Los recortes sanitarios disparan las quejas ante el Defensor del Pueblo
La oficina investiga la muerte de un paciente al que no se atendi¨® por motivos econ¨®micos. Recoge la espera de dos a?os para una operaci¨®n maxilofacial
Los recortes sanitarios, tanto los debidos en todo el Estado al real decreto ley de abril que cambiaba el copago en medicamentos y las condiciones para recibir atenci¨®n como las distintas actuaciones auton¨®micas han disparado los expedientes de queja al Defensor del Pueblo en 2012. La oficina que dirige Soledad Becerril tramit¨® 1.674 expedientes de queja en el ¨¢rea de Sanidad, casi el triple de los 595 del a?o anterior.
Entre ellas destacan dos peticiones de que presente recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto, y las recibidas contra los servicios de Salud de Castilla-La Mancha, Madrid y Catalu?a.
En el informe que ha presentado al Congreso de los Diputados, el Defensor critica la nueva regulaci¨®n del derecho al acceso sanitario, que deja fuera a los espa?oles o extranjeros en situaci¨®n regular que no hayan cotizado a la seguridad Social y ganen m¨¢s de 100.000 euros al a?o. ¡°Esta situaci¨®n no resulta congruente con el sistema de financiaci¨®n sanitaria¡±, que desde 1999 descansa ¡°en la carga tributaria soportada por todos los contribuyentes¡±.
Por otro lado, la oficina del Defensor pregunta por la atenci¨®n a extranjeros sin autorizaci¨®n de residencia ¡°y con procesos graves¡±. ¡°En estos supuestos determinados derechos, como el de la protecci¨®n de la salud en todas sus dimensiones, deber¨ªan pertenecer a la persona con independencia de su situaci¨®n administrativa¡±. Por eso afirma que se traslad¨® al Ministerio de Sanidad ¡°que se adopten las medidas complementarias necesarias¡± para garantizar ese derecho. ¡°Reconocer la atenci¨®n sanitaria a los mencionados colectivos tendr¨ªa consecuencias relevantes: en t¨¦rminos de salud p¨²blica, porque se conseguir¨ªan m¨¢s garant¨ªas de protecci¨®n para el resto de la sociedad; y en t¨¦rminos organizativos, porque se aliviar¨ªa la posible saturaci¨®n de los servicios de urgente¡±.
El informe recoge la respuesta del ministerio, que apunta que no puede cambiar la exclusi¨®n por los acuerdos internacionales y porque considera que da atenci¨®n sanitaria es ¡°promover el mantenimiento de situaciones de ilegalidad¡±. Adem¨¢s, la Administraci¨®n recuerda que est¨¢ preparando un seguro especial para estas personas, y recalca lo que defiende, contra la experiencia de muchos afectados, desde el principio: ¡°Los ciudadanos sin residencia legal ser¨¢n atendidos sanitariamente seg¨²n su situaci¨®n de salud¡±.
Tambi¨¦n relacionado con los cambios por los recortes, el Defensor, ¡°ante el elevado n¨²mero de quejas¡± por el copago que afecta a los pensionistas, que en las comunidades sin receta electr¨®nica pagan por encima del m¨¢ximo fijado, ha pedido al ministerio que lo evite. Adem¨¢s ha instado al ministerio a que actualice las bases de datos que fijan el porcentaje del copago en funci¨®n de la renta, ya que se aplican los resultados de las declaraciones de 2012.
Respecto a la situaci¨®n de algunos colectivos afectados por los cambios, pide que se trate a los perceptores del SOVI (seguro obligatorio de vejez e invalidez) igual que a los perceptores de prestaciones no contributivas, que est¨¢n exentos de copago, ya que sus pensiones ¡°son an¨¢logas¡± en importe.
El Defensor tambi¨¦n ha actuado preventivamente, y pide que se tenga especial cuidado en el copago del transporte sanitario para algunos casos, que a¨²n no est¨¢ en vigor.
Muerte de un paciente
En el informe se destaca un caso que no est¨¢ cerrado: el de un paciente derivado desde Andaluc¨ªa a Catalu?a para ser sometido a una operaci¨®n compleja. Aunque los m¨¦dicos del hospital Cl¨ªnico de Barcelona consideraron que hab¨ªa que operarle, ¡°la intervenci¨®n se anul¨® finalmente por razones estrictamente econ¨®micas¡±. Ambas Administraciones se excusan. La andaluza, porque deriv¨® al paciente; la catalana, porque el hospital no era un centro de referencia en esa intervenci¨®n. El resultado es que el paciente falleci¨®, y el Defensor sigue investigando las responsabilidades.
Tambi¨¦n se ha interesado por los cierres en servicios de urgencias nocturnos de ambulatorios y los retrasos en el pago a las farmacias.
Dentro de las quejas que se repiten todos los a?os, algunos casos de lista de espera son especialmente llamativos. Por ejemplo, dos a?os en el servicio de maxilofacial del hospital Virgen de la Salud de Toledo, 20 meses para una pr¨®tesis de cadera en el Virgen de la Victoria de M¨¢laga o 18 meses para tratar un dolor cr¨®nico en el Vall d¡¯Hebron de Barcelona.
Respecto a pruebas, destaca siete meses para hacerse una densitometr¨ªa preferente en el hospital de Almansa (Albacete) o m¨¢s de un a?o para para una electromiograf¨ªa en el 12 de Octubre de Madrid.
Hay, como otros a?os, quejas por la desigualdad en la atenci¨®n entre comunidades, en ¨¢reas como la reproducci¨®n asistida, prestaciones ortoprot¨¦sicas, atenci¨®n bucodental, reasignaci¨®n de sexo, ayudas a personas cel¨ªacas, enfermedades raras y cuidados paliativos o unidades del dolor, entre otras.
Por ¨²ltimo, el Defensor ha preguntado por los tratamientos para dejar de fumar. La respuesta dela Administraci¨®n es que ¡°en estos momentos, no considera viable incluirlos en las prestaciones farmac¨¦uticas¡±.
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