Anulados los conciertos con cinco colegios gallegos que separan sexos
El Tribunal Superior declara ilegales las ayudas del Gobierno de Feij¨®o
La cascada de sentencias judiciales que han declarado ilegales los conciertos educativos p¨²blicos con colegios que segregan a los alumnos por sexos ha alcanzado tambi¨¦n a Galicia. El Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad es el primero que aplica la doctrina del Supremo y ha ordenado anular los convenios que mantiene el Gobierno presidido por Alberto N¨²?ez Feij¨®o (PP) con cinco centros ultracat¨®licos, tres en Vigo y dos en A Coru?a. La Xunta de Galicia busca ahora alguna f¨®rmula para esquivar el cumplimiento de la sentencia.
La ilegalidad de los conciertos p¨²blicos con los colegios que practican la llamada ¡°ense?anza diferenciada¡± qued¨® establecida en una sentencia del Tribunal Supremo del pasado julio. El alto tribunal acept¨® un recurso de la Junta de Andaluc¨ªa y dictamin¨® que la actual Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n impide que se d¨¦ cobertura con fondos p¨²blicos a centros que discriminan a los alumnos en funci¨®n del sexo. Desde entonces, la doctrina del Supremo qued¨® acreditada en otra decena de sentencias. Ante la abrumadora evidencia jur¨ªdica, el ministro Jos¨¦ Ignacio Wert incluy¨® en la nueva ley educativa que prepara su departamento una disposici¨®n que blindar¨¢ jur¨ªdicamente los conciertos p¨²blicos con centros segregacionistas.
En el caso de Galicia, los convenios con los cinco colegios de la comunidad que separan a ni?as y ni?os (cuatro de ellos vinculados al Opus Dei) fueron suscritos por el Gobierno aut¨®nomo en agosto de 2009, apenas unas semanas despu¨¦s de que Feij¨®o llegase al poder. El Ejecutivo anterior, una coalici¨®n de socialistas y nacionalistas, hab¨ªa decidido anularlos poco antes de las elecciones que provocaron el cambio en la Xunta. Dos de las primeras medidas que tom¨® el PP al asumir la Consejer¨ªa de Educaci¨®n fueron suprimir la gratuidad de los libros de texto para ahorrar unos tres millones de euros al a?o y reinstaurar los conciertos con esos cinco colegios, que cuestan una cantidad equivalente a las arcas de la comunidad aut¨®noma. Varios sindicatos recurrieron la medida ante el Tribunal Superior de Galicia, que entonces dio la raz¨®n a la Xunta en dos fallos distintos.
Cuando en julio de 2012 el Supremo sent¨® la nueva doctrina jur¨ªdica, el Gobierno de Feij¨®o tampoco dio marcha atr¨¢s. Tanto el presidente como su consejero de Educaci¨®n, Jes¨²s V¨¢zquez, pusieron por delante las dos sentencias del tribunal gallego. Ambos alegaban que las subvenciones p¨²blicas a los centros que separan ni?as y ni?os son un modo de garantizar la ¡°libertad de elecci¨®n¡± de los padres que desean para sus hijos una ¡°educaci¨®n diferenciada¡±. Hasta que el pasado jueves el Sindicato de Trabajadores de la Ense?anza de Galicia (STEG) dio a conocer una nueva sentencia del tribunal gallego que acepta un recurso presentado por esa organizaci¨®n y anula los conciertos. La m¨¢xima instancia judicial de Galicia reconoce ahora que su doctrina ha quedado ¡°superada¡± por la del Supremo. El argumento jur¨ªdico es claro: la Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n de 2006 establece que los centros concertados no pueden discriminar a los alumnos en sus criterios de admisi¨®n, entre los que se alude expresamente a razones de sexo. Y el tribunal gallego asume lo que dijo anteriormente el Supremo: que si bien ¡°no se cuestiona la existencia de la educaci¨®n diferenciada, tan leg¨ªtima como el modelo de coeducaci¨®n [ni?os y ni?as juntos]¡± eso no implica que ¡°pueda acogerse al sistema de ense?anza gratuita de centros concertados sostenidos con fondos p¨²blicos¡±.
Feij¨®o y su consejero evitaron ayer aclarar cu¨¢l ser¨¢ su actuaci¨®n a partir de ahora. Pueden recurrir al Supremo solo como un medio de ganar tiempo, ya que su iniciativa estar¨ªa condenada al fracaso. La Consejer¨ªa de Educaci¨®n se escuda en que sus servicios jur¨ªdicos est¨¢n todav¨ªa estudiando el asunto. Pero un portavoz de ese departamento apunt¨® dos posibles caminos para eludir el cumplimiento del fallo judicial. Por un lado, la ley que prepara Wert, aunque ese texto ni siquiera ha sido aprobado por el Gobierno y, cuando lo sea, todav¨ªa tiene que someterse al largo tr¨¢mite parlamentario. Con todo, la Xunta estudia adem¨¢s la posible aplicaci¨®n al caso de una disposici¨®n de los Presupuestos Generales del Estado para este a?o, introducida tras una enmienda de Foro Asturias ¡ªen esa comunidad tambi¨¦n el Supremo anul¨® este tipo de conciertos¡ª y Uni¨®n del Pueblo Navarro que acept¨® el PP. En ella, se autoriza a financiar con dinero p¨²blico los colegios de ¡°educaci¨®n diferenciada que escolarizan alumnos de un solo sexo¡±.
Galicia renueva sus convenios educativos cada a?o, en el mes de agosto. La sentencia de su Tribunal Superior coincide con un nuevo recorte en educaci¨®n, esta vez, un aumento de las tarifas en los comedores escolares p¨²blicos.
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