El Gobierno recuperar¨¢ todo el poder para negociar con las farmac¨¦uticas

El Gobierno pretende recuperar todas las competencias para adoptar medidas de ahorro farmac¨¦utico y negociar directamente con los laboratorios. Cuando el Tribunal Constitucional tiene pendiente pronunciarse sobre cuatro iniciativas aprobadas por comunidades aut¨®nomas para reducir su factura en farmacia (el euro por receta de Catalu?a y Madrid, la subasta de medicamentos andaluza y el catalogui?o gallego), el Ejecutivo planea cambios legales que reforzar¨¢n los argumentos del Estado en estos litigios y limitar¨¢n la capacidad de maniobra de las comunidades para hacer su propia pol¨ªtica farmac¨¦utica.

Los cambios se est¨¢n planteando en la tramitaci¨®n de la ley de Farmacovigilancia, que ya ha llegado al Congreso. El plazo de presentaci¨®n de enmiendas acab¨® hace una semana y entre las registradas por el Partido Popular se incluyen modificaciones en la ley de Garant¨ªas y Uso Racional de los Medicamentos y productos sanitarios, de 2006, la llamada ley del medicamento. El objetivo de estos cambios, seg¨²n se desprende del propio texto de las enmiendas, es evitar que prosperen las medidas que el Gobierno central ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Los hospitales tampoco podr¨¢n hacer sus propios concursos

Dos de las enmiendas registradas por el PP a?aden nuevos apartados al art¨ªculo 88 de la ley del medicamento. Este art¨ªculo regula el derecho de los ciudadanos a obtener f¨¢rmacos ¡°en condiciones de igualdad en todo el Sistema Nacional de Salud¡±. Pero el Gobierno entiende que las medidas implantadas por las comunidades crean desigualdades y en esta interpretaci¨®n basa su principal argumento en los recursos presentados ante el Constitucional.

Con los cambios que el PP planea ahora en la ley el Estado se atribuir¨ªa en exclusividad las competencias para aprobar medidas de ahorro farmac¨¦utico. ¡°Las medidas tendentes a racionalizar la prescripci¨®n y utilizaci¨®n de medicamentos y productos sanitarios que puedan adoptar las comunidades aut¨®nomas no producir¨¢n diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud, cat¨¢logo y precios¡±, se?ala una de las enmiendas. Que a?ade: ¡°Dichas medidas de racionalizaci¨®n ser¨¢n homog¨¦neas para la totalidad del territorio espa?ol y no producir¨¢n distorsiones en el mercado ¨²nico de medicamentos y productos sanitarios¡±.

El portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Congreso, Manuel Cervera, asegura que lo que se pretende es ¡°garantizar¡± que el Ministerio de Sanidad sea el que coordine toda la pol¨ªtica farmac¨¦utica. ¡°As¨ª se garantizar¨¢ tambi¨¦n que todos los espa?oles tienen acceso a los mismos medicamentos¡±, se?ala Cervera, que asegura que los cambios normativos no se han pensado contra ninguna medida auton¨®mica en concreto. ¡°Es algo m¨¢s general. En un momento en el que las Comunidades Aut¨®nomas est¨¢n adoptando importantes medidas de racionalizaci¨®n del gasto, es importante asegurar que eso no puede entrar en contradicci¨®n con que todos los espa?oles tengan el mismo acceso a los medicamentos¡±.

Los populares tratan de ¡°garantizar la igualdad de acceso

Fuentes del Ministerio de Sanidad advierten de que la ley se est¨¢ todav¨ªa tramitando, por lo que ninguna enmienda es definitiva. ¡°El texto final puede todav¨ªa cambiar mucho¡±, se?ala un portavoz del departamento de Ana Mato.

En Andaluc¨ªa, a la que el Gobierno ha recurrido tres veces ante el Constitucional la subasta de medicamentos, llevaban meses sospechando que el Ejecutivo planeaba una iniciativa legislativa que anulara el concurso de f¨¢rmacos. ¡°Estas enmiendas claramente intentan paralizar por cuarta vez la subasta¡±, se?ala la consejera de Salud, Mar¨ªa Jes¨²s Montero (PSOE). Los servicios jur¨ªdicos de la Junta ya han estudiado las enmiendas del PP y creen que por ahora podr¨ªan seguir adelante con los concursos ya adjudicados, con los que Andaluc¨ªa espera ahorrar alrededor de 100 millones de euros al a?o.

Pero los informes de los juristas alertan de que los cambios en la ley, tal y como ahora est¨¢n redactados, impedir¨ªan cualquier iniciativa de racionalizaci¨®n del gasto que adopten unilateralmente las comunidades. Los juristas se han fijado en otra de las enmiendas del PP para modificar el art¨ªculo 88 de la ley del medicamento. Entre los nuevos apartados que a?aden a este art¨ªculo los populares, se incluye el siguiente: ¡°El precio industrial de los medicamentos no podr¨¢ ser objeto de modificaci¨®n a efectos de prestaci¨®n farmac¨¦utica en el SNS salvo en caso de que dicha modificaci¨®n consista en un descuento porcentual o lineal aplicable a todo el territorio nacional¡±.

Los juristas que han estudiado el asunto en Andaluc¨ªa y el portavoz de sanidad del Grupo Socialista en el Congreso, Jos¨¦ Mart¨ªnez Olmos, coinciden en que esta modificaci¨®n, tal y como est¨¢ redactada, dejar¨ªa sin efecto los concursos p¨²blicos que hacen todos los hospitales espa?oles para comprar los f¨¢rmacos que administran a sus pacientes y con los que obtienen descuentos en el precio. El Gobierno conseguir¨ªa as¨ª desactivar la capacidad de negociaci¨®n de los hospitales e impulsar la central de compras nacional, una iniciativa a la que no se han adherido la mayor¨ªa de las comunidades.

¡°Los hospitales podr¨ªan hacer concursos, pero no se presentar¨ªa nadie, porque el precio que le pongan a uno lo tienen que extender a todos¡±, se?ala Mart¨ªnez Olmos, que advierte que, al margen de la invasi¨®n de competencias a las autonom¨ªas, la medida previsiblemente causar¨ªa ¡°enormes problemas¡± en la gesti¨®n diaria de los centros. ¡°Es brutal. Es imposible centralizar las compras de todo¡±, advierte el diputado socialista, quien sostiene que los hospitales p¨²blicos ahorran entre 800 y 1.000 millones de euros con este sistema de compras, que ya exist¨ªa cuando la gesti¨®n sanitaria depend¨ªa del Insalud.