n no est¨¢ listo ¨Caunque cuando se hizo p¨²blica este organismo ya advirti¨® de que podr¨ªa vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en la Constituci¨®n--. Sin embargo, el Observatorio present¨® el 31 de octubre una propuesta de enmienda de a todos los grupos parlamentarios para que no se aplicasen las tasas a aquellos procesos de separaci¨®n y divorcio tramitados en los juzgados de violencia de g¨¦nero, pero no se acept¨®.

Y es que, a pesar de que el llamado copago judicial se ha granjeado las cr¨ªticas de todos los grupos parlamentarios --de hecho el PSOE lo recurrir¨¢ al Tribunal Constitucional-- y por todo el sector judicial, la medida se ha tramitado con una velocidad pasmosa ¨Cel PP impuso un tr¨¢mite de urgencia para ello--. A la secretaria de Igualdad del PSOE, Puriricaci¨®n Causapi¨¦, tambi¨¦n le preocupa que el aumento de las tasas puedan actuar como freno a los procesos judiciales en esta materia. Por eso, explica, se reunir¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas con las organizaciones de mujeres que trabajan en violencia de g¨¦nero para ver c¨®mo puede afectar a las v¨ªctimas. ¡°Nos preocupa mucho este asunto, porque las mujeres que pasan por violencia machista suelen tener procesos judiciales muy conflictivos, y eso con las nuevas tasas los encarecer¨ªa enormemente¡±, argumenta Causapi¨¦.

Reforma del C¨®digo Penal

De las reformas emprendidas por el ministro de Justicia, el incremento de las tasas judiciales no es la ¨²nica que preocupa a los expertos en violencia de g¨¦nero. Tambi¨¦n inquieta, y mucho, la reforma del C¨®digo Penal. La nueva reglamentaci¨®n, mucho m¨¢s restrictiva, podr¨ªa eliminar sin embargo la falta de ¡®vejaciones injustas¡¯, el primer eslab¨®n en la cadena del maltrato, seg¨²n los expertos, en el que se hace imprescindible, adem¨¢s intervenir.

El anteproyecto del C¨®digo Penal tambi¨¦n contempla la posibilidad de que el juez suspenda el cumplimiento de una pena a cambio de un proceso de mediaci¨®n. Y, de momento, no ha contemplado los casos de violencia de g¨¦nero como una excepci¨®n a esto. Algo que las organizaciones de mujeres y juristas consideran un error flagrante. No solo, dicen, porque varias normas vetan la introducci¨®n de la mediaci¨®n como medida para condicionar la suspensi¨®n de la ejecuci¨®n de la pena; tambi¨¦n porque muchos documentos y estudios contraindican este sistema en los proceso de violencia de g¨¦nero.

¡°Dado el desequilibrio de poder entre v¨ªctima y agresor en casos de violencia de g¨¦nero no cabe la mediaci¨®n, cuyo principio b¨¢sico es la igualdad entre las partes. El ejercicio de la mediaci¨®n en esta casu¨ªstica pone en riesgo a la v¨ªctima al tiempo que minimiza la acci¨®n violenta del perpetrador¡±, indica Yolanda Besteiro, Presidenta de la Federaci¨®n de Mujeres Progresistas. Su organizaci¨®n y otras, como Federaci¨®n de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, la coordinadora Espa?ola para el Lobby Europeo de Mujeres o la Comisi¨®n de Investigaci¨®n de Malos Tratos han firmado un documento en el que expresan su alarma ante la reforma del C¨®digo Penal en lo que afecta a la lucha contra la violencia de g¨¦nero.

El anteoproyecto de C¨®digo Penal tambi¨¦n recoge la posibilidad del pago de una multa ara delitos machistas. Algo que la ley de violencia de g¨¦nero impide expresamente. ¡°Se prohibi¨® expresamente esa opci¨®n porque la experiencia nos demostr¨® que las multas reca¨ªan en realidad en las propias v¨ªctimas. Hemos encontrado casos en los que la mujer v¨ªctima de malos tratos ha ido a pagar la sanci¨®n a su a¨²n marido para evitar embargos¡±, explica Inmaculada Montalb¨¢n.

Menores enjuiciados

En el balance de los siete a?os de creaci¨®n de los juzgados de violencia sobre la mujer destacan algunas cifras. Por ejemplo la de menores enjuiciados. Desde 2007 (a?o en el que se empiezan a contabilizar), 778 adolescentes de entre 14 y 17 a?os han pasado por los juzgados acusados de delitos y faltas relacionados con al violencia de g¨¦nero. El n¨²mero de menores acusado por este tipo de causas ha aumentado un 23,7% en cinco a?os. En 2007 fueron enjuiciados 139, en 2011 ese n¨²mero subi¨® a 172, seg¨²n datos del Observatorio contra la Violencia Dom¨¦stica y de G¨¦nero del CGPJ. En el primer semestre de este a?o, han sido juzgados ya 81 adolescentes. Una cifra, ha dicho Montalb¨¢n, que dif¨ªcilmente se reducir¨¢ sin medidas espec¨ªficas de educaci¨®n y tratamiento especializado para los menores. ¡°Hay que intervenir para evitar el aprendizaje de comportamientos machistas¡±, ha reclamado.