La justicia ordena pagar la fecundaci¨®n a una mujer a la que se neg¨® por lesbiana

La propuesta del Gobierno de eliminar de la cartera de servicios de la sanidad p¨²blica la inseminaci¨®n artificial para las lesbianas puede chocar con la justicia. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias acaba de dar la raz¨®n a Silvia Garc¨ªa Hern¨¢ndez, una mujer homosexual a la que la sanidad p¨²blica asturiana deneg¨® un tratamiento de fertilidad, y ha obligado al Gobierno del Principado a pagarle el coste de su inseminaci¨®n que le practicaron en una cl¨ªnica privada. ?La raz¨®n? La Constituci¨®n proclama el principio de igualdad e impide la discriminaci¨®n por orientaci¨®n sexual. Y el ¨²nico modo de que una mujer homosexuales tenga hijos es a trav¨¦s de la reproducci¨®n asistida.

Silvia acudi¨® con su pareja a la unidad de reproducci¨®n asistida del hospital San Agust¨ªn de Avil¨¦s el 18 de abril de 2011, pero el jefe de esa unidad les indic¨® que no estaba autorizado a ofrecerles ese tratamiento ya que Silvia, seg¨²n sus informes m¨¦dicos, no ten¨ªa ning¨²n problema f¨ªsico para concebir hijos, es decir, no era est¨¦ril. Ante esa negativa, dos d¨ªas despu¨¦s, Silvia present¨® un escrito en la Consejer¨ªa de Salud, en el que solicit¨® que se reconociera su derecho a que las t¨¦cnicas de reproducci¨®n asistida se le dispensaran en un centro p¨²blico, pero la petici¨®n tampoco fue estimada.

Despu¨¦s, el consejero, Ram¨®n Quir¨®s (PSOE), asegur¨® que la raz¨®n del rechazo era el decreto que recoge la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, en el que solo se contempla la reproducci¨®n asistida ¡°cuando haya un diagn¨®stico de esterilidad o una indicaci¨®n cl¨ªnica establecida¡±. ¡°Cuando las personas est¨¢n sanas o el informe m¨¦dico dice que no tienen infertilidad, el sistema no lo financia¡±, dijo el consejero. Ahora, con la raz¨®n de su mano, Silvia responde: ¡°S¨ª era est¨¦ril; est¨¦ril social¡±.

Ante la negativa tuvo que dirigirse entonces a la sanidad privada, donde le practicaron cinco inseminaciones y una fecundaci¨®n in vitro por las que pag¨® cerca de 14.000 euros. Ahora, el tribunal le reconoce el derecho a recibir la prestaci¨®n en un servicio p¨²blico y obliga al Principado a reintegrarle parte de ese dinero (7.272 euros). Los magistrados le dan la raz¨®n porque ¡°de lo contrario, se estar¨ªa obligando a una persona de orientaci¨®n homosexual a tener relaciones heterosexuales para alcanzar la procreaci¨®n¡±, dice la sentencia, del pasado 26 de abril. Fuentes de la Consejer¨ªa de Sanidad se limitaron a declarar a Efe la voluntad del Servicio de Salud del Principado de Asturias de acatar la sentencia.

Ahora, la propuesta del Gobierno de cerrar esa v¨ªa, le produce indignaci¨®n. ¡°El PP vuelve a la carga restringiendo el derecho de las familias homosexuales a tener hijos a su capacidad econ¨®mica¡±, dice. ¡°Quieren limitar los recursos p¨²blicos a un ¨²nico tipo de familia, la admitida por su ideolog¨ªa, hombre y mujer¡±, a?ade. Hace solo cuatro semanas, Silvia dio -por fin- a luz a su esperado hijo.