Un nuevo ladrillazo para el litoral

Tres padres de la actual Ley de Costas, vigente desde 1988, ven en los cambios introducidos por el PP en esta norma una oportunidad clara para rellenar de cemento los pocos huecos que quedan en el litoral espa?ol. Los autores de la norma actual, creada durante un Gobierno socialista, advierten de que se est¨¢ desprotegiendo una franja de 80 metros, casi la longitud m¨ªnima de un campo de f¨²tbol, y que se abrir¨¢ la posibilidad de edificar muchos tramos de costa para usos residenciales que ahora no son edificables. Los guardianes de esta nueva oportunidad de negocio ser¨¢n los Ayuntamientos, eso s¨ª, con el control de las comunidades.

Las novedades se han colado de forma sibilina en la reforma de la Ley de Costas, denominada proyecto de Ley de Protecci¨®n y Uso Sostenible del Litoral. Tanto juristas como abogados inciden en que las enmiendas ¡°esconden en cada palabra un juego¡± y dejan interrogantes por resolver sobre la puesta en pr¨¢ctica. Sin decirlo de forma expresa, la disposici¨®n transitoria primera reduce de 100 a 20 los metros de la zona de servidumbre de protecci¨®n, en la que no puede edificarse. Actualmente, las viviendas levantadas en esta franja est¨¢n sometidas a numerosos controles. Aunque estas construcciones son privadas, sus due?os pr¨¢cticamente no pueden modificarlas.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, no se atreve a estimar cu¨¢ntas viviendas quedar¨¢n fuera de protecci¨®n. ¡°No hay c¨¢lculos, pero entre los 600 municipios costeros ser¨¢ un porcentaje no peque?o¡±, estima. La zona m¨¢s beneficiada, seg¨²n el ministerio, ser¨¢ Galicia.

La futura norma se debatir¨¢ y votar¨¢ los d¨ªas 23 y 24 de abril en el Senado. Sobre el papel, la desprotecci¨®n afectar¨¢ a construcciones levantadas antes de 1988 y que no fueron legalizadas porque no cumpl¨ªan con todas las exigencias para considerarlas suelo urbano, como gozar de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuaci¨®n de aguas residuales y suministro de energ¨ªa el¨¦ctrica. ¡°Ahora basta con acreditar que en 1998 hab¨ªa edificaciones en al menos un tercio de la superficie a considerar¡±, explica ?ngel Men¨¦ndez Rexach, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad de la Aut¨®noma de Madrid. El profesor, autor de la Ley de Costas de 1988 y toda una autoridad en este asunto, subraya que este criterio es ¡°mucho m¨¢s permisivo¡± que el de la legislaci¨®n urban¨ªstica auton¨®mica, que exige la consolidaci¨®n de la edificaci¨®n en 2/3 de la superficie (en alg¨²n caso ?) para que el suelo se pueda considerar urbano.

La zona m¨¢s beneficiada ser¨¢ Galicia, seg¨²n Medio Ambiente

¡°El legislador est¨¢ abriendo la mano de forma t¨¢cita a una clasificaci¨®n de suelo encubierta¡±, deduce Miriam Garc¨ªa, autora de numerosos trabajos de planeamiento territorial como directora de Urbanismo del Gobierno de Cantabria entre 2002 y 2007. Esta arquitecta critica que la Ley de Costas, que supuestamente debe preservar el litoral, establezca un sistema de silencio positivo, es decir, que quienes quieran regularizar su situaci¨®n solicitan los informes a Medio Ambiente y si en 18 meses no reciben informe se entiende que es favorable. ¡°Lo que dicta el sentido com¨²n es que el silencio sea negativo¡±, contempla.

El Ministerio de Medio Ambiente defiende que esas casas solo podr¨¢n hacer reformas y no obra nueva. Tambi¨¦n que la fotograf¨ªa se detendr¨¢ en 1988, por lo que no se regularizar¨¢n aquellas que est¨¦n en situaci¨®n similar y se hayan construido despu¨¦s de esta fecha. Pero quien tendr¨¢ las competencias sobre lo que ocurra en esos lugares cuando se apruebe la reforma vuelven a ser los Ayuntamientos. La historia se repite. ¡°Un Ayuntamiento puede chapucear much¨ªsimo (...), a ver qui¨¦n es el alcalde que se atreve a negar certificados de que las construcciones contaban con todos los servicios en 1988¡±, considera Rita Rodr¨ªguez, abogada de la ONG WWF.

El Gobierno insiste en que solo podr¨¢n hacerse obras de remodelaci¨®n

¡°Es de esperar que la Administraci¨®n de Costas no ser¨¢ demasiado exigente con la certificaci¨®n de que los terrenos ten¨ªan todos los servicios hace 25 a?os¡±, a?ade Fernando Palao, otro de los autores de la norma vigente. ¡°No solo se les legaliza, sino que se premia a quienes han corrido m¨¢s en el desarrollo de estas urbanizaciones ilegales¡±, subraya. El tambi¨¦n exsecretario de Estado con el PSOE, entiende asimismo que en los 80 metros que quedar¨¢n fuera de la zona de servidumbre se podr¨¢ adem¨¢s edificar, ¡°de acuerdo con los planes urban¨ªsticos municipales, y sin que les sea aplicable la legislaci¨®n de Costas¡±.

¡°Va a ser muy dif¨ªcil distinguir ahora entre unas y otras y calcular con precisi¨®n si las condiciones establecidas se verificaban realmente en aquella fecha¡±, aporta Jos¨¦ Fern¨¢ndez, director general de Costas en la etapa de la ministra Cristina Narbona (PSOE). ¡°Visto el comportamiento de las Administraciones territoriales durante los ¨²ltimos 25 a?os, de enorme tolerancia con las infracciones de la Ley de Costas, concretamente en la gesti¨®n de la zona de protecci¨®n, es f¨¢cil prever cu¨¢l va a ser el resultado¡±, vaticina.

?¡°El PP tiene el s¨ªndrome de quien conduce en sentido contrario¡±, dice un letrado medioambientalista

Medio Ambiente estima que hay unas 250.000 construcciones con problemas legales en la costa espa?ola. En este c¨¢lculo se incluyen las viviendas consideradas ilegales porque contravienen planeamientos urban¨ªsticos, las que ocupan zonas de servidumbre y las que invaden dominio p¨²blico.

Fernando Prieto, doctor en Ecolog¨ªa por la Universidad Aut¨®noma de Madrid y tambi¨¦n autor de la norma de 1988, vaticina m¨¢s ¡°caos¡± para el litoral espa?ol. ¡°Todos los catedr¨¢ticos est¨¢n indignados¡±, afirma el abogado medioambientalista Manuel Marraco. ¡°El Gobierno tiene el s¨ªndrome del que se mete a contramano en una autopista, piensa con horror que todos los dem¨¢s est¨¢n locos¡±, a?ade.