El negociete sanitario

Cuesta imaginar qu¨¦ m¨¢s pruebas hacen falta para demostrar a la opini¨®n p¨²blica que tras los rimbombantes discursos de eficiencia de la gesti¨®n privada de servicios p¨²blicos se esconden solo intereses privados de unos cuantos pol¨ªticos y sus amigos. La Oficina Antifraude de Catalu?a ha abierto una investigaci¨®n sobre Josep Maria Padrosa, director del Servicio Catal¨¢n de la Salud (CatSalut), que ha dado suculento negocio a sus empresas con el dinero p¨²blico que maneja. Pocos d¨ªas despu¨¦s, un juzgado de Madrid ha decidido investigar las privatizaciones de hospitales puestas en marcha por Esperanza Aguirre. La investigaci¨®n se centra en la opacidad en los contratos y funcionamiento de los hospitales ya privatizados y que, al igual de Padrosa, los responsables sanitarios p¨²blicos hayan terminado gestionando empresas privadas de salud que siguen trabajando para el sistema p¨²blico.

?El caso catal¨¢n es el m¨¢s evidente por cuanto Padrosa ha compaginado cargos incompatibles, pues es director general desde 2011 mientras ha seguido siendo apoderado de seis empresas que han suscrito con CatSalut contratos por valor de 14 millones de euros anuales. Curiosamente, mientras la Generalitat recortaba la dotaci¨®n presupuestaria a la sanidad p¨²blica por falta de fondos, las empresas de Padrosa no ve¨ªan recortados sus contratos en la misma medida. Ni Artur Mas ni su consejero de Salud, Boi Ruiz, proveniente tambi¨¦n de la empresa privada sanitaria, han dado explicaciones.

Los jueces afrontar¨¢n quiz¨¢ mayores complicaciones para exigir responsabilidades en el caso madrile?o. Sus consejeros de sanidad ahora investigados, Juan Jos¨¦ G¨¹emes y Manuel Lamela, no mantuvieron sus cargos p¨²blicos al tiempo que gestionaban empresas privadas que trabajaban para los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid. Y, sin embargo, Madrid tiene una particularidad irritante: las empresas privadas, inexistentes pr¨¢cticamente hace un decenio, han nacido y crecido a los pechos de la sanidad p¨²blica y unos gestores que dec¨ªan defenderla (y cobraban por ello).

Esas empresas, Capio y Ribera Salud, fundamentalmente, que ya est¨¢n haciendo negocio con hospitales y centros de salud p¨²blicos de Valencia y Madrid, no eran marcas de tradici¨®n y prestigio en el sector. Ahora son firmas importantes cuyos balances desconocemos y exigen de vez en cuando m¨¢s fondos p¨²blicos para seguir operando. Tanto G¨¹emes y Lamela se han refugiado en empresas privadas tras dejar sus cargos que, ?casualidad!, tambi¨¦n obtienen contratos con los servicios p¨²blicos que gestionaron y hasta subvenciones, si bien G¨¹emes abandon¨® Unilabs tras conocerse que esta pose¨ªa los laboratorios de an¨¢lisis cl¨ªnicos que se privatizaron durante su mandato.

La Administraci¨®n espa?ola adolece de una falta de transparencia que facilita y hasta promueve este tipo de corruptelas. Los responsables de la sanidad p¨²blica ponen en marcha privatizaciones sin las memorias econ¨®micas correspondientes, lo que se traduce en que es posible que estemos pagando m¨¢s por los mismos servicios (o peores) cuando estos se dejan en manos de la ¡°eficiente¡± gesti¨®n privada. Tampoco se aporta informaci¨®n suficiente, seg¨²n la querella presentada en Madrid, sobre la cantidad de pacientes que se desv¨ªan desde los centros privatizados hacia los totalmente p¨²blicos. El resultado, en fin, es una aut¨¦ntica tomadura de pelo al contribuyente y un estupendo negociete para unos cuantos.

A los n¨®rdicos, con un Estado de bienestar superior al nuestro, no les importa el detalle de si el centro de salud que les atiende es de titularidad p¨²blica o privada. Lo esencial es que el servicio sea de calidad y, desde luego, p¨²blico. A esta tesis se acogen los pol¨ªticos espa?oles en sus afanes privatizadores. La gran diferencia es que all¨ª la exigencia social es muy elevada, se ofrecen permanentes clasificaciones de hospitales y la transparencia en la gesti¨®n es enorme. En resumen: si se privatiza algo (lo que no es deseable en un sistema sanitario tan bueno como el nuestro) los pol¨ªticos deber¨ªan evitar y prohibir, al menos, estos sistemas de puerta giratoria y, desde luego, deber¨ªan abandonar inmediatamente sus planes privatizadores hasta que no sean capaces de darnos cuenta de cada euro p¨²blico que se gestiona en algo tan crucial como la salud.