Jueces y fiscales progresistas cuestionan que la polic¨ªa use troyanos
Gallard¨®n afirma que se trata de ¡°propuestas¡± abiertas al ¡°debate p¨²blico¡± PSOE e IU califican de atropello la iniciativa que plantea el borrador
Grupos parlamentarios y asociaciones de jueces y fiscales mostraron ayer su inquietud por la propuesta incluida en el borrador de anteproyecto de C¨®digo Procesal Penal encargado por el Ministerio de Justicia a una comisi¨®n de expertos y que incluye la posibilidad de que los jueces autoricen a la polic¨ªa la instalaci¨®n de troyanos en los ordenadores de los investigados para obtener la informaci¨®n que contienen o a la que se puede acceder a trav¨¦s de ellos. El texto recoge el acceso remoto a equipos inform¨¢ticos, incluidos tel¨¦fonos inteligentes y tabletas, para delitos con penas m¨¢ximas superiores a tres a?os, para el cibercrimen y para el terrorismo y crimen organizado siempre y cuando el juez justifique la proporcionalidad de la intervenci¨®n.
¡°Es un atropello¡±, opina Julio Villarrubia, portavoz de Justicia del grupo parlamentario socialista en el Congreso. ¡°Un aut¨¦ntico ataque a derechos y libertades b¨¢sicos. En una primera valoraci¨®n, parece que va en la misma l¨ªnea de la reforma del C¨®digo Penal de limitar derechos y crear un Estado policial en el sentido m¨¢s peyorativo del t¨¦rmino. No se recogen l¨ªmites claros y prev¨¦ que se aplique a un n¨²mero ingente de delitos. No hay precedentes en otros pa¨ªses, salvo en Alemania, y en este pa¨ªs se reserva a delitos de terrorismo. Lo que incluye la propuesta me parece un esc¨¢ndalo¡±.
Asociaciones judiciales y fiscales plantean dudas sobre el borrador
Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida, se pronuncia en un sentido similar. ¡°No s¨¦ si esta idea forma parte de las propuestas de los expertos o se trata de un globo sonda de Gallard¨®n, pero es una modificaci¨®n que tiene visos de inconstitucionalidad. Acaban de linchar a un juez [Baltasar Garz¨®n] por unas escuchas y ahora resulta que se plantean iniciativas que vulneran derechos fundamentales de manera clara. En nuestro ordenamiento ya existen instrumentos de investigaci¨®n con garant¨ªas suficientes tras a?os de lucha contra el terrorismo. Es una medida de excepci¨®n innecesaria. Los delitos a los que se puede aplicar son en realidad infinitos y la proporcionalidad, inexistente¡±. Izquierda Plural va a pedir la comparecencia de algunos de los expertos que han elaborado el borrador en la comisi¨®n sobre redes sociales e Internet que acaba de constituirse en el Congreso, seg¨²n explica Ricardo Sixto, portavoz de Interior del grupo.
Asociaciones progresistas de jueces y fiscales tambi¨¦n plantean dudas. ¡°Puede ser una diligencia desproporcionada al tratarse de una injerencia muy intensa en el derecho a la intimidad¡±, explica el portavoz de la asociaci¨®n judicial progresista y minoritaria Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch. ¡°Entrar en un ordenador puede afectar, adem¨¢s, a los derechos, no solo del investigado, sino de otros usuarios que la usen o con los que este se haya comunicado a trav¨¦s de Internet¡±, a?ade Bosch. ¡°La diligencia tiene un ¨¢mbito de aplicaci¨®n desmesurado, ya que puede aplicarse en delitos con penas m¨¢ximas superiores a los tres a?os¡±, prosigue el portavoz de JpD. ¡°Incluso con autorizaci¨®n judicial implica una desproporci¨®n en relaci¨®n con la vulneraci¨®n del derecho a la intimidad, ya que lo que con un troyano se puede averiguar es ampl¨ªsimo. El ministerio debe mejorar la redacci¨®n del precepto para que cumpla con la doctrina sobre la intimidad del Tribunal Constitucional¡±.
La Uni¨®n Progresista de Fiscales se refiere tambi¨¦n a la doctrina del Constitucional. ¡°Se trata de un tema muy complicado en el que es necesario afinar mucho legislativamente¡±, se?ala ?lvaro Garc¨ªa, portavoz de la UPF. ¡°Debemos ser absolutamente garantistas con el art¨ªculo 18 de la Constituci¨®n, porque hay un riesgo muy claro en otorgar al Ejecutivo y a la Polic¨ªa determinadas capacidades de intervenci¨®n. Es fundamental que la medida sea proporcional y que las garant¨ªas se respeten al m¨¢ximo¡±.
?Qu¨¦ va a hacer el Ministerio de Justicia? Alberto Ruiz-Gallard¨®n asegur¨® ayer que se trata de ¡°propuestas sometidas a debate p¨²blico¡±. Dijo que en octubre estar¨¢ listo el anteproyecto, y que, mientras tanto, es bueno que se debata. El borrador ha sido encargado a una comisi¨®n de expertos elegida por el ministerio y que est¨¢ coordinada por el secretario de Estado.
La propuesta
Art¨ªculo 350. El Tribunal de Garant¨ªas podr¨¢ autorizar, a petici¨®n razonada del ministerio fiscal, la utilizaci¨®n de datos de identificaci¨®n y c¨®digos, as¨ª como la instalaci¨®n de un software, que permitan, de forma remota y telem¨¢tica, el examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario del contenido de un ordenador, dispositivo electr¨®nico, sistema inform¨¢tico, instrumento de almacenamiento masivo de datos inform¨¢ticos o base de datos, siempre que la medida resulte proporcionada para la investigaci¨®n de un delito de especial gravedad y sea adem¨¢s id¨®nea y necesaria para el esclarecimiento del hecho investigado, la averiguaci¨®n de su autor o la localizaci¨®n de su paradero.
Art¨ªculo 351.2. Las autoridades y los agentes encargados de la investigaci¨®n podr¨¢n ordenar a cualquier persona que conozca el funcionamiento del sistema inform¨¢tico o las medidas aplicadas para proteger los datos inform¨¢ticos contenidos en el mismo que facilite la informaci¨®n que resulte necesaria para el buen fin de la diligencia.
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