Desmontando a Gallard¨®n

Siempre se ha dicho que el peor gobernante es aquel que legisla de espaldas a la realidad, porque la realidad no conoce de signos pol¨ªticos, ni de moral, ni de principios religiosos. La realidad es simplemente real y eminentemente tozuda. La realidad del aborto tambi¨¦n es persistente, y puede ocurrir que el legislador opte por visibilizar esa realidad y dar a las 118.359 mujeres que abortaron en nuestro pa¨ªs en 2011 una soluci¨®n legal como hasta ahora; o que por el contrario, trate de invisibilizar la decisi¨®n de esas mujeres a trav¨¦s de una ley restrictiva. A estas alturas, un Gobierno deber¨ªa saber que la ocultaci¨®n solo es sin¨®nimo de dejar de ver, de tapar; deber¨ªa saber que tras la espesa cortina de esa hipocres¨ªa social, a la que tan adictos son algunos/as de nuestros/as legisladores, existen 118.359 mujeres que buscar¨¢n una salida clandestina, ilegal, arriesgada o segura en otro pa¨ªs m¨¢s avanzado en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de sus mujeres, mientras que Espa?a se ir¨¢ alejando cada vez m¨¢s del esp¨ªritu que anim¨® la redacci¨®n de la actual norma.

El Ministerio de Sanidad dio a conocer en su informe del a?o 2011 que 106.026 mujeres abortaron por voluntad propia en nuestro pa¨ªs durante ese a?o. Los estudios de la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la IVE han evidenciado que 66.107 de esas mujeres abortar¨ªan aunque sus circunstancias econ¨®micas, laborales o afectivas fuesen diferentes, porque la decisi¨®n de interrumpir su embarazo es una decisi¨®n ¨ªntima y personal. Y ninguna ley les va a hacer cambiar de parecer, por muy arriesgada que sea la decisi¨®n que tomen. Negar este hecho es no querer ver.

Ese no querer ver se agudiza cuando la realidad a observar es la de las menores que no han podido comunicar a sus padres la situaci¨®n gestacional y su decisi¨®n de abortar. Y se agudiza porque la coyuntura de esas mujeres de 16 y 17 a?os culpabiliza a unos/as legisladores/as que no han sido capaces de paliar el d¨ªa a d¨ªa de una menor en una familia desestructurada, de solucionar la incierta situaci¨®n de una inmigrante emancipada, la violaci¨®n en el seno familiar. ?C¨®mo buscar el apoyo de unos progenitores con patolog¨ªas psiqui¨¢tricas invalidantes?, ?o el de aquellos/as que cumplen pena de prisi¨®n? ?No les parece ¡°violencia¡± la de aquellos padres que obligan a sus hijas a ser madres en contra de su voluntad? Los/as profesionales de ACAI no podemos abstraernos de las vidas de esas 485 mujeres (el 0¡¯41% del total de mujeres que abortan) no miramos hacia otro lado, no nos agarramos a esa tentaci¨®n tan recurrente: lo que no se ve no existe. Existen y por mucho que una ley las obligue, no contar¨¢n a unos padres inaccesibles o a los que temen, su situaci¨®n. Bien al contrario buscar¨¢n una salida ilegal, clandestina y encubierta. Y como personas que tratamos diariamente con esas menores preguntamos al legislador: ?las ver¨¢ usted cuando un titular de prensa ponga al descubierto las consecuencias, en algunos casos irreparables, de su decisi¨®n? ?O tal vez considere dichas consecuencias como un castigo adecuado a su desobediencia?

3.590 mujeres desearon su embarazo y el diagn¨®stico de una patolog¨ªa fetal trastoco su deseo. ?Puede imaginar el legislador como es el duelo de esas mujeres? Nosotros/as s¨ª, por eso no queremos pensar que a ese duelo haya que sumarle la obligaci¨®n de dar a luz un hijo/a que probablemente requerir¨¢ cuidados paliativos de por vida. No, no podemos entender que una norma pueda regular legislativamente el grado de dolor que puede soportar una mujer, su hijo/a y sus familias. Para nosotros/as solo la mujer embarazada puede decidir si puede, si quiere o no enfrentar una maternidad compleja y distinta a la que se plante¨®. Solo ella puede sopesar si quiere o puede ofrecer un tiempo, una constancia, una dedicaci¨®n de por vida a su hijo/a. Siendo tan merecedoras de respeto las que siguen adelante como las que renuncian a ello.

No quisi¨¦ramos abandonar estas l¨ªneas sin se?alar que los/as denostados profesionales que realizan los abortos solo hacen posible una decisi¨®n tomada por la mujer. Ninguno/a obliga a las mujeres a abortar, no ¡°abducen¡± a las mujeres para que tomen decisiones contrarias a su voluntad. Se limitan a ayudarlas con un coste personal y profesional alto. Si ellos/as no hubieran creado equipos multidisciplinares de gesti¨®n privada en este pa¨ªs, el aborto no ser¨ªa una pr¨¢ctica sanitaria m¨¢s ni un derecho posible para la mujer. Tanto es as¨ª, que a d¨ªa de hoy se han convertido en una prolongaci¨®n del sistema sanitario p¨²blico a trav¨¦s de conciertos con las distintas administraciones; carece por tanto de sentido que el legislador quiera ¡°excluir¡± a los expertos/as de los diagn¨®sticos previos a la IVE, dejando la valoraci¨®n de un supuesto en manos de m¨¦dicos que aventuramos no formados en aborto provocado, no especializados, no concienciados con la situaci¨®n de la mujer; y lo que es peor condicionados por el car¨¢cter restrictivo de la norma.

Como ya viene siendo habitual en Espa?a, su ley, Sr. Ministro, cambiar¨¢ cuando otro gobierno, con una ideolog¨ªa m¨¢s coherente con la realidad, llegu¨¦ al poder. En esta ocasi¨®n ser¨¢ para volver a acercarnos a Europa, donde los gobiernos, independientemente de su signo pol¨ªtico, no cambian las leyes de aborto. Y todo ello ocurrir¨¢ porque la realidad de 118.359 mujeres es tozuda, no entiende de su moral, de su ideolog¨ªa, de sus razones ¡°filiales¡±, personales, ni de los principios ¡°fundamentalistas¡± de aquellos que le coaccionan con su cuota electoral.

Santiago Barambio es el presidente de la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n del Embarazo (ACAI)