Rechazo mayoritario a la exclusi¨®n sanitaria de los inmigrantes sin papeles
El 64% de ciudadanos est¨¢ en desacuerdo con la medida, seg¨²n una encuesta de Metroscopia Casi ocho de cada 10 considera que limitar el derecho a la salud choca con el marco legal
Una clara mayor¨ªa de los ciudadanos se opone a dejar en la cuneta de la atenci¨®n sanitaria a los inmigrantes en situaci¨®n irregular. El 64% rechaza la medida del Gobierno de impedir a los extranjeros sin permiso de residencia el acceso a la tarjeta sanitaria y, en consecuencia, a la red p¨²blica normalizada, seg¨²n un sondeo de Metroscopia elaborado para EL PA?S.
Esta opini¨®n est¨¢ en sinton¨ªa con la mostrada por el Tribunal Constitucional, que acaba de manifestarse en contra de la restricci¨®n de la cobertura a este colectivo. Un auto hecho p¨²blico el lunes (la sentencia definitiva tendr¨¢ que esperar) levant¨® la suspensi¨®n dictada por el Gobierno contra un decreto del Pa¨ªs Vasco que garantizaba la universalidad de la atenci¨®n en su territorio. Por encima de eventuales ahorros econ¨®micos, sostiene el alto tribunal, se encuentra el derecho a la salud, a la integridad f¨ªsica de las personas y el inter¨¦s de la protecci¨®n sanitaria de toda la poblaci¨®n. Algo muy parecido a lo que opina la sociedad espa?ola, a tenor de los resultados del sondeo.
La encuesta de Metroscopia ¡ªa partir de una muestra de ¨¢mbito nacional de 500 personas¡ª revela que buena parte de las personas consultadas es contraria a poner trabas a la asistencia a los sin papeles. Aunque existen claras diferencias en funci¨®n de la opci¨®n pol¨ªtica de los ciudadanos. Entre los votantes del PSOE, el desacuerdo con la restricci¨®n a la asistencia es claro: un 75% no la comparte. Entre los votantes del PP, la opini¨®n est¨¢ m¨¢s dividida. Un 59% apoya la medida y un 41% no la justifica.
Existe mayor sinton¨ªa en otras dos cuestiones. El Constitucional destaca en el auto la ¡°importancia singular¡± que tiene en el marco legal espa?ol el derecho a la salud y a la integridad f¨ªsica de las personas a las que se obstaculiza el acceso a la sanidad. Preguntados por si la exclusi¨®n sanitaria va en contra de los derechos fundamentales de las personas, la respuesta es contundente: el 77% de espa?oles as¨ª lo cree. En este caso persisten las diferencias entre partidarios del PP (66%) y del PSOE (80%).
El 59% de los votantes del PP aprueba limitar la asistencia
Tambi¨¦n hay un sentimiento generalizado de que dejar a los inmigrantes al margen del sistema ¡ªsolo se garantiza la atenci¨®n a menores, embarazadas y el acceso a los servicios de urgencias¡ª puede suponer un peligro para la salud p¨²blica por obstaculizar el tratamiento a personas con enfermedades contagiosas. Es lo que cree el 72% de los consultados. Este argumento, el de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, tambi¨¦n fue empleado por el Constitucional para justificar el levantamiento de la suspensi¨®n del decreto vasco. Entidades humanitarias como M¨¦dicos del Mundo, sin embargo, destacan que la frecuentaci¨®n de los servicios de salud entre inmigrantes es m¨¢s baja que entre los espa?oles, ya que, al ser poblaci¨®n joven, goza de mejor salud.
La exclusi¨®n de la asistencia normalizada a los extranjeros sin papeles es uno de los aspectos centrales de la reforma sanitaria que el Gobierno aprob¨® en abril. Como el resto de medidas incluidas (copago en nuevas prestaciones, aumento de la aportaci¨®n en los medicamentos con receta) Sanidad lo justifica con las exigencias del control del gasto.
El sondeo tambi¨¦n se detiene en esta cuesti¨®n. El 54% de los espa?oles no considera que la exclusi¨®n sanitaria suponga ahorro alguno, como tambi¨¦n puso en duda el Constitucional.
Entre los votantes del PP, un 58% cree que el veto sanitario s¨ª permitir¨¢ controlar el gasto, frente a un 39,2% que opina lo contrario.
Desde que el peaje sanitario entr¨® en vigor, el pasado mes de septiembre, su aplicaci¨®n ha sido dispar y ca¨®tica. Pa¨ªs Vasco, Andaluc¨ªa, Catalu?a y Asturias atienden a los sin papeles y no aplican la norma del Gobierno. Comunidad Valenciana, Castilla y Le¨®n, Galicia y Navarra han desarrollado procedimientos para seguir atendi¨¦ndolos sin contravenir la norma. El resto sigue la exclusi¨®n a rajatabla, seg¨²n un informe de M¨¦dicos del Mundo.
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