Espiar al mensajero

Sistemas de escucha a los periodistas y leyes mordaza son el sue?o de cualquier Estado que considere una molestia la libertad de informaci¨®n. Por eso cuando la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) revel¨®, hace unos d¨ªas, que el Gobierno de EE UU hab¨ªa accedido al historial de llamadas de algunos de sus reporteros, se encendieron todas las alarmas. Los medios de comunicaci¨®n y las organizaciones por los derechos civiles lo condenaron como una intolerable intromisi¨®n en la labor de la prensa. A este lado del Atl¨¢ntico, Reporteros sin Fronteras (RSF) calificaba las escuchas tambi¨¦n como ¡°una grave violaci¨®n de la libertad de informaci¨®n¡± y lamentaba que actuaciones como la vivida por los periodistas de AP ponen de manifiesto que el Gobierno de Obama no ha roto ¡°las nefastas pr¨¢cticas¡± llevadas a cabo durante el mandato de George W. Bush, en el que se sacrificaron la protecci¨®n de datos y el derecho de los ciudadanos a ser informados, garantizado por la Primera Enmienda.

El episodio de AP ha reabierto el siempre intenso debate sobre el control que pueden ejercer las autoridades sobre los medios bajo el argumento de proteger la seguridad nacional. ¡°Los periodistas no deber¨ªan enfrentarse a problemas legales simplemente por hacer su trabajo¡±, asegur¨® Obama este jueves, durante su discurso sobre la nueva pol¨ªtica antiterrorista de EE UU.

Sin embargo, desde su llegada a la Casa Blanca, el Departamento de Justicia ha abierto hasta seis casos contra empleados del Gobierno por filtrar informaci¨®n clasificada. Ninguno de ellos estaba dirigido espec¨ªficamente contra periodistas, pero estos s¨ª se han visto afectados por las investigaciones, al ser el paso intermedio que facilita que una fuente oficial revele al p¨²blico esa informaci¨®n.

Para el director de AP, la estrategia del Gobierno, que obtuvo la lista de llamadas de una veintena de l¨ªneas de tel¨¦fono de la agencia, entre ellas la de las oficinas de Washington, Nueva York y el Capitolio, es anticonstitucional. ¡°Si restringen el aparato medi¨¢tico, los ciudadanos de EE UU solo sabr¨¢n lo que el Gobierno quiere que sepan¡±, ha defendido Gary Pruitt, presidente de la agencia, en el programa Face the nation, de la cadena de televisi¨®n CBS. ¡°Y eso no es precisamente lo que los creadores de la Constituci¨®n ten¨ªan en mente cuando redactaron la Primera Enmienda¡±.

Obama ha abierto seis causas por filtraciones de datos clasificados

¡°Consideramos muy grave que la lista de llamadas abarque un periodo de dos meses, donde se puede encontrar una cantidad de informaci¨®n significativa¡±, afirma Gabe Rottman, asesor legal de la organizaci¨®n American Civil Liberties Union. ¡°Y es tambi¨¦n grave que el Departamento de Justicia decidiera retrasar el aviso a AP hasta despu¨¦s de que se hubiera recopilado esa informaci¨®n, para que la agencia no pudiera recurrir a un juez e intentar as¨ª bloquear la solicitud¡±.

Los periodistas de AP no son los ¨²nicos investigados. La cadena de televisi¨®n Fox se ha declarado escandalizada al saber que su corresponsal jefe en Washington fue espiado, en 2010, por publicar datos facilitados por una fuente del Departamento de Estado. ¡°Fue tratado¡±, dijo la Fox, ¡°como un conspirador delincuente simplemente por hacer su trabajo¡±.

A la vista de estos casos, la presidenta de la secci¨®n espa?ola de RSF, Mal¨¦n Azn¨¢rez, considera preocupante, la frecuencia in¨¦dita con la que el Gobierno de EE UU emprende procesos legales por casos de filtraci¨®n de informaci¨®n, apoy¨¢ndose en la Ley de Espionaje de 1917. Recuerda que, antes de Obama, solo se us¨® esta norma en tres ocasiones por asuntos relacionados con la filtraci¨®n de informaci¨®n: en 1973 (con los famosos papeles del Pent¨¢gono sobre la guerra de Vietnam), 1985 y 2005.

Es cierto que EE UU cuenta con las mayores protecciones a la libertad de prensa. Sin embargo, algunos expertos apuntan a que la legislaci¨®n que limita hasta d¨®nde puede llegar el Gobierno para conocer la fuente de una informaci¨®n se ha quedado obsoleta y que el nuevo contexto medi¨¢tico exige revisarla. Ahora, el Departamento de Justicia debe presentar una citaci¨®n judicial cuando quiera que un medio o un periodista le facilite una informaci¨®n determinada. ¡°Las dos partes suelen negociar cu¨¢nta informaci¨®n se acaba entregando al Gobierno hasta llegar a un pacto y si el medio no est¨¢ de acuerdo, pueden recurrir a un juez¡±, explica Rottman. Aunque en el caso de AP no present¨® la orden judicial, sino que avis¨® a la agencia una vez que ya ten¨ªa la informaci¨®n que le hubiera exigido ante un juez.

Para Richard Fallon, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Harvard, el Tribunal Supremo ha mantenido durante las ¨²ltimas d¨¦cadas que la libertad de expresi¨®n afecta por igual a los ciudadanos y a los periodistas, a pesar de que muchos pensaran que los medios tengan una protecci¨®n especial. ¡°La mayor¨ªa de las reacciones han acusado al Gobierno de cometer un acto anticonstitucional, pero no ha hecho nada ilegal¡±, sostiene Fallon. ¡°La prensa es especial y el Departamento de Justicia lo reconoce, de ah¨ª que se haya establecido esa regulaci¨®n espec¨ªfica que exige avisar por adelantado¡±, a?ade Rottman.

Hasta 2005, la ley de espionaje de 1917 solo se hab¨ªa aplicado tres veces

Gene Policinski, director del Centro para la Primera Enmienda, considera que este reconocimiento tambi¨¦n obliga al Gobierno a garantizar que solo intentar¨¢ acceder a informaci¨®n relativa a las actividades de los medios como ¨²ltimo recurso, que siempre avisar¨¢ y que los datos que busque deben ser absolutamente esenciales para el caso que investigan. ¡°Nada de eso se ha cumplido en el caso de AP¡±, asegura. ¡°No avisaron, los datos que buscan son exageradamente amplios y no dieron la oportunidad a la agencia de disputar al Gobierno ante un juez¡±.

En Europa el secreto de las comunicaciones es un derecho fundamental, cualquiera que sea su contenido. Y solo por una resoluci¨®n judicial se pueden interceptar, como apunta el profesor de Derecho Administrativo y de Derecho de la Comunicaci¨®n de la Universidad de Sevilla Emilio Guichot. Recuerda que el Tribunal Constitucional viene exigiendo que la intervenci¨®n de las comunicaciones se realice ¡°en el marco de la investigaci¨®n de una infracci¨®n grave, para la que de modo patente sea necesaria y adecuada la adopci¨®n de esta medida respecto de personas presuntamente implicadas¡±. Pero el juez no puede actuar arbitrariamente sino que, para decidir pinchar las comunicaciones, debe justificarlo. Y, adem¨¢s, debe hacerlo ¡°con indicios reales y no por meras sospechas¡±, a?ade Guichot. Solo en situaciones de urgencia, cuando se investiguen delitos relacionados con bandas armadas o terrorismo puede dar la orden el Ministerio del Interior o el director de la Seguridad del Estado, y comunic¨¢ndolo inmediatamente por escrito motivado al juez competente.

La ley castiga los pinchazos y el uso de artificios de escucha, transmisi¨®n, grabaci¨®n o reproducci¨®n de sonidos con penas que pueden llegar a los cinco a?os de prisi¨®n. ¡°Si hacemos la proyecci¨®n del caso de AP y cu¨¢l ser¨ªa la respuesta legal en Espa?a¡±, plantea Guichot, ¡°el C¨®digo Penal prev¨¦ que si la conducta es llevada a cabo por una autoridad o funcionario p¨²blico, fuera de los casos permitidos por la ley, sin mediar causa legal por delito, y prevali¨¦ndose de su cargo, se prev¨¦ adem¨¢s pena de inhabilitaci¨®n absoluta por tiempo de 6 a 12 a?os. En Espa?a, pues, hay una protecci¨®n contundente, basada en la autorizaci¨®n judicial y con penas graves en caso de infracci¨®n¡±.

Todo apunta a que en el asunto de las escuchas a AP el objetivo era investigar la filtraci¨®n de datos sobre una operaci¨®n de la CIA que impidi¨® un ataque en Yemen el a?o pasado. Rottman asegura que el esc¨¢ndalo est¨¢ servido siempre que la prensa se convierta en el objetivo de pesquisas oficiales, pero en esta ocasi¨®n se ha visto agravado por ¡°el alcance ¡ªen tiempo y profundidad¡ª de la intromisi¨®n del Gobierno¡±.

Bajo la capa de la seguridad nacional, lo que se esconde es lo que Azn¨¢rez denomina una ¡°caza de fuentes¡±, una actividad que afecta directamente al trabajo de los periodistas, sobre los que recae la sospecha de atentar contra la seguridad nacional, cuando lo que han hecho ha sido cumplir con su deber profesional. ¡°Sin la protecci¨®n de las fuentes, un pilar b¨¢sico del periodismo, no se puede hablar de libertad de informaci¨®n. Y espiar a los periodistas viola todos los principios democr¨¢ticos¡±.

El nuevo contexto medi¨¢tico ha dejado obsoletas las normativas

?Se podr¨ªa dar en Espa?a un caso similar al de la agencia AP? Las opiniones est¨¢n divididas. El profesor de Derecho Constitucional V¨ªctor J. V¨¢zquez sostiene que es dif¨ªcilmente imaginable porque la ley es clara: cualquier control de las comunicaciones exigir¨ªa autorizaci¨®n judicial. Pero hay m¨¢s filtros. ¡°El juez no es libre a la hora de justificar este tipo de intervenciones, sino que ha de fundamentar su decisi¨®n haciendo referencia a qu¨¦ bienes jur¨ªdicos quiere proteger a trav¨¦s de esa intervenci¨®n del secreto de las comunicaciones, y tambi¨¦n por qu¨¦ esa medida es proporcional para el fin que quiere conseguir¡±, dice V¨¢zquez.

Esto en t¨¦rminos generales. Cuando se trata de pinchar las conversaciones de los periodistas la situaci¨®n es a¨²n m¨¢s grave porque entra en juego el derecho de la informaci¨®n. ¡°En estos casos¡±, argumenta V¨¢zquez, ¡°se ha de ser m¨¢s exigente con la motivaci¨®n del juez para considerar que la misma no vulnera el secreto de las comunicaciones, que es un derecho constitucional¡±. Por eso sostiene que intervenciones preventivas y basadas en indicios, como las que ha sufrido la agencia AP, no tienen cabida en nuestro ordenamiento. ¡°Vulneran la Constituci¨®n si no se llevan a cabo con autorizaci¨®n judicial¡±, insiste.

El presidente de la Comisi¨®n de Arbitraje, Quejas y Deontolog¨ªa, Manuel N¨²?ez Encabo, cree que en Espa?a se podr¨ªan reproducir f¨¢cilmente casos como el que ha afectado a la agencia de noticias estadounidense. Pese a estar prohibida la interceptaci¨®n de las comunicaciones, el problema es qu¨¦ juez podr¨ªa llegar a autorizarlo. Cuando entran en juego la libertad de expresi¨®n, la seguridad nacional y el derecho de los ciudadanos a recibir informaci¨®n, pinchar un tel¨¦fono o entrar en un ordenador de un periodista solo deber¨ªa permitirlo el Tribunal Constitucional, expone N¨²?ez Encabo. ¡°No puede ser un juez cualquiera, sino uno que vele por los derechos fundamentales¡±, asegura. El catedr¨¢tico de la Universidad Complutense echa en falta una ley que regule en Espa?a el secreto profesional, reconocido en la Constituci¨®n, pero que duerme aletargado. Los legisladores desarrollaron la cl¨¢usula de conciencia pero el secreto profesional y la relaci¨®n del periodista con las fuentes est¨¢ en el limbo.

Pese a todo, V¨¢zquez subraya que se ha entendido mayoritariamente por la doctrina y por los propios jueces que es un derecho que ampara al periodista a no revelar la identidad de sus fuentes. Y puesto que la confianza de los periodistas y sus fuentes depende de la garant¨ªa del anonimato, RSF considera que violar la confidencialidad de las fuentes period¨ªsticas debe de estar penalizado. ¡°Y como violaci¨®n entendemos cualquier intento de tratar de identificar a una fuente, usar cualquier informaci¨®n sobre ella, o revelar su identidad, especialmente haci¨¦ndola p¨²blica¡±, especifica Azn¨¢rez.

Internet ha contribuido a que cada vez sea m¨¢s f¨¢cil compartir informaci¨®n, y que esta viaje m¨¢s r¨¢pido por todo el mundo. Pero tambi¨¦n ha borrado los l¨ªmites a la definici¨®n de qui¨¦n es un periodista, provocando que la definici¨®n actual ¡ªque establece qui¨¦n est¨¢ protegido por la libertad de prensa y qui¨¦n no¡ª deba ser revisada cuanto antes. EE UU ha apostado por investigar, perseguir y encarcelar a quienes compartan informaci¨®n clasificada con periodistas (por primera vez, a un exagente de la CIA). Seg¨²n Policinski, esta actuaci¨®n se debe a la percepci¨®n de que esas filtraciones son a¨²n m¨¢s peligrosas en un mundo de comunicaciones digitales porque se reduce a cero el tiempo que las fuerzas de seguridad tienen para abandonar una situaci¨®n de peligro.

Rottman explica que la protecci¨®n a la prensa, a pesar de todos los l¨ªmites, disfruta de un amplio consenso, pero los medios necesitan de las fuentes an¨®nimas que en los ¨²ltimos a?os han revelado la existencia de interrogatorios con m¨¦todos de tortura en el Ej¨¦rcito estadounidense, las c¨¢rceles secretas o el programa de aviones no tripulados para asesinar a combatientes enemigos. ¡°El ¨¢rea de la seguridad nacional es donde las fuentes deben mantener sus identidades en secreto, precisamente para garantizar el trabajo de la prensa en el ¨¢mbito donde el Gobierno tiene m¨¢s facilidades para actuar en secreto¡±, asegura.

En Espa?a solo un juez puede ordenar el pinchazo de las comunicaciones

En otras ocasiones, los medios estadounidenses han accedido a mantener informaci¨®n en secreto despu¨¦s de que el Gobierno alegara que pondr¨ªa en peligro la seguridad nacional. El pasado febrero, cuando sal¨ªa a la luz un documento del Departamento de Justicia que legitimaba los ataques con drones (aviones no tripulados), el diario The New York Times revel¨® que conoc¨ªa hac¨ªa m¨¢s de un a?o de la existencia de una base secreta en Arabia Saud¨ª. ¡°Si el medio accede a hacer esto o no es una cuesti¨®n de conciencia. Como ciudadanos deber¨ªamos sentirnos inc¨®modos si un medio no publica todo lo que sabe, pero todos estamos de acuerdo en que no se ponga en peligro a quienes nos protegen¡±, dice Policinski, para quien esa es una decisi¨®n que deber¨ªa depender siempre del medio de comunicaci¨®n y nunca del Gobierno.

Ante esta cooperaci¨®n, los defensores de las libertades civiles lamentan que la actuaci¨®n del Gobierno de Obama pueda dificultar a¨²n m¨¢s el trabajo de la prensa. ¡°Si hay fuentes que teman ser descubiertas, ahora van a cooperar todav¨ªa menos¡±, reconoce Fallon. La esperanza, a partir de ahora, es que salga adelante una nueva legislaci¨®n para la protecci¨®n de los medios, conocida como ley escudo, y que podr¨ªa haber evitado una intromisi¨®n como la que ha afectado a los informadores de AP.

Al margen de c¨®mo los periodistas hayan encajado la intromisi¨®n del Estado en su tarea, es la libertad de informaci¨®n la que ha salido tocada. Porque, como apunta el profesor V¨ªctor J. V¨¢zquez, el derecho a la libertad de informaci¨®n puede comprenderse como un derecho de contenido din¨¢mico que protege tanto la elaboraci¨®n como la transmisi¨®n de la informaci¨®n. ¡°Obviamente, en este caso no se ha visto afectado el derecho a transmitir libremente informaci¨®n veraz, pero s¨ª que ha podido verse afectada esa primera fase de elaboraci¨®n de la informaci¨®n, donde se presupone que el periodista es tambi¨¦n libre de cualquier injerencia, en este caso estatal¡±.

Desde Harvard, Fallon a?ade que si la legislaci¨®n est¨¢ bien redactada, se podr¨ªa evitar una investigaci¨®n como la de AP porque dar¨ªa a la prensa protecciones que no le reconoce la Constituci¨®n. Aun as¨ª, reivindica: ¡°Muchos est¨¢n escandalizados por la decisi¨®n de la Administraci¨®n de Obama, pero muy pocos reclaman que haya hecho algo ilegal¡±.

Reporteros sin Fronteras responde que, mientras el presidente de EE UU dice que no cree que los periodistas deban ser juzgados por el ejercicio de su profesi¨®n, parece que todav¨ªa existe una gran contradicci¨®n ¡°entre su deseo de impulsar una legislaci¨®n federal para proteger las fuentes y esta especie de paranoia conspirativa que ha llevado a las autoridades federales a espiarlos para identificar las fuentes¡±. Como casi siempre: la culpa, del mensajero.