Los colegios concertados deber¨ªan ser solo mixtos y sin ¨¢nimo de lucro

No es f¨¢cil de entender el empe?o del ministro de Educaci¨®n por tratar de favorecer un modelo educativo subvencionado que nada tiene que ver con la iniciativa social. Tampoco parece muy adecuado extender un sistema de concesiones de centros concertados que genera dudas porque la adjudicaci¨®n de estos concursos pueda recaer en entidades ideol¨®gica o afectivamente afines. Y todav¨ªa es menos comprensible que con la excusa de la libertad de elecci¨®n de centro se trate de blindar una educaci¨®n diferenciada sostenida con fondos p¨²blicos, que en Espa?a no obedece en ning¨²n caso a criterios pedag¨®gicos sino exclusivamente a una forma muy concreta de entender la educaci¨®n cat¨®lica.

El actual Gobierno est¨¢ desperdiciando una magn¨ªfica oportunidad de proponer en su reforma educativa algo que la inmensa mayor¨ªa de la ciudadan¨ªa, incluso la oposici¨®n, aplaudir¨ªa sin dudarlo: que todos los colegios concertados, por el hecho de estar sostenidos con fondos p¨²blicos, tengan que ser necesariamente entidades sin ¨¢nimo de lucro y educar juntos a ni?os y ni?as.

El actual Gobierno est¨¢ desperdiciando una magn¨ªfica oportunidad

Sin entrar en la necesidad o no de los diferentes tipos de centros educativos que hay en Espa?a (p¨²blicos, concertados y privados) la realidad es que, a d¨ªa de hoy, el sistema ya no parece que sea modificable en cuanto a la coexistencia de todos ellos. Sin embargo, s¨ª se hace imprescindible garantizar un adecuado escenario de participaci¨®n, en beneficio del sistema educativo en general y de la libre competencia en particular.

La aparici¨®n de los colegios concertados ¡°de nueva generaci¨®n¡± (el modelo Aguirre) en la Comunidad de Madrid, adem¨¢s de restar muchos recursos para la ense?anza p¨²blica, ha provocado un cambio dram¨¢tico y un desequilibrio en el sector educativo que tambi¨¦n est¨¢ perjudicando de manera extraordinaria a la iniciativa realmente privada. Sirva como ejemplo que en los ¨²ltimos cinco a?os se han concedido en la Comunidad de Madrid m¨¢s de 60 nuevos centros concertados y no solo no se ha abierto ninguno realmente privado sino que varios han tenido que cerrar sus puertas.

? El equilibrio exist¨ªa. En Espa?a la mayor¨ªa de los colegios concertados son de congregaciones religiosas y en estos casos, adem¨¢s de ser indiscutible su decisiva contribuci¨®n a la educaci¨®n en Espa?a y ser propietarias del terreno en el que se ubican los centros, es indudable que sus titulares son entidades sin ¨¢nimo de lucro y todos ellos educan juntos a ni?os y ni?as.

El modelo Aguirre est¨¢ perjudicando de manera extraordinaria a la iniciativa realmente privada

Uno de los principales acuerdos que se tomaron en materia educativa respecto a los conciertos, en los inicios de nuestra democracia, fue establecer el requisito de que estos colegios concertados, que durante muchos a?os manten¨ªan separados a ni?os y ni?as, se transformaran en centros mixtos. Supuso un gran esfuerzo para ellos. Casi todos estos colegios eran cat¨®licos, de iniciativa social y cubr¨ªan un espacio que no pod¨ªa ni deb¨ªa contemplar la ense?anza p¨²blica de un Estado aconfesional. Durante ese tiempo la iniciativa educativa realmente privada ha convivido de manera equilibrada con este modelo, diferenci¨¢ndose a base de innovaci¨®n, de personalizaci¨®n y de calidad. En los ¨²ltimos a?os, y en nuestra opini¨®n sin haber estudiado adecuadamente sus consecuencias, se ha fomentado un nuevo modelo de colegio concertado que permite, a entidades privadas de todo tipo, hacer estupendos negocios con la educaci¨®n en suelo p¨²blico y con el dinero de todos. Recientes sentencias del Tribunal Supremo se han pronunciado en contra de que se sostengan con fondos p¨²blicos modelos que plantean una educaci¨®n diferenciada por sexos cuando anta?o se hab¨ªa obligado a todos los colegios concertados a establecer la coeducaci¨®n. Estas iniciativas de colegios con educaci¨®n diferenciada, si bien son perfectamente l¨ªcitas desde el punto de vista educativo y de la libertad de elecci¨®n de centro, aunque tengan cierta aceptaci¨®n entre algunos ciudadanos, deber¨ªan ser completamente privadas y en ning¨²n caso susceptibles de ser subvencionadas.

? El terreno, casi regalado. Los centros concertados tradicionales est¨¢n edificados mayoritariamente en solares propiedad de la Congregaci¨®n Religiosa correspondiente. Los concursos p¨²blicos para otorgar los nuevos colegios concertados incluyen la concesi¨®n, por 50 o incluso 75 a?os, del terreno en el que se van a construir. Estas parcelas han sido cedidas a la comunidad aut¨®noma por parte de los municipios para ese fin concreto antes de convocar el concurso. El suelo es por tanto p¨²blico y se tiene en cuenta la oferta econ¨®mica del canon a pagar por parte de los licitadores, aunque curiosamente esa oferta nunca resulta determinante. Quiz¨¢ por esta raz¨®n la media del canon anual para el adjudicatario resulta absolutamente rid¨ªcula, situ¨¢ndose en aproximadamente unos 6.000 euros anuales por hect¨¢rea (10.000 m2). Esta cantidad, aunque se actualice conforme al IPC, puede considerarse un aut¨¦ntico regalo y un agravio comparativo m¨¢s respecto al otro tipo de centros concertados; y no digamos ya respecto a los colegios privados, cuyos costes de inversiones en terreno resultan a d¨ªa de hoy pr¨¢cticamente inviables. Si a esto a?adimos la utilizaci¨®n que en determinados casos se hace de parte del suelo cedido para uso educativo para otros fines privados (principalmente deportivos), entonces tenemos razones m¨¢s que suficientes para intentar hacer ver a los responsables educativos que tienen el deber de reconducir la pol¨ªtica de conciertos educativos y evitar que se extienda el modelo aplicado en la Comunidad de Madrid a otras.

? La legalidad, la alegalidad y la imposibilidad de controlar las cuotas ¡°voluntarias¡±. Las administraciones p¨²blicas han insistido muchas veces en que tomar¨ªan medidas para que se cumpliera la legalidad respecto a los abusos que ciertos colegios concertados pudieran estar haciendo con las controvertidas ¡°cuotas voluntarias¡±. Los colegios concertados religiosos, aunque nunca han abusado realmente de esas cuotas y a pesar de pertenecer, de facto, a entidades sin ¨¢nimo de lucro, crearon fundaciones para poder acoger esas aportaciones ¡°voluntarias¡± en un marco m¨¢s estable. Incluso algunas familias se desgravan fiscalmente de sus aportaciones (a nuestro modo de ver de manera irregular), a pesar de ser evidentes pagos por prestaci¨®n de servicios encubiertos y no meras donaciones. ?C¨®mo se puede considerar donaci¨®n una aportaci¨®n voluntaria, de periodicidad mensual, solo durante los meses que dura el curso y a una entidad en la que est¨¢n estudiando los hijos del donante? Eso es una prestaci¨®n de servicios encubierta como una catedral.

En los ¨²ltimos cinco a?os se han concedido en Madrid m¨¢s de 60 nuevos centros concertados

Pero lo peor de todo es que el sistema sirve tambi¨¦n para los que no son instituciones de iniciativa social, ni entidades sin ¨¢nimo de lucro. Si los centros religiosos lo hac¨ªan, los que no lo son se han apuntado tambi¨¦n. Y como no es un requisito necesario el ser una entidad sin ¨¢nimo de lucro para conseguir la adjudicaci¨®n de un colegio concertado, los m¨¢s avispados y con mejores influencias se han apuntado a ese carro para obtener ping¨¹es beneficios con la famosa ¡°aportaci¨®n voluntaria¡±. ?Tiene alg¨²n sentido que se pueda considerar como voluntario un pago de periodicidad mensual a una entidad mercantil con ¨¢nimo de lucro que me presta unos servicios? Evidentemente, no. No parece posible que esta circunstancia pueda existir en ning¨²n pa¨ªs civilizado. Pero ?qu¨¦ legislaci¨®n puede impedir que cualquier ciudadano aporte, done o regale dinero a quien le d¨¦ la gana?

Posiblemente ninguna. Por eso, la lucha porque se cumpla la legalidad ser¨¢ est¨¦ril con la actual legislaci¨®n y con la propuesta del Gobierno. Es necesario cambiar los requisitos para poder ser un colegio concertado. Y luego, el que quiera hacer trampas, que se atenga a las consecuencias. Pero que no sea la propia Administraci¨®n P¨²blica la que lo favorezca o la que no est¨¦ dispuesta a impedirlo.

? Las consecuencias si no se rectifica. La importancia del sector educativo privado no concertado dentro del tejido empresarial espa?ol tiene mucha m¨¢s relevancia que el porcentaje que supone respecto al total de la educaci¨®n en Espa?a. No solo por el ahorro que representa para el estado el no tener que escolarizar a esos alumnos en las etapas obligatorias (unos 200.000 alumnos en toda Espa?a a un coste medio de no menos de 7.000 euros, supondr¨ªan unos 1.400 millones de euros de mayor gasto para las arcas del estado), sino sobre todo por la mejora de la competitividad, la calidad y la innovaci¨®n educativa que impulsan estos colegios y, por supuesto, por la cantidad de puestos de trabajo que generan.

Los poderes p¨²blicos no deber¨ªan permitir que la actual coyuntura pueda situar a estos centros en riesgo de desaparici¨®n, y si esta situaci¨®n no se rectifica inmediatamente se estrangular¨¢ completamente la iniciativa educativa realmente privada en las etapas obligatorias.

Y en cualquiera de los casos, un Gobierno con un m¨ªnimo de responsabilidad social no deber¨ªa permitir el acceso al concierto educativo a centros cuyos titulares sean entidades con evidente ¨¢nimo de lucro, en suelo p¨²blico y con dinero p¨²blico.

Gabriel Castellano es presidente de CICAE (Asociaci¨®n de Colegios Privados Independientes).