De la p¨²blica a la privada y al rev¨¦s
El trasvase de directivos y gestores entre la Administraci¨®n y las empresas de la sanidad evidencia sus estrechas relaciones y la falta de control y transparencia
Manuel Mar¨ªn Ferrer fue entre 2000 y 2007 el hombre de la Generalitat valenciana en el departamento de Salud de la comarca de La Ribera, de gesti¨®n privada. Durante este tiempo ocup¨® el cargo de comisionado. Su trabajo consist¨ªa en supervisar desde la Administraci¨®n a la empresa privada adjudicataria de la atenci¨®n sanitaria: Ribera Salud UTE. En septiembre de 2007 esa misma operadora sanitaria le fich¨® para ocupar el cargo de mayor responsabilidad: la direcci¨®n del departamento de Salud. Y pas¨®, sin etapas intermedias, de vigilar a la empresa desde su puesto de la Administraci¨®n p¨²blica sanitaria a estar en n¨®mina de la compa?¨ªa.
La prensa brit¨¢nica se ha hecho eco recientemente de casos que los anglosajones denominan gr¨¢ficamente ¡°puerta giratoria (revolving door)¡±: el tr¨¢nsito del sector p¨²blico al privado de directivos que pasan de vigilar a las empresas a trabajar para ellas. The Guardian publicaba el pasado 23 de noviembre que un exasesor de salud del Gobierno de Cameron acaba de ser fichado por un lobby de la sanidad privada.
En Espa?a tambi¨¦n existen casos similares, como muestra el caso de Mar¨ªn Ferrer. Tanto de personas que ponen al servicio de las firmas privadas todo el conocimiento adquirido en la sanidad p¨²blica como al contrario, cargos que desde la Administraci¨®n impulsan iniciativas privatizadoras que benefician a las empresas del sector sanitario y que algunos han bautizado como ¡°la estrategia del caballo de Troya¡±.
Esto sucede en un momento muy convulso para la sanidad p¨²blica, azotada por los recortes de gasto y con la mayor apuesta privatizadora registrada hasta ahora. La gesti¨®n de 10 hospitales en Madrid y Castilla-La Mancha est¨¢ a punto de cambiar de manos: de las p¨²blicas a las privadas. El rechazo a estas pol¨ªticas ha sacado a la calle en bloque al sector sanitario madrile?o.
Valencia y Madrid destacan por la ida y vuelta de sus ejecutivos sanitarios
El debate no es solo ideol¨®gico. Tambi¨¦n obedece a la falta de evidencia de que la privatizaci¨®n permite controlar el gasto, de transparencia respecto a los intereses del sector y de control sobre las empresas que intervienen en la sanidad p¨²blica. Los Gobiernos que han apostado por el modelo se han convertido frecuentemente en sus m¨¢ximos defensores, como lo son las propias compa?¨ªas que prestan el servicio y sacan r¨¦ditos de ¨¦l. No es extra?o el trasiego de altos cargos que cruzan de un lado a otro los ¨¢mbitos p¨²blico y privado.
El caso de Mar¨ªn Ferrer se produjo precisamente en la cuna de la gesti¨®n sanitaria privada de hospitales p¨²blicos, la localidad valenciana de Alzira. En 1999, el Gobierno del PP dirigido por Eduardo Zaplana lanz¨® el que ha acabado por conocerse como modelo Alzira, una f¨®rmula que se ha consolidado en la Comunidad Valenciana: la cobertura sanitaria p¨²blica del 20% de sus habitantes depende en estos momentos de una empresa. Mar¨ªn pas¨® a la compa?¨ªa que antes deb¨ªa vigilar. Entre sus funciones en la Administraci¨®n estuvo la de fiscalizar a Ribera Salud UTE (participada mayoritariamente por Adeslas y Ribera Salud), que se ocupa de la atenci¨®n sanitaria de los 250.000 vecinos de la comarca de La Ribera. Sus atribuciones inclu¨ªan comprobar que se ajustaba a las cl¨¢usulas del contrato y que se cumpl¨ªa los criterios de calidad asistencial pactados.
Mar¨ªn Ferrer, en una respuesta por escrito a este diario, no considera que est¨¦ incurriendo en un posible conflicto de intereses al haber pasado al otro lado. ¡°La Administraci¨®n y la empresa concesionaria act¨²an en todo momento como aliados (...) para garantizar una asistencia p¨²blica y de calidad, como demuestran las encuestas, a los pacientes y a nuestros profesionales, por lo que no se produce ninguna incompatibilidad¡±.
No existe ninguna regulaci¨®n acerca de los conflictos de intereses en que pueda caer la figura del comisionado en los departamentos de gesti¨®n privada. No hay normas que impidan, de un d¨ªa para otro, sentarse al otro lado de la mesa y pasar de servir al inter¨¦s general a poner sus conocimientos al servicio de la empresa que supervisaba.
El debate incluye las dudas sobre el ahorro que supone privatizar
Tampoco existe una normativa capaz de preservar con garant¨ªas el inter¨¦s p¨²blico en las nuevas f¨®rmulas de gesti¨®n sanitaria ante su creciente expansi¨®n e implantaci¨®n. La consultora PriceWaterhouse Coopers llama la atenci¨®n sobre ello en el informe Diez temas candentes de la sanidad espa?ola para 2012. ¡°Con el objetivo de resolver algunos de los aspectos m¨¢s controvertidos de estas f¨®rmulas de colaboraci¨®n [p¨²blico privadas, en general], ser¨ªa razonable iniciar el debate sobre la conveniencia de dise?ar un marco regulatorio que asiente las bases de los intereses p¨²blicos a preservar, junto con el tipo de relaci¨®n deseable con la empresa o empresas privadas implicadas¡±, recoge en el cap¨ªtulo titulado Es el momento de relanzar la colaboraci¨®n p¨²blico-privada.
La Sociedad Espa?ola de Salud P¨²blica y Administraci¨®n Sanitaria (SESPAS), de la que forman parte 12 sociedades cient¨ªficas, es m¨¢s expl¨ªcita. Primero, destaca la falta de informaci¨®n sobre el resultado de las experiencias privatizadoras: ¡°Contrariamente a lo que publicitan sus defensores, en la pr¨¢ctica no se han demostrado ventajas que aconsejen su adopci¨®n¡±. Esta informaci¨®n tan limitada ¡°solo ha permitido alertar del riesgo veros¨ªmil que la excesiva proximidad entre autoridades y concesionarios puede suponer al reducir la eficacia de la supervisi¨®n sobre los servicios prestados¡±, a?ade. Y a¨²n va m¨¢s lejos al avisar del ¡°enorme riesgo de captura del regulador¡±, fen¨®meno que se da cuando la influencia de las empresas [en este caso el sector privado sanitario] es tal que tiene la capacidad de someter a la Administraci¨®n, anular su funci¨®n inspectora y convertir al regulador ¡°en casos extremos en defensor de los intereses de la empresa dominante¡±, en lugar del inter¨¦s general.
"No se produce ninguna incompatibilidad", dice un afectado
¡°Puede tener sentido separar el proveedor de los servicios [privado] del financiador [p¨²blico], pero siempre que exista un control estricto del segundo respecto del primero¡±, a?ade Juan Oliva, presidente de la Asociaci¨®n de Econom¨ªa de la Salud (de ¨¢mbito estatal, tiene unos 900 socios, m¨¦dicos o economistas, y forma parte de SESPAS). ¡°El problema de fondo es que faltan normas de buen gobierno¡± respecto a este modelo, a?ade. En especial cuando pocos operadores sanitarios copan el mercado y, gracias a ello, adquieren gran capacidad de influencia sobre las Administraciones que contratan sus servicios, como sucede en Espa?a con el peso de Ribera Salud y Capio, los dos principales grupos que gestionan hospitales p¨²blicos.
Un ejemplo de presunto ¡°caballo de Troya¡± es Antonio Burgue?o, director general de Hospitales de la Consejer¨ªa de Sanidad madrile?a desde 2008, ide¨®logo del plan sanitario madrile?o para 2013 (privatizaci¨®n de la gesti¨®n de seis hospitales y 27 centros de salud), que pas¨® m¨¢s de 20 a?os trabajando para empresas del sector. En su ¨¦poca como director asistencial en Adeslas puso en marcha el hospital de Alzira. Despu¨¦s asesor¨® a Capio en la construcci¨®n del hospital de Valdemoro ¡ªtraslaci¨®n del modelo Alzira a Madrid¡ª, inaugurado en 2007. Su hijo, Antonio Burgue?o Jerez, trabaja para Ribera Salud, a la que asesor¨® en el proyecto del hospital de Torrej¨®n (reci¨¦n comprado por Sanitas), que la Consejer¨ªa de Sanidad adjudic¨® cuando Burgue?o padre estaba en el cargo.
Los expertos alertan de la "excesiva proximidad" de firmas y autoridades
En Madrid el trasvase funciona en las dos direcciones. Los dos ¨²ltimos consejeros de Sanidad tienen intereses en la sanidad privada. Manuel Lamela estuvo en el cargo entre 2003 y 2007, cuando le salpic¨® el esc¨¢ndalo del caso de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Legan¨¦s. En 2010 cre¨® la sociedad mercantil Madrid Medical Destination, S. L., dedicada a promocionar Madrid como destino del turismo sanitario. Los periodistas a¨²n recuerdan la presentaci¨®n de su nuevo proyecto en julio de 2011. Apareci¨® flanqueado por dos consejeros del Gobierno auton¨®mico de Esperanza Aguirre, dos concejales del Ayuntamiento de Ruiz-Gallard¨®n y el presidente de la patronal. Present¨® una ¡°asociaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro¡±, llamada Madrid Centro M¨¦dico (MCM), que nac¨ªa con el objetivo de ¡°potenciar el turismo sanitario de primer nivel¡± a las cl¨ªnicas privadas madrile?as. Entre sus clientes, Capio Sanidad, MD Anderson o Cl¨ªnica La Luz.
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital ayudaron el despegue de MCM. La primera, a trav¨¦s del organismo Madrid Network, le concedi¨® un cr¨¦dito de 1,3 millones de euros. Dinero que proced¨ªa de una partida de 80 millones del Ministerio de Ciencia e Innovaci¨®n destinada a inversi¨®n en proyectos innovadores. El Ayuntamiento concedi¨® una subvenci¨®n de 5.900 euros a cambio de incluir el logo de la ciudad en la p¨¢gina web. A?o y medio despu¨¦s, la web no tiene ning¨²n contenido. El director de MCM, Mario Esteban, explica que le han cambiado el nombre por Ibersalud y que la mercantil ya no existe. Lamela tampoco ha realizado el ¡°gran evento del sector de la salud¡± que asegur¨® haber firmado con Ifema para 2012 y que iba a llamarse Madrid Medical Meeting. ¡°Est¨¢ suspendido sin fecha¡±, confirman en Ifema. Este diario ha intentado, sin ¨¦xito, contactar con Lamela.
Un sector en expansi¨®n
El negocio de la gesti¨®n privada de hospitales p¨²blicos en Espa?a es, b¨¢sicamente, cosa de dos empresas: Capio, controlada por el fondo de capital riesgo CVC Partners, y Ribera Salud, propiedad a partes iguales de las antiguas cajas de ahorros valencianas Bancaixa (Bankia) y CAM (Sabadell). El sector, en ebullici¨®n, estuvo a punto de dar un vuelco a principios de este a?o, cuando Capio intent¨® comprar Ribera Salud.
La firma valenciana tuvo un origen instrumental. Se cre¨® para poder llevar adelante el proyecto del PP regional de ceder al sector privado la construcci¨®n y gesti¨®n de un hospital p¨²blico que se materializ¨® en Alzira en 1999. Adeslas aport¨® el conocimiento sanitario. Dragados y Lubasa se encargaron de la obra. Pero faltaba m¨²sculo financiero. Para ello, el Gobierno valenciano impuls¨® la creaci¨®n de Ribera Salud, participada por Bancaixa y CAM.
Ribera Salud creci¨®, se emancip¨® y se convirti¨® en un operador sanitario independiente, hasta el punto de liderar proyectos. Sin embargo, el colapso de sus dos accionistas (Bancaixa absorbida por Bankia, a su vez, intervenida) y CAM (intervenida y vendida al Sabadell por un euro) puso a la empresa en una situaci¨®n delicada y sali¨® a la venta. Fue entonces cuando Capio estuvo muy cerca de adquirirla. Al final no hubo acuerdo econ¨®mico entre las partes. Ahora es Sabadell CAM quien est¨¢ tratando de negociar con Bankia adquirir el 50% que no posee de la firma, seg¨²n fuentes de la empresa.
El fondo brit¨¢nico CVC, capitaneado en Espa?a por el financiero Javier de Jaime, es el accionista mayoritario de Capio. Se trata del mismo grupo que dio origen e hizo crecer a la compa?¨ªa en 1998 (entonces Ib¨¦rica de Diagn¨®stico y Cirug¨ªa, IDC). La acab¨® vendiendo en 2005 al grupo sueco Capio por 331 millones de euros. Un a?o despu¨¦s, otros dos fondos de inversi¨®n, Apax y Nordic Capital, compraron la compa?¨ªa sueca y entraron en el Consejo de Administraci¨®n de la filial espa?ola. En 2011, sin embargo, la empresa radicada en Espa?a pact¨® escindirse de la matriz. Busc¨® comprador y tras recibir distintas ofertas, se acab¨® cerrando la operaci¨®n con CVC, viejos conocidos, por 900 millones de euros.
Junto con Capio y Ribera Salud, aseguradoras sanitarias como Sanitas (propiedad del Grupo BUPA, multinacional brit¨¢nica de sanidad), compa?¨ªas como la reci¨¦n constituida Quir¨®n-USP (fusi¨®n participada por la familia Cord¨®n y el fondo de capital riesgo Doughty Hanson) y Hospitales de Madrid siguen con atenci¨®n el anuncio de la inminente salida al mercado de concesiones administrativas de hospitales p¨²blicos en Madrid y Castilla-La Mancha para tomar posiciones en el terreno de juego cada vez m¨¢s abierto de la sanidad p¨²blico-privada.
Juan Jos¨¦ G¨¹emes es otro ejemplo de revolving door en Madrid. Dej¨® su puesto de consejero de Sanidad en 2010 y fich¨® por la escuela de negocios IE, pero alguna de sus actividades est¨¢n relacionadas con el puesto que desempe?¨® en el ¨¢mbito p¨²blico. La empresa suiza Unilabs, de an¨¢lisis cl¨ªnicos, lo fich¨® en junio pasado como consejero. Unilabs gestiona el laboratorio del hospital Fundaci¨®n Jim¨¦nez D¨ªaz, propiedad de Capio. Este diario trat¨®, sin ¨¦xito, de contactar con este exconsejero madrile?o.
¡°Hay que distinguir entre incompatibilidad legal e incompatibilidad ¨¦tica y pol¨ªtica¡±, se?ala el profesor del IESE Jos¨¦ Ram¨®n Pin. ¡°El trasvase de directivos es bastante natural en Estados Unidos, pero lo resuelven con transparencia. Un secretario de Estado, por ejemplo, pasa antes por una comisi¨®n parlamentaria. En Espa?a ser¨ªa bueno tener m¨¢s transparencia, un organismo que juzgara posibles conflictos de intereses¡±. Pin considera que restringir excesivamente ese trasvase es negativo porque ¡°se pierde talento¡±: ¡°Lo relevante no es el paso al sector privado, sino que haya mecanismos para descubrir si alguien ha pasado como una devoluci¨®n de favores o solo porque es buen profesional¡±.
En Capio, la transferencia desde el sector p¨²blico se encuentra en el mismo origen de la compa?¨ªa en Espa?a. Uno de sus socios fundadores es Fernando Largo (abandon¨® la compa?¨ªa en 2005). Antiguo militante del PSOE, este cardi¨®logo ocup¨® el cargo de director provincial del Instituto Nacional de Salud en Toledo a principios de los a?os noventa del pasado siglo, y fue subdirector general de conciertos del Insalud entre 1993 y 1996. Dos a?os despu¨¦s de abandonar el cargo p¨²blico, colg¨® la chaqueta de m¨¦dico y se convirti¨® en socio de una cl¨ªnica en Castilla-La Mancha llamada Recoletas. Ese fue el germen de Capio. Casi 15 a?os despu¨¦s, el 67% de los ingresos de esta empresa provienen de las concesiones y conciertos con las Administraciones.
Entre los empleados de Capio se encuentra Teresa Ech¨¢niz, hermana de Jos¨¦ Ignacio Ech¨¢niz, consejero de Sanidad en Madrid cuando la empresa se hizo con el control de la Fundaci¨®n Jim¨¦nez D¨ªaz (da cobertura sanitaria a m¨¢s de 400.000 madrile?os), y actual consejero de salud de Castilla-La Mancha, donde se ha anunciado la privatizaci¨®n de la gesti¨®n de cuatro hospitales. ¡°La contratamos cuando su hermano no ten¨ªa ning¨²n cargo sanitario. Ella es farmac¨¦utica y conoce el sector¡±, afirma V¨ªctor Madera, el presidente del grupo. Pese a los intentos de este peri¨®dico, Capio no le facilit¨® hablar con la aludida, que tiene un cargo intermedio.
Entre los 10.000 trabajadores de la compa?¨ªa tambi¨¦n aparece Elena Arias, que abandon¨® en 2007 su puesto como directora de Recursos Humanos en Capio para asumir la gerencia del servicio de Salud del Principado de Asturias. Regres¨® a la empresa en 2011. Sin paradas ni descansos entremedias.
El a?o pasado, cuando la empresa Capio sali¨® al mercado en busca de un nuevo comprador, llamaron a su puerta ¡°cuatro o cinco¡± fondos de capital riesgo, seg¨²n un consejero de la compa?¨ªa. Se dice que la sanidad p¨²blica no es rentable, pero s¨ª parece un negocio desde el punto de vista de la privada. ¡°La prueba es que todos los fondos de inversi¨®n mundiales quieren invertir en la sanidad privada¡±, a?ade. Y eso porque en tiempos de recortes p¨²blicos, aumenta la demanda de atenci¨®n privada y, adem¨¢s, la posibilidad de estas empresas de ganar dinero con las privatizaciones p¨²blicas. La salud puede ser un negocio en doble direcci¨®n.
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