¡°Cuando remito a un punto de encuentro s¨¦ que les condeno a no ver a sus hijos¡±

Los padres madrile?os, murcianos y canarios que, por orden judicial, est¨¢n obligados a ver a sus hijos en un punto de encuentro tienen que esperar entre cuatro meses y un a?o para lograr hacerlo. En Espa?a hay 130 centros p¨²blicos en los que, para evitar situaciones traum¨¢ticas a los menores, los padres y madres separados o divorciados que no tienen la custodia pueden recogerlos o pasar unas horas con ellos bajo la tutela de asistentes sociales sin necesidad de cruzarse con su expareja. Pero, paradojas del sistema, la soluci¨®n del conflicto se ha convertido en el problema. La saturaci¨®n del servicio es tal, que en tres autonom¨ªas hay lista de espera. En el resto del pa¨ªs intentan combatir la falta de recursos. "Procuro evitar remitirlos al punto de encuentro. Pero en casos de riesgo para el menor no me queda otro remedio que hacerlo. S¨¦ que los estoy condenando a no verse", se lamenta la juez tinerfe?a Carmen Rosa Marrero.

"La labor que realizan es encomiable. Proporcionan un entorno adecuado para que los ni?os mantengan la relaci¨®n con sus padres. Pero los recursos son los que son", expone Marrero. En Canarias solo hay dos puntos de encuentro: uno en Tenerife y otro en Gran Canaria. En el primero hay 34 familias en lista de espera. En el segundo, 48. Tardar¨¢n alrededor de un a?o en conseguir acceder a los centros. En Murcia, 20 familias tendr¨¢n que esperar entre cuatro y seis meses para poder hacer uso de alguno de los dos puntos con los que cuenta la regi¨®n.

Los centros son administrados por entidades a las que los Gobiernos aut¨®nomos ceden su gesti¨®n a trav¨¦s de un concurso p¨²blico y son financiados por las comunidades, los Ayuntamientos o el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. En este ¨²ltimo caso, a trav¨¦s de la subvenci¨®n del IRPF, es decir, el dinero recaudado por Hacienda gracias a la elecci¨®n de los contribuyentes de entregar el 0,7% de sus impuestos a fines sociales.

En 2012, m¨¢s de 10.500 familias pasaron por alg¨²n centro de este tipo, seg¨²n datos facilitados por las autonom¨ªas. Marrero, que trabaja en La Laguna (Tenerife) desde hace cinco a?os, explica que en los ¨²ltimos 24 meses la situaci¨®n en los puntos de encuentro familiar se ha agravado, sobre todo a ra¨ªz de que el a?o pasado cerrara uno en la isla. La juez relata que el objetivo es que los peque?os no rompan la relaci¨®n con sus padres, a no ser que haya pruebas de maltrato o que el progenitor no tenga inter¨¦s en ver a los menores, "algo que normalmente no ocurre".

Por ello, ante la saturaci¨®n recurre a otras v¨ªas, no tan ¨®ptimas, como que el padre o la madre recojan a los ni?os a la salida del colegio ¡ªas¨ª se evita el encuentro entre ambos progenitores¡ª, o que el intercambio se realice a trav¨¦s de un familiar. Pero los magistrados no siempre pueden decantarse por estas salidas. Hay casos en los que la visita tiene que desarrollarse en un centro o debe estar tutelada: por enfermedad, porque la residencia no re¨²ne las condiciones ¨®ptimas, porque el ni?o no conoce al progenitor con quien tiene programadas las visitas... Ah¨ª no hay opci¨®n.

"No hace falta que me expliquen lo bien que funcionan y lo beneficiosos que son para las familias porque ya lo s¨¦. Pero no puedo utilizarlos", relata impotente una juez de las afueras de Madrid experta en violencia de g¨¦nero que prefiere permanecer en el anonimato. A ella tampoco le queda otro remedio y, aun trat¨¢ndose de casos tan delicados, opta por evitar estos puntos y recurre a otras v¨ªas para establecer los reg¨ªmenes de visita. En la regi¨®n hay 14 centros, 11 municipales y tres dependientes del Gobierno aut¨®nomo. En 2012 el Ejecutivo de Ignacio Gonz¨¢lez cerr¨® seis puntos de encuentro y, aunque la comunidad no facilita datos, fuentes del sector garantizan que los padres tienen que el tiempo de espera ronda el a?o.

Es el caso de Juli¨¢n Adalid, un abuelo de 64 a?os al que un juez dio la raz¨®n y determin¨® que ¨¦l y su esposa ten¨ªan derecho a ver a sus tres nietos una vez al mes en el punto de encuentro familiar de M¨®stoles. Esper¨® durante 15 meses. "La burocracia me ha hecho perder demasiado tiempo. Ha sido muy duro. Solo quienes lo hemos vivido sabemos por lo que hemos pasado", relata. "El d¨ªa que me llamaron para contarme que por fin hab¨ªan fijado la cita estaba en el hospital someti¨¦ndome a una revisi¨®n porque unos meses antes me hab¨ªa dado un infarto. Si no me volvi¨® a dar uno en ese momento, con la emoci¨®n que sent¨ª, ya no me dar¨¢ otro", bromea. Cuando, por fin, se produjo la primera visita, los m¨¢s peque?os ni siquiera los reconocieron.

"Este es un tema especialmente sensible porque afecta a la dignidad de las personas", explica el fiscal Jos¨¦ Mar¨ªa Paz Rubio. "Es fundamental que los hijos se desarrollen con los padres. Por eso, si hay saturaci¨®n, la soluci¨®n pasa por crear m¨¢s puntos de encuentro. No podemos permitirnos recortar el Estado de bienestar".

La falta de recursos, el mayor obst¨¢culo

Pero las listas de espera no son el ¨²nico problema. En el resto de Espa?a tambi¨¦n hay falta de recursos. Es el mayor obst¨¢culo al que se enfrentan jueces, trabajadores sociales y familias. En tiempos de recortes, se las ingenian para hacer frente a las tijeras. Sandra Jim¨¦nez, psic¨®loga del punto de encuentro familiar de Jerez de la Frontera (C¨¢diz), explica c¨®mo la Junta ha cambiado los criterios de baremaci¨®n a la hora de entregar a una entidad la gesti¨®n de los centros: "Si antes primaba la capacidad t¨¦cnica y la experiencia, ahora se fijan m¨¢s en la solvencia econ¨®mica. Los centros acaban en manos del mejor postor, de quien ofrezca m¨¢s servicios por menos dinero". Seg¨²n cuenta, esto no solo ocurre en Andaluc¨ªa, sino tambi¨¦n en otras regiones como Canarias, Arag¨®n, Murcia o la Comunidad Valenciana. Jim¨¦nez lamenta, adem¨¢s, que solo haya 10 puntos para toda su comunidad aut¨®noma y haya familias que, debido a la distancia y mala situaci¨®n econ¨®mica, no puedan acceder a ellos.

A principios de mes, jueces y empleados de puntos de encuentro se reunieron en Madrid para abordar la situaci¨®n. Mar¨ªa Luisa Sacrist¨¢n ¡ªasistente social y presidenta de la Federaci¨®n Nacional de Puntos de Encuentro para el Derecho de Visitas¡ª puso en marcha en Valladolid el primer punto de encuentro familiar de Espa?a. A finales de los a?os noventa, Ana Mar¨ªa Carrascosa ¡ªactualmente letrada en el Consejo General del Poder Judicial, pero por aquel entonces juez de familia¡ª se puso en contacto con ella para buscar soluci¨®n a algunos casos conflictivos. ?C¨®mo conseguir que los ni?os no dejaran de ver a sus padres? "Si pudiera tener acceso a un pisito...", se plante¨® Carrascosa. Ese pisito, que comenz¨® a funcionar y tard¨® dos a?os en conseguir su primera subvenci¨®n?¡ªde solo 200.000 pesetas (1.202 euros)¡ª, se ha convertido en una red de 130 centros que proporcionan atenci¨®n especializada y que cuentan con psic¨®logos, trabajadores y educadores sociales.

Los magistrados y los asistentes sociales son conscientes de la importancia de su papel. Por ello, y en aras de garantizar al menor el derecho a tener relaci¨®n con sus dos progenitores, abogan por mejorar la comunicaci¨®n entre juzgado y punto de encuentro y por unificar criterios a la hora de remitir a estos centros. Intentan conseguir los mejores resultados posibles con los medios de los que disponen.