Mediaci¨®n familiar, m¨¢s palabras que recursos

Que los c¨®nyuges que se est¨¦n divorciando podr¨¢n recurrir a la mediaci¨®n familiar en cualquier momento del proceso judicial, como asegur¨® la semana pasada el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallard¨®n, es m¨¢s una declaraci¨®n de intenciones que una realidad. En Espa?a solo 88 juzgados ofrecen esta posibilidad. Y el a?o pasado se solicit¨® este servicio ¡ªa trav¨¦s del cual la pareja intenta llegar a un acuerdo en lugar de ponerse en manos del juez¡ª en unos 3.600 divorcios o separaciones, de los m¨¢s de 120.000 que hubo. En provincias como Zaragoza, Albacete, Badajoz o Santa Cruz de Tenerife esta opci¨®n sencillamente no existe.

Fuentes del ministerio afirman que las medidas del Ejecutivo son de tipo procesal, no organizativo, y que no invaden competencias de las comunidades ¡ªa excepci¨®n de Castilla y Le¨®n, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha, el resto de las autonom¨ªas tiene la potestad de dotar de medios y personal la Justicia de su regi¨®n¡ª. Es decir, que el anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separaci¨®n y divorcio incorpora facilidades para que las familias opten por la mediaci¨®n ¡ªcomo la flexibilizaci¨®n de plazos; ahora un proceso judicial se paraliza solo durante dos meses mientras la pareja recurre a un mediador, y este tiempo es insuficiente en muchos casos¡ª, pero no incluye un plan para articular la generalizaci¨®n de la que habl¨® Gallard¨®n. Lo cual significa que habr¨¢ exactamente los mismos servicios para, quiz¨¢s, m¨¢s casos.

Ignacio Bola?os, psic¨®logo experto en mediaci¨®n familiar, indica que "lo l¨®gico" ser¨ªa que, adem¨¢s de promover esta pr¨¢ctica, el Gobierno destinara recursos y no dejara a su suerte a las autonom¨ªas. "Defiendo el servicio p¨²blico, y si una persona es remitida a un determinado servicio por un juez no deber¨ªa pagar nada, pero no creo que lo dicho por Gallard¨®n pueda llevarse a cabo a no ser que los ciudadanos abonen una tasa", afirma. Seg¨²n cuenta Bola?os, las tarifas de los mediadores var¨ªan mucho, "pero rondan los 90 euros por sesi¨®n y normalmente hacen falta cinco o seis". Unos 500 euros. "En cualquier caso, menos dinero que el que se invierte en el procedimiento judicial", a?ade el psic¨®logo.

Bola?os, que es profesor en la Universidad Complutense de Madrid y forma anualmente a 50 mediadores, explica que en cada comunidad se gestiona este servicio de manera diferente. En algunas, a trav¨¦s de los colegios de psic¨®logos o abogados, que disponen de una lista de profesionales disponibles para atender los distintos casos. En otras, en los despachos que existen en los propios juzgados. Y, en otras, a trav¨¦s de convenios con centros de mediaci¨®n familiar, p¨²blicos o concertados, habilitados en las autonom¨ªas o los Ayuntamientos para casos de mediaci¨®n extrajudicial, es decir, en los que unos padres quieran resolver problemas con sus hijos, o unos hermanos un conflicto motivado por una herencia en lugar de acudir al juez.

Fuentes del ministerio sostienen que en muchas ocasiones la mediaci¨®n intrajudicial se presta de forma gratuita, sin que los profesionales cobren por sus servicios. Bola?os lo desmiente de forma tajante: "Esto ha sucedido de manera puntual cuando se ha puesto en marcha esta pr¨¢ctica en alg¨²n juzgado, siempre con la intenci¨®n de comprobar c¨®mo funcionaba. Pero no ocurre en la actualidad".

La mediaci¨®n intrajudicial se puso en marcha en los noventa en Barcelona y, a mediados de los a?os dos mil, cuenta Bola?os, se lleg¨® a un "acuerdo piloto" entre el Consejo General del Poder Judicial y algunas provincias para intentar extender esta pr¨¢ctica. El psic¨®logo afirma que hay comunidades, "como Catalu?a, Pa¨ªs Vasco o Madrid", en las que este servicio est¨¢ "bien organizado" y no hay saturaci¨®n, y otras, como Cantabria, en las que ni siquiera se presta. Adem¨¢s, es consciente de que la sociedad a¨²n desconoce qu¨¦ es la mediaci¨®n. As¨ª que propone una soluci¨®n. "El Gobierno tendr¨ªa que organizar una campa?a informativa. Los beneficios econ¨®micos y emocionales para las familias son enormes. Claro que si el Ejecutivo publicita algo luego tiene que garantizar el servicio. Para eso tiene que poner medios y no s¨¦ si est¨¢ por la labor", concluye.