?Una Justicia bajo control?

Se trata de una reforma a fondo de un ¨®rgano constitucional del Estado como la Corona, el Parlamento o el Gobierno y, como tal, en teor¨ªa, exigir¨ªa el mayor consenso pol¨ªtico y de los sectores sociales y profesionales afectados. Sin embargo, gracias a la mayor¨ªa absoluta de su partido, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n (PP), ha conseguido sacar adelante en el Congreso su ambiciosa reorganizaci¨®n del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) con el ¨²nico apoyo de su formaci¨®n y entre las protestas del resto de grupos, que han calificado la protesta de ¡°asalto a un poder del Estado¡± y han denunciado el intento de ese partido de atentar contra la independencia de los jueces para mantenerlos bajo su control.

La reforma tambi¨¦n la rechazan todas las asociaciones judiciales. La minoritaria y progresista Jueces para la Democracia (JpD) ha publicado un manifiesto ¡ªsuscrito por 350 jueces¡ª en el que advierte que el texto despoja al Poder Judicial ¡°de competencias relevantes que afectar¨¢n al estatuto de sus integrantes¡± y posibilitar¨¢ ¡°un control de sus funciones jurisdiccionales¡± por el Ejecutivo, que es quien se las queda. La mayoritaria y conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), por su parte, reprocha al PP que haya incumplido su promesa electoral de que sean los jueces los que elijan a 12 de los 20 consejeros. El Consejo actual tambi¨¦n se ha posicionado en contra del proyecto salvo? dos vocales que presentaron un voto particular. ?Es real esa amenaza a la independencia judicial?

Hay que partir de la idea de que, si el Senado no enmienda en los pr¨®ximos meses el texto que el Congreso acaba de aprobar, el pr¨®ximo CGPJ ser¨¢ el m¨¢s pr¨®ximo al PP de la historia de la democracia. Porque el proyecto introduce la novedad de que ese ¨®rgano se renueve parcialmente al final de su mandato si se alcanza la mayor¨ªa necesaria de tres quintos en alguna de las C¨¢maras que designan a sus miembros. El PP, con 161 esca?os, supera esa mayor¨ªa en el Senado, por lo que podr¨¢ nombrar sin negociar con la oposici¨®n a 10 de los 20 vocales que se unir¨¢n a los otros 10 designados en 2008 por el Congreso, que prorrogar¨¢n su mandato hasta que haya acuerdo en esa C¨¢mara. Como entre estos ¨²ltimos hay cinco propuestos por el PP, los conservadores dominar¨¢n con 15 vocales frente a cinco de los dem¨¢s. Copar¨¢n el 75% del ¨®rgano.

¡°De esa manera un partido puede quedarse con el control absoluto del ¨®rgano durante m¨¢s de una legislatura; parece que se descarta cualquier forma de equilibrio¡±, explica Diego ??iguez, magistrado y autor de la tesis doctoral Separaci¨®n de poderes y gobierno del Poder Judicial, que plantea, adem¨¢s, dudas de constitucionalidad. ¡°Es dif¨ªcil pensar que la idea de la Constituci¨®n no fuera establecer que los vocales se renovaran a la vez, porque, cuando no es as¨ª, como en el Constitucional, lo dice expresamente¡±.

Todas las asociaciones de jueces est¨¢n en contra del proyecto

Justicia justifica esta renovaci¨®n parcial por la necesidad de evitar ¡°el bloqueo en la elecci¨®n de nuevos vocales¡± que, seg¨²n el secretario de Estado de Justicia, Fernando Rom¨¢n, ¡°ha provocado un enorme deterioro institucional¡±. ¡°Es cierto que con la coyuntura actual favorece al PP, pero puede favorecer a otra fuerza en el futuro, aunque lo ideal es que no se ponga en pr¨¢ctica¡±, a?ade el n¨²mero dos de Justicia.

Hasta ahora, el Consejo se renovaba de una vez, lo que obligaba a PP y PSOE a negociar las cuotas que les correspond¨ªan. Es cierto que esa negociaci¨®n ha obligado a prorrogar el mandato de cinco a?os del ¨®rgano. As¨ª, el Consejo presidido por el progresista Pascual Sala (1990-1996) se alarg¨® ocho meses ante la llegada inminente de la mayor¨ªa del PP que dio el Gobierno a Aznar. El siguiente, encabezado por el conservador Javier Delgado (1996-2001), cuyo final coincidi¨® con la anterior mayor¨ªa absoluta del PP, solo se prorrog¨® cuatro meses. La moratoria m¨¢s larga se produjo tras la vuelta del PSOE al poder. En noviembre de 2006 se cumpli¨® el mandato del Consejo presidido por Francisco Hernando (conservador). Sin embargo, el PP, que ahora esgrime la necesidad de acabar con los bloqueos, provoc¨® el mayor de la historia del ¨®rgano al negarse a negociar: un a?o y 10 meses.

??iguez destaca tambi¨¦n que la reforma supone ¡°un torpedo¡± contra las asociaciones judiciales que, hasta ahora, tienen casi el monopolio de la presentaci¨®n de candidatos para los 12 puestos del Consejo destinados a jueces. El sistema vigente

fija estos candidatos en 36, que se deben repartir entre las asociaciones en proporci¨®n a sus miembros, y entre los jueces no asociados, que deben de estar respaldados al menos por el 2% de sus compa?eros (unos 100 avales). El m¨¦todo de elecci¨®n ha llevado a los partidos a elegir vocales entre los candidatos de sus asociaciones m¨¢s cercanas (APM para el PP y JpD para el PSOE). Con la reforma, los jueces que quieran convertirse en vocales pueden presentar su candidatura a trav¨¦s de su asociaci¨®n o con solo 25 avales. Desaparece el l¨ªmite de los 36 candidatos, con lo que cualquier juez puede optar.

El secretario de Estado mantiene que ese nuevo sistema no es antiasociativo. ¡°Las asociaciones tienen un papel fundamental, pero no deben tener m¨¢s protagonismo del debido¡±, mantiene Rom¨¢n. ¡°Lo que deseamos es que detr¨¢s del nombre de cada vocal no haya unas siglas del partido que los propone. Que sean valorados por su trayectoria¡±.

¡°En realidad, lo que se busca es que los partidos puedan elegir a quien quieran y no solo a candidatos de las asociaciones. Al dar m¨¢ximas facilidades para ser candidato pueden conseguir vocales obedientes que sean comisarios de los partidos¡±, explica Joaquim Bosch, portavoz de JpD. ¡°Se quiere facilitar que el Gobierno tenga el respaldo del CGPJ¡±, a?ade Bosch, que, para explicarlo, pone un ejemplo. ¡°Hasta la salida del anterior presidente, Carlos D¨ªvar, el Gobierno le prest¨® un apoyo desmesurado. Sin embargo, los vocales de la APM (propuestos por el PP), forzaron su dimisi¨®n, lo que dej¨® descolocado al ministro, que vio lo peligroso que era no controlar el Consejo¡±, a?ade.

¡°Ahora favorece al PP y a otros en el futuro¡±, admite el secretario de Estado

Pablo Llarena, presidente de la APM, tambi¨¦n se refiere a la p¨¦rdida de independencia, pero centra sus cr¨ªticas en la nueva conformaci¨®n del Consejo. Su ¨®rgano central tras la reforma ser¨¢ la comisi¨®n permanente, formada por seis miembros y el presidente, los ¨²nicos que tendr¨¢n dedicaci¨®n exclusiva al ¨®rgano. El resto de consejeros compatibilizar¨¢ ese trabajo con el de su juzgado, con la universidad, el despacho de abogados... ¡°La Constituci¨®n establece que el Consejo est¨¢ formado por 20 vocales con plena actividad, no dos categor¨ªas de vocales¡±, afirma Llarena. ¡°No puede ser que solo un grupo tenga la posibilidad de dedicar todo su esfuerzo al ¨®rgano. Los que tengan que poner sentencias al mismo tiempo no podr¨¢n estudiar los asuntos que vayan al pleno¡±, prosigue. ¡°Se pretende concentrar el poder en unos pocos, m¨¢s controlables y cercanos al Gobierno, que se convierten en el n¨²cleo central¡±, a?ade Bosch, de JpD. ¡°Los vocales perif¨¦ricos tendr¨¢n que ir a votar una vez al mes con la poca informaci¨®n que quieran facilitar los de ese n¨²cleo liberado¡±.

A todo ello, el magistrado Diego ??iguez a?ade las incompatibilidades con las que los vocales no exclusivos se pueden encontrar. ¡°Si el vocal es abogado puede que tenga que decidir asuntos en los que ¨¦l o su despacho tengan inter¨¦s. Y lo mismo si es fiscal. En caso de que sea juez puede tratar casos de compa?eros a los que, tras el pleno, debe volver a ver en su destino¡±. Los art¨ªculos 117 y 127 de la Constituci¨®n proh¨ªben a los jueces en activo acceder a cargos p¨²blicos. ?Lo es un vocal?

Rom¨¢n, el secretario de Estado, mantiene que el Consejo, a pesar de que lo elija el Parlamento, es un ¨®rgano gubernativo del Poder Judicial, como las salas de gobierno de los diferentes tribunales formadas por magistrados, por lo que no hay incompatibilidad. ¡°La prueba es que su presidente lo es a la vez del Supremo, es decir, tiene funciones jurisdiccionales y gubernativas¡±, dice

Para ??iguez, las mayores dudas de constitucionalidad est¨¢n en que muchas decisiones de esa todopoderosa comisi¨®n permanente no se puedan recurrir al pleno (ahora todas lo son). ¡°El Consejo est¨¢ previsto en la Constituci¨®n como un colegio, es decir, como un ¨®rgano en que las decisiones se tomen de forma conjunta por sus 20 integrantes¡±, afirma. Rom¨¢n, sin embargo, asegura que los acuerdos de mayor calado, los discrecionales, siguen reservados al pleno y que los de la permanente podr¨¢n recurrirse ante una sala del Supremo formada por los presidentes de todas las secciones de lo Contencioso.

La reforma, adem¨¢s, acaba con la mayor¨ªa de tres quintos para el nombramiento de los principales cargos y vuelve a la mayor¨ªa simple.

Justicia lo justifica por el ¡°bloqueo¡± en las decisiones del ¨®rgano. ¡°Hay plazas del Supremo que han tardado cuatro a?os en cubrirse porque los vocales no se pon¨ªan de acuerdo, ?es eso razonable?¡±, pregunta Rom¨¢n. El Gobierno de Zapatero, que convivi¨® cuatro a?os con un Consejo conservador, instaur¨® los tres quintos en 2005 para evitar lo que consideraba el ¡°rodillo¡± de los conservadores, que impon¨ªan sistem¨¢ticamente a sus candidatos. Desde el inicio de ese Consejo, en 2001, hasta la aprobaci¨®n de la regla de los tres quintos, en 2005, 14 de los 20 puestos a cubrir del Supremo correspondieron a magistrados propuestos por los conservadores, al igual que 10 de las 14 presidencias de tribunales superiores. La regla de tres quintos provoc¨® que de las 18 vacantes cubiertas al a?o siguiente de su aprobaci¨®n, solo nueve correspondieran a conservadores. La cuesti¨®n es: ?qu¨¦ es preferible, cubrir con rapidez las vacantes o la pluralidad en la c¨²spide de la pir¨¢mide judicial?