La falta de recursos atasca la futura custodia compartida

Es lo que sucede cuando se legisla sin dotar de fondos la nueva ley o cuando son otras Administraciones las que tienen que aportar esas sumas. Que su aplicaci¨®n posterior por la Justicia produce disfunciones y retrasos. Jueces de familia vaticinan que la ley de corresponsabilidad parental cuyo anteproyecto aprob¨® el Gobierno la semana pasada generar¨¢ una avalancha de demandas de padres solicitando la custodia compartida de sus hijos, lo que podr¨ªa colapsar los juzgados y provocar grandes demoras debido a la falta de medios. Avisan de que esto fue lo que ocurri¨® en Arag¨®n y la Comunidad Valenciana, las ¨²ltimas comunidades que aprobaron leyes dando preferencia a este r¨¦gimen de convivencia con los hijos.

¡°La reforma va a incrementar de manera importante la carga de trabajo de los juzgados de familia, que, en muchos casos ya est¨¢n sobrecargados, lo que podr¨ªa desbordarlos¡±, explica el juez de familia de M¨¢laga Jos¨¦ Luis Utrera. ¡°En cuanto la ley entre en vigor esperamos una avalancha de padres reclamando la custodia compartida y eso no solo va a afectar a los juzgados, tambi¨¦n a los equipos psicosociales¡±, a?ade Utrera. Se trata de unidades formadas por psic¨®logos y trabajadores sociales adscritas a los juzgados de las capitales de provincia a los que los jueces piden informes sobre las aptitudes de los progenitores y la relaci¨®n de los menores con ellos antes de decidir con cu¨¢l de los padres convivir¨¢n o si lo har¨¢n ¡ªalternativamente, claro¡ª con ambos. Con Utrera coinciden las magistradas, Teresa Mart¨ªn N¨¢jera, de Madrid, y Margarita P¨¦rez Salazar, de Pamplona, que advierten del ¡°efecto llamada¡± que puede generar la ley. Seg¨²n P¨¦rez Salazar, la inclusi¨®n de la custodia en el derecho foral navarro en 2011 ha provocado un aluvi¨®n de peticiones.

Lo que despierta esta sospecha es la disposici¨®n transitoria segunda del anteproyecto, que establece que, a partir de la entrada en vigor de la ley, ¡°se podr¨¢n revisar judicialmente las medidas adoptadas conforme a la legislaci¨®n anterior cuando alguna de las partes o el Ministerio Fiscal¡± lo soliciten. Es decir, los padres que quieran que la custodia atribuida inicialmente a un ¨²nico progenitor se ejerza por ambos solo tienen que solicitarlo. Y en cada uno de esos procesos, el juez de familia ¡ªo en su caso el de primera instancia¡ª pedir¨¢ al equipo psicosocial adscrito al juzgado informe sobre los padres, los hijos y las relaciones entre ellos, lo que, podr¨ªa generar atascos.

Eso es lo que ha ocurrido en Arag¨®n y la Comunidad Valenciana que en 2010 y 2011, respectivamente, establecieron la custodia compartida como r¨¦gimen preferente. Como en el anteproyecto de Justicia, en esas normas se recog¨ªa la revisi¨®n de casos anteriores para convertirlos en custodias compartidas (en el caso de Arag¨®n se daba un a?o para solicitarlo). El resultado fue la multiplicaci¨®n de las solicitudes de modificaci¨®n de medidas.

En Arag¨®n, mientras que en 2009 (el ¨²ltimo a?o de vigencia de la normativa anterior) estas demandas fueron 448, en 2011, el primer a?o de aplicaci¨®n de la custodia compartida, casi se duplicaron hasta las 776.

El atasco fue tal, que la Consejer¨ªa de Justicia tuvo que duplicar el personal de los equipos psicosociales de los tres juzgados de familia de Zaragoza, donde se present¨® el mayor n¨²mero de peticiones. De tres psic¨®logos se pas¨® a seis y de dos trabajadores sociales a cuatro. Adem¨¢s, se contrat¨® a una empresa privada para acabar con los casos pendientes, que puso a disposici¨®n de los juzgados a otros dos psic¨®logos, seg¨²n fuentes del Gobierno de Arag¨®n. Inmediatamente despu¨¦s de su entrada en vigor el 26 de mayo de 2010, las demoras se duplicaron y llegaron a superar los nueve meses, seg¨²n esas mismas fuentes.

Algo similar ocurri¨® en los juzgados valencianos: estas solicitudes fueron 2.232 en 2010, antes de que la custodia compartida fuera ¡°preferente¡±. En 2012, con la ley ya aprobada, subieron a 3.638. ¡°Es dif¨ªcil discernir si ese incremento de asuntos se debe a la ley de custodia compartida o a la situaci¨®n de crisis, que ha obligado a muchos padres a pedirla ante la dificultad de hacer frente a las pensiones de los hijos¡±, explica Pedro Viguer, juez decano de Valencia. A diferencia de Zaragoza, en Valencia no se han reforzado los equipos psicosociales. ¡°Al rev¨¦s, de los seis psic¨®logos que hab¨ªa, hemos pasado a cinco, y hemos perdido el ¨²nico trabajador social que ten¨ªamos¡±, prosigue el decano, que asegura que ese personal, adem¨¢s de los cuatro juzgados de familia ha pasado a atender a los cuatro de violencia sobre la mujer m¨¢s los dos de Incapacidades y la secci¨®n d¨¦cima de la Audiencia Provincial, especializada en asuntos de familia. ¡°Si antes un divorcio se pod¨ªa resolver en tres o cuatro meses, ahora la demora es de 10 a 12 meses por el retraso de los informes del equipo psicosocial¡±, a?ade Viguer. ¡°Por no hablar de los juzgados de los pueblos, donde estos equipos no existen y son los propios c¨®nyuges, si no tienen derecho a la justicia gratuita, los que deben pagar el psic¨®logo; lo que provoca que haya una justicia de primera y otra de segunda¡±, concluye.

El Ministerio de Justicia considera que este panorama no se repetir¨¢ en los territorios en los que se aplicar¨¢ la reforma presentada por Alberto Ruiz-Gallard¨®n. Primero porque, a diferencia de las leyes de Arag¨®n y la Comunidad Valenciana, el anteproyecto no establece la custodia compartida como r¨¦gimen ¡°preferente¡± respecto a la atribuci¨®n de los hijos a uno de los padres, sino que es el juez el que decide de acuerdo con el inter¨¦s superior de los menores. Justicia recuerda tambi¨¦n que la ley aragonesa establec¨ªa un plazo de un a?o para iniciar las revisiones de casos aprobados con la legislaci¨®n anterior. ¡°En nuestro anteproyecto no se fij¨® ning¨²n plazo, para evitar que los interesados se apresuraran a instar la modificaci¨®n¡±, asegura una portavoz del ministerio. En la regulaci¨®n estatal deber¨¢ ser cada progenitor el que la solicite. ¡°No tiene por qu¨¦ producirse una presentaci¨®n masiva de demandas de modificaci¨®n de medidas, ya que se podr¨¢ instar en cualquier momento siempre que se den los requisitos necesarios para ello¡±.

Por ¨²ltimo, el Gobierno niega que el atasco pueda producirse en los equipos psicosociales de los juzgados de familia ¡ªque corresponden a las comunidades en caso de que tengan transferidas las competencias¡ª. Los informes de esos equipos, seg¨²n Justicia, ¡°solo se solicitar¨¢n cuando el juez los considere necesarios¡±, porque ese documento ¡°no se considera obligatorio para atribuir una u otra guarda y custodia sino como una prueba m¨¢s a valorar¡±.

Sin embargo, el juez Viguer opone que ¡°la inmensa mayor¨ªa de los jueces de familia recurren a estos informes a la hora de decidir sobre la guarda y custodia; ya sea en el momento de la ruptura o m¨¢s tarde, en la modificaci¨®n de las medidas¡±. ¡°El problema no es nuevo¡±, a?ade. ¡°Hacemos leyes escandinavas pero nuestros medios son africanos¡±.