Financiaci¨®n pol¨ªtica y delito

En la reciente Ley de Financiaci¨®n de partidos pol¨ªticos (LO 5/2012) se dice que en el sistema de obtenci¨®n de ingresos por los mismos se combinen ¡°suficiencia y austeridad¡±, se mejoren los mecanismos de control y la responsabilidad contable de quienes tienen a su cargo el manejo de fondos p¨²blicos. Y asegura que dichas medidas son ¡°el mejor ant¨ªdoto contra la financiaci¨®n irregular¡±. Nada nuevo y, en todo caso, un cumplimiento solo parcial del Acuerdo del Congreso de 27 de octubre de 2009 sobre la profundizaci¨®n de los ¡°mecanismos de transparencia y control de la conducta de los representantes pol¨ªticos e institucionales¡±.

El Parlamento, bajo el control de los partidos mayoritarios, contin¨²a cerrando los ojos ante las consecuencias del actual coste econ¨®mico del ejercicio de la pol¨ªtica que hace tiempo est¨¢ provocando un flujo oculto e il¨ªcito de dinero hacia los partidos. Primero, las donaciones an¨®nimas, luego las donaciones a sus fundaciones y asociaciones que, mayoritariamente, constituyen una tapadera para conseguir fondos irregularmente y, sobre todo, el endeudamiento financiero, el mantenimiento de las condonaciones del capital e intereses de esas deudas y as¨ª sucesivamente. Y sigue vigente un sistema que no persigue penalmente a los partidos y sus responsables que obtienen fondos de modo il¨ªcito o de origen il¨ªcito, sobre todo si se obtienen fraudulentamente aprovech¨¢ndose del gobierno de las instituciones p¨²blicas.

La condena del caso Pallerols muestra claramente las graves insuficiencias del sistema a¨²n vigente. Como es sabido, Uni¨® Democr¨¤tica de Catalunya fue condenada civilmente como ¡°part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo¡± por la cuant¨ªa que fija la sentencia. La condena est¨¢ determinada porque, seg¨²n los hechos probados, el partido, como tal, no particip¨® en las conductas criminales de los culpables, pero se benefici¨® de ellas.

Representa un enriquecimiento injusto, pues se funda en el principio de que nadie debe enriquecerse a costa de otro, en este caso, a costa de los fondos p¨²blicos que fueron desviados por los culpables de los delitos por los que fueron condenados. La condena parte del presupuesto de que Uni¨® Democr¨¢tica no solo no particip¨® en la comisi¨®n del delito sino que ni siquiera conoc¨ªa su existencia. Presupuesto ciertamente forzado dadas las circunstancias concurrentes en los hechos. Es muy dif¨ªcil admitir que la direcci¨®n del partido desconociera los siguientes hechos. La trama corrupta de desv¨ªo de recursos p¨²blicos actu¨® durante seis a?os consecutivos, bajo el control durante cierto tiempo del que era secretario de organizaci¨®n de Uni¨®. Y los fondos destinados a engrosar las arcas del partido se dedicaron, parcialmente, al pago de retribuciones a cuatro destacados cuadros del partido por importes de 15, ocho, dos y un mill¨®n de pesetas, respectivamente. Una de esas personas era o hab¨ªa sido consejera nacional y dirigente del comit¨¦ ejecutivo de Barcelona. Adem¨¢s, parte de dichos recursos p¨²blicos, recordamos que durante seis a?os, se hab¨ªan dedicado a ¡°mobiliario y material inform¨¢tico y de oficina¡± de varias sedes, incluyendo Barcelona. La conducta descrita es una forma continuada y organizada ¡ªel tribunal la califica de ¡°trama¡±¡ª de financiaci¨®n ilegal de UDC. No puede entenderse que el juez no investigase la relaci¨®n consciente del presidente del partido, Josep Antoni Duran Lleida, con esa trama y cuesta admitir que desconociera su existencia, sobre todo cuando uno de los acusados fue en esas fechas secretario de organizaci¨®n de Uni¨®.

Una vez m¨¢s, los partidos y sus dirigentes son destinatarios de un trato complaciente, cuando no reverencial, de ciertos jueces que, sencillamente, no se atreven a investigarlos y confirman el car¨¢cter desigual del Derecho Penal.

Ante un caso evidente, como pocos, de financiaci¨®n il¨ªcita de un partido gobernante, que hoy sigue gobernando como si nada hubiera pasado, las leyes vigentes no contemplan ni siquiera una sanci¨®n administrativa que cumpliera, al menos, una funci¨®n ejemplarizante. Todo parece estar permitido y las consecuencias de tanta impunidad est¨¢n a la vista.

Carlos Jim¨¦nez Villarejo fue fiscal jefe anticorrupci¨®n de 1995 a 2003.