Nos alejamos del Estado social

Hace solo diez a?os, cuando una persona estaba en situaci¨®n de dependencia se encontraba ante un panorama muy complicado. La Administraci¨®n atend¨ªa, casi exclusivamente, a algunos de los menos favorecidos econ¨®micamente, las listas de espera eran enormes y para muchos, eternas. Las personas de las clases medias deb¨ªan intentar encontrar recursos en un mercado escaso, caro y en demasiadas ocasiones de baja calidad. A menudo, el dinero del que dispon¨ªan no alcanzaba para el pago de los recursos privados existentes.

La Ley de la Dependencia vino a abrir una important¨ªsima puerta a la esperanza para cientos de miles de personas. Creaba un sistema que reconoc¨ªa derechos subjetivos, bajo los principios de universalidad (para todos) y de responsabilidad p¨²blica (pon¨ªa bajo el paraguas del Estado los recursos que voluntariamente pusiera a disposici¨®n de la Administraci¨®n la iniciativa privada)

Estos dos ¨²ltimos principios pueden estar corriendo un serio riesgo en la actualidad como consecuencia de dos tipos de presi¨®n que el sistema sufre hacia su privatizaci¨®n. La primera presi¨®n consistir¨ªa en proponer la aplicaci¨®n del criterio neoliberal que considera que los riesgos de la vida de las personas deben ser sufragados por sus propios medios. As¨ª lo expresaba Jos¨¦ Barea, director de la oficina presupuestaria del presidente Aznar, en el a?o 2003: ¡°La protecci¨®n a la dependencia satisface una necesidad privada; por tanto la financiaci¨®n debe ser privada¡±. Una alternativa que no parece muy lejana si se leen las conclusiones de un art¨ªculo firmado por el actual director general del Imserso en noviembre de 2012, en la revista Actas de la Dependencia de la Fundaci¨®n Caser, en el que concluye la necesidad de reflexionar sobre el desarrollo de ¡°instrumentos privados para la cobertura de la dependencia¡±.

El segundo riesgo es m¨¢s concreto pero no menos peligroso. Se trata del estrechamiento del cat¨¢logo de prestaciones hasta convertir la prestaci¨®n vinculada al servicio [prestaci¨®n econ¨®mica para que el ciudadano sufrague el servicio prestado] en pr¨¢cticamente la ¨²nica posibilidad. La prestaci¨®n del entorno familiar se convierte en irrelevante y en la pr¨¢ctica, durante el ¨²ltimo a?o, los servicios de responsabilidad p¨²blica puestos a disposici¨®n de los ciudadanos, no han hecho sino disminuir en su n¨²mero. Esta situaci¨®n puede convertir a los ciudadanos en prisioneros de una situaci¨®n poco deseable: deben buscar el recurso que puedan pagar con la suma del dinero que se les ofrezca y sus ingresos (pueden no encontrarlo) y los centros podr¨¢n realizar, en la pr¨¢ctica, una selecci¨®n de los usuarios. Desaparecer¨ªan de hecho la universalidad y la responsabilidad p¨²blica. Estar¨ªamos ante el cl¨¢sico cheque-servicio solo que bajo otra denominaci¨®n y apariencia.

De confirmarse esta deriva, que se sumar¨ªa a los recortes ya sufridos, los servicios sociales resultantes se alejar¨ªan del concepto de Estado social.

Joaqu¨ªn Santos Mart¨ª es trabajador social y acaba de publicar El cuarto pilar. Un nuevo relato para los servicios sociales.