Llamar al boicoteo, ?delito o derecho?
El activismo ciudadano forma parte de la libertad de expresi¨®n Las campa?as no pueden basarse en falsedades ni encubrir la competencia desleal
El 29 de octubre de 2011, el programa de televisi¨®n La noria emiti¨® una entrevista a Rosal¨ªa Garc¨ªa, la madre de El Cuco, implicado en la muerte de Marta del Castillo. Como ocurre en pr¨¢cticamente todos los formatos de este tipo, la entrevista fue pagada: unos 10.000 euros. Desde Internet, un bloguero lanz¨® inmediatamente una campa?a para que las marcas retiraran su publicidad de La noria. Y en apenas dos semanas el programa se hab¨ªa quedado sin anuncios. La cadena tuvo que cancelar el programa de la parilla despu¨¦s de ver esfumarse 3,7 millones de euros. Su imagen qued¨® seriamente da?ada.
Telecinco consider¨® que detr¨¢s de esta campa?a hubo un presunto delito de coacciones y amenazas e interpuso una querella contra Pablo Herreros, el bloguero que desat¨® la tormenta medi¨¢tica. La cadena entend¨ªa que esta acci¨®n, aventada por las redes sociales, exced¨ªa la mera cr¨ªtica al advertir a los anunciantes de que si no retiraban su publicidad boicotear¨ªan sus productos.
?Es l¨ªcito reclamar por el perjuicio econ¨®mico y de prestigio? ?Est¨¢ amparado el boicoteo en una sociedad democr¨¢tica? ?Es un instrumento de protesta que debe estar protegido por las leyes? ?Cu¨¢l es la frontera entre la cr¨ªtica y la amenaza? Los expertos consideran que acciones de este tipo forman parte de la libertad de expresi¨®n. Eso s¨ª, siempre y cuando no se asiente en cr¨ªticas infundadas o sean radicalmente falsas. Joan Barata, profesor de Derecho de la Comunicaci¨®n en la Universidad de Blanquerra URL, considera desproporcionado llevar este conflicto a un terreno penal. ¡°Ha habido un ejercicio de activismo en la Red, algo propio de cualquier sociedad democr¨¢tica¡±.
Cualquier comportamiento de una empresa que vaya en contra de la responsabilidad social corporativa es cuestionable, explica Barata, vicedecano de la Facultad de Comunicaci¨®n de Blanquerra. La protesta forma parte de la libertad de expresi¨®n y ¡°el derecho a criticar una gran empresa es como el derecho a criticar al poder pol¨ªtico¡±.
Un bloguero hizo caer la publicidad de Telecinco en 3,7 millones
En la misma l¨ªnea, Miguel ?ngel Presno, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, considera que el boicoteo forma parte del mensaje cr¨ªtico, y que desaconsejar el consumo de un determinado producto forma parte del mercado de las ideas. De manera tajante afirma que promover un boicoteo es legal. Y argumenta: ¡°La libertad de expresi¨®n es uno de los fundamentos esenciales de las sociedades democr¨¢ticas y protege no solo la sustancia de las ideas sino tambi¨¦n la forma en la que se transmiten. Las opiniones incluidas en un blog est¨¢n protegidas¡±. Entiende adem¨¢s que se protegen no solo las ideas que son favorablemente recibidas o consideradas inofensivas o indiferentes, sino tambi¨¦n las que chocan, inquietan u ofenden a una parte de la sociedad. ¡°Cuando el sujeto criticado tiene relevancia p¨²blica, como un medio de comunicaci¨®n tan conocido como Telecinco, el grado de protecci¨®n para la cr¨ªtica a ese sujeto debe ser mayor¡±, apunta Presno.
Pero no todo boicoteo est¨¢ amparado por la libertad de expresi¨®n. Depende de c¨®mo se oriente y de qui¨¦n lo orqueste. El profesor Joan Barata ve l¨ªmites: si una campa?a est¨¢ basada en cr¨ªticas infundadas o entra en el terreno de la falsedad o si se lanza desde un grupo econ¨®mico a otro. Este ser¨ªa un claro caro de competencia desleal. El conflicto entre Federico Jim¨¦nez Losantos y Abc es ilustrativo. El locutor radiof¨®nico emprendi¨® en 2006, desde los micr¨®fonos de la Cope, una campa?a contra el diario del grupo Vocento. El entonces director del programa La ma?ana pidi¨® desde las ondas a los suscriptores del Abc que se dieran de baja. Vocento demand¨® a la Cope y al propio Jim¨¦nez Losantos. El grupo de comunicaci¨®n interpret¨® que hubo una campa?a dolosa de denigraci¨®n que infring¨ªa la ley de competencia.
A ojos del profesor Barata el comportamiento de Losantos fue claramente anticompetitivo. Adem¨¢s, el caso tuvo otra vertiente: ¡°Se produjo un ataque al honor del entones director de Abc, Jos¨¦ Antonio Zarzalejos. La libertad de expresi¨®n no cubre el insulto¡±.
Diferente es cuando una organizaci¨®n, llevada por determinados ideales, planta cara a una empresa. Presno recuerda la campa?a que a mediados de los ochenta emprendi¨® London Greenpeace contra McDonald's. En 1986, cre¨® un panfleto de seis p¨¢ginas titulado Lo que no funciona en McDonald's y lo difundi¨® en el marco de esa campa?a. Entre otras cosas dec¨ªa: no solamente McDonald's y numerosas otras sociedades contribuyen a una importante cat¨¢strofe ecol¨®gica, sino que obligan igualmente a las poblaciones tribales de los bosques h¨²medos a abandonar sus territorios ancestrales, en los que viven apaciblemente, sin da?ar el medioambiente, desde hace miles de a?os. He aqu¨ª un ejemplo t¨ªpico de la arrogancia y brutalidad de las multinacionales en su b¨²squeda incesante de beneficios cada vez mayores. No es exagerado decir que, cuando usted come una Big Mac, ayuda al imperio de McDonald's a destruir nuestro planeta.
Losantos fue condenado por su campa?a desde la Cope contra el exdirector de 'Abc'? Jos¨¦ Antonio Zarzalejos
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que la expresi¨®n pol¨ªtica, inclusive sobre cuestiones de inter¨¦s general, exige un nivel elevado de protecci¨®n a efectos del art¨ªculo 10. Y consider¨®, apunta del profesor Presno, que en una sociedad democr¨¢tica, incluso los peque?os grupos de militantes no oficiales, como London Greenpeace (o como puede el bloguero que boicote¨® La noria) deben poder llevar a cabo sus actividades de forma efectiva y que existe un claro inter¨¦s general en autorizar a tales grupos y a los particulares fuera de la corriente dominante a contribuir al debate p¨²blico mediante la difusi¨®n de informaciones y de opiniones sobre cuestiones de inter¨¦s general, como la salud y el medioambiente.
Ya en Espa?a, el experto pone como ejemplo la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003 que ampar¨® a una agrupaci¨®n de ganaderos que, entre otras cosas, recomend¨® a sus asociados que no aceptaran semen de una concreta distribuidora Disega al considerar que la libertad de expresi¨®n comprende la cr¨ªtica de la conducta de otro, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues as¨ª lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el esp¨ªritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democr¨¢tica.
En esta sentencia del TC el profesor Presno considera determinante el car¨¢cter p¨²blico del sujeto sobre el que se emite la cr¨ªtica u opini¨®n ¡ªel programa La noria encajar¨ªa aqu¨ª¡ª, el contexto en el que se producen las manifestaciones enjuiciables y, por encima de todo, si en efecto contribuyen o no a la formaci¨®n de la opini¨®n p¨²blica libre. ¡°Este ¨²ltimo requisito¡±, dice, ¡°est¨¢ bien presente en el caso de La noria¡±.
Aunque la justicia le de la raz¨®n al denigrado, ?c¨®mo se resarce el da?o?
Presno considera que la protecci¨®n amplia de la libertad de expresi¨®n se extiende a las personas y grupos que participan en el foro p¨²blico (como es el caso del bloguero) ¡°pues existe un inter¨¦s general en permitir que estas personas o grupos contribuyan al debate p¨²blico difundiendo ideas sobre cuestiones que nos afectan a todos¡±.
En el caso del boicoteo a La noria, Mediaset Espa?a, el grupo que gestiona Telecinco, ha querido dejar claro que acepta la cr¨ªtica ¡°libremente expresada¡± y ha negado que su recurso a los tribunales haya sido una venganza contra el bloquero que, indirectamente, acab¨® con La noria, un programa que cosechaba grandes audiencias. ¡°Mediaset no puede silenciar a nadie ni vengarse de nadie¡±, ha sostenido la cadena.
Telecinco reconoce que en la cr¨ªtica est¨¢ la esencia misma de la libertad de expresi¨®n ¡ª¡°adem¨¢s de ser un derecho fundamental, es el germen de los medios de comunicaci¨®n privados, y entre ellos la televisi¨®n¡±¡ª. Pero asegura que una cosa es criticar, convencer o disuadir y otra muy distinta amenazar, que no es ¡°ni m¨¢s ni menos que imponer a otro un comportamiento contrario a su voluntad¡±. Y esto es algo que, en opini¨®n del operador televisivo, ¡°est¨¢ completamente al margen de la convivencia democr¨¢tica¡±.
Nadie duda, y tampoco el soci¨®logo y periodista Xavier Coller, de que la libertad de expresi¨®n no de deber¨ªa tener l¨ªmites en una sociedad ideal en la que todos los ciudadanos actuar¨¢n de forma responsable. ¡°Pero esto no siempre es as¨ª porque la vida real dista mucho de la vida ideal. Por eso se establecen l¨ªmites que tienen que ver con la honorabilidad de las personas y para proteger ciertos grupos, como los ni?os¡±, afirma.
Un equilibrio dif¨ªcil entre la expresi¨®n y la protecci¨®n de las personas
Tampoco cuestiona nadie que la libertad de expresi¨®n es un requisito previo de la democracia. ¡°Sin ella no puede existir democracia moderna¡±, advierte Coller. Pero a veces, bajo el paraguas del derecho a la libertad de expresi¨®n, ¡°ocurren comportamientos que son irresponsables, como difamar, calumniar o cosas similares¡±. ¡°Se trata de algo inevitable (aunque corregible con educaci¨®n) porque no todo el mundo tiene los mismos valores en la vida¡±, explica.
La actuaci¨®n del bloguero Pablo Herreros aspiraba a ser una llamada de atenci¨®n para que las televisiones dejaran de pagar a delincuentes por ir a contar su vida a los plat¨®s de televisi¨®n. Sin embargo, a veces este no es un comportamiento premeditado. ¡°Hemos visto c¨®mo en familias con escasos recursos afectadas por alg¨²n suceso tr¨¢gico los abogados les proponen que acudan a programas de televisi¨®n, y sean remunerados por ello, como v¨ªa para que esos abogados puedan cobrar su minuta¡±, confiesa un directivo de una cadena de televisi¨®n. De hecho, la madre de El Cuco compareci¨® ante las c¨¢maras de Cuatro y de Antena 3 antes de acudir al plat¨® de La noria y, seg¨²n diversas fuentes, cobr¨® de ambas cadenas.
En el caso de La noria, Mediaset entend¨ªa que se pudo haber traspasado la frontera de la libertad de expresi¨®n desde el momento en el que el bloguero que promovi¨® la campa?a decidi¨® mandar una carta a los anunciantes de la cadena es la que advert¨ªa: ¡°Si no se adhieren a nuestra propuesta, seguir¨ªamos exigi¨¦ndoselo en adelante y promover¨ªamos un boicoteo de sus productos¡±. Es dif¨ªcil, pero la clave es conseguir un equilibrio entre la garant¨ªa del ejercicio a la libertad de expresi¨®n y la protecci¨®n de las personas, organizaciones e instituciones que puedan ser objeto, como apunta Coller, de actuaciones poco honorables amparada bajo el derecho a la libertad de expresi¨®n.
Para el soci¨®logo, este equilibrio m¨¢s o menos se mantiene con el recurso a los tribunales. Pero insiste en que a veces, bajo el derecho a la libertad de expresi¨®n se denigra a una persona (o instituci¨®n), se recurre a los tribunales, el juez falla a favor del denigrado, pero el da?o est¨¢ hecho. ¡°A veces, ese da?o es irreparable o muy costoso de reparar¡±, subraya. Pone como ejemplo los casos de pol¨ªticos acusados de corrupci¨®n y que con el tiempo (a veces lustros) se demuestra que era todo mentira, pero tuvieron que dimitir.
El ¨²ltimo caso en la larga lista de ataques (a veces infundados) es el protagonizado por el asesor de Margaret Thatcher Alistair McAlpine, acusado en las redes sociales de pederastia tras ciertas insinuaciones de la venerada (hasta ahora) BBC.Los abogados de McAlpin reclaman a los tuiteros que paguen por haber difundido calumnias. ¡°Si la Red se caracteriza por algo es por la libertad que ofrece¡±, dice el profesor de la Universidad Complutense Ant¨®n ?lvarez. Pero si se insulta o se miente ¡°por supuesto que se puede denunciar¡±, aclara.
En el caso del pol¨ªtico brit¨¢nico, el da?o se ha visto multiplicado por el eco de Internet. ¡°Afortunadamente para el lord brit¨¢nico, tiene recursos para enfrentarse a la situaci¨®n y probablemente Scotland Yard coopere. Pero ?y si se trata de una persona sin recursos? ?O si, como es el caso ya en Espa?a, se tiene que pagar un dinero para iniciar un pleito contra quien, ampar¨¢ndose en su libertad de expresi¨®n, vierte acusaciones falsas contra una persona o una instituci¨®n u organizaci¨®n?¡±, se pregunta Xavier Coller. En estos casos, opina que se puede llegar a una indefensi¨®n que contribuyan a consolidar da?os dif¨ªcilmente irreparables.
En conflicto de La noria, las dos partes enfrentadas o han llegado a un pacto esta semana. La cadena retira la querella y el bloguero Pablo Herreros reconoce que la publicidad est¨¢ al margen de la l¨ªnea de la cadena en la que se emite. Pero ser¨¢ dif¨ªcil que el programa La noria vuelva alg¨²n d¨ªa la pantalla.
Ataques a la dignidad de las personas
Federico Jim¨¦nez Losantos. En 2006, el diario Abc interpuso una demanda ante un juzgado de lo Mercantil de Madrid contra la Cope y el que entonces era su periodista estrella y director del programa La ma?ana, Federico Jim¨¦nez Losantos. Desde los micr¨®fonos de la cadena de la Conferencia Episcopal, el locutor lanz¨® reiterados insultos contra el director de Abc en esa ¨¦poca, Jos¨¦ Antonio Zarzalejos, y pidi¨® a los suscriptores del diario que se dieran de baja. El grupo editor entend¨ªa que la Cope hab¨ªa producido una campa?a "dolosa de denigraci¨®n" que vulneraba la ley de competencia y reclam¨® una indemnizaci¨®n por da?os y perjuicios. En el pleito con Zarzalejos, el juez conden¨® al locutor por proferir expresiones ofensivas y vejatorias y por intromisi¨®n ileg¨ªtima en su honor. Le impuso una indemnizaci¨®n de 100.000 euros por haber usado expresiones ofensivas y vejatorias y por da?o injustificado a la dignidad de las personas.
Alistair McAlpine. Difundir rumores difamatorios y amplificar su efecto a trav¨¦s de las redes sociales puede considerarse delito. Al menos en Reino Unido. El pol¨ªtico conservador brit¨¢nico Alistair McAlpine ha puesto en marcha toda la artiller¨ªa jur¨ªdica para exigir compensaciones de los miles de tuiteros que reenviaron el falso rumor de que hab¨ªa abusado una docena de veces de un joven en los a?os setenta. La falsa noticia la difundi¨® en un principio la BBC, que indemnizar¨¢ al exasesor de Margaret Thatcher con 185.000 libras (230.000 euros). Pese a que el reportaje emitido en la cadena de televisi¨®n brit¨¢nica no le identificaba, su nombre salt¨® a toda velocidad a las redes sociales. Los abogados de McAlpine han localizado al menos 1.000 cuentas de Twitter que difundieron directamente los rumores o mandaron links con enlaces a p¨¢ginas de Internet en las que se le vinculaba a ¨¦l con los abusos en el hospicio del norte de Gales. A todos ellos les reclama una indemnizaci¨®n.
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