EE UU vira hacia un enfoque m¨¢s sanitario de la lucha antidroga
La nueva pol¨ªtica se enmarca en la estrategia de la Administraci¨®n de reducir la poblaci¨®n reclusa Los traficantes que no pertenezcan a c¨¢rteles tendr¨¢n penas menores
El Fiscal General de EE UU, Eric Hoder, ha anunciado este lunes su prop¨®sito de abordar una reforma en el sistema judicial que reduzca sus ¡°desigualdades persistentes¡±. El primero de los cambios que pretende acometer el Departamento de Justicia es el del procesamiento de los delitos relacionados con las drogas que pasa, de manera inmediata por ordenar a los fiscales que no exijan penas m¨ªnimas obligatorias a los procesados por delitos menores de narcotr¨¢fico que no est¨¦n relacionados con bandas criminales o c¨¢rteles.?Este cambio se enmarca dentro de las directrices de la Administraci¨®n que aspiran a reducir la poblaci¨®n reclusa y a acabar la cultura de la guerra contra las drogas para abordar el asunto como un problema de salud p¨²blica antes que de seguridad.
Cierto tipo de delincuentes menores y no violentos que no tienen ning¨²n lazo con organizaciones criminales a gran escala ya no ser¨¢n procesados por delitos que lleven aparejada una pena m¨ªnima obligatoria¡± Eric Holder
¡°Cierto tipo de delincuentes menores y no violentos que no tienen ning¨²n lazo con organizaciones criminales a gran escala o c¨¢rteles ya no ser¨¢n procesados por delitos que lleven aparejada una pena m¨ªnima obligatoria¡±, ha anunciado Holder este lunes en San Francisco en un discurso ante el Colegio de Abogados de EE UU. Desde su implantaci¨®n durante la d¨¦cada de los 80, la pena m¨ªnima obligatoria se convirti¨® en EE UU en una de las herramientas m¨¢s utilizadas para la lucha contra el crimen derivado de la droga. Holder se ha referido este lunes a esta medida, cuya efectividad lleva poniendo en cuesti¨®n en los ¨²ltimos meses, como ¡°draconiana¡±.
La decisi¨®n de erradicarla de la pr¨¢ctica de los fiscales es una victoria de los grupos de derechos civiles que denuncian que este tipo de condenas de larga duraci¨®n tienen un efecto devastador entre las clases sociales con menos recursos y las minor¨ªas. ¡°Miles de ciudadanos est¨¢n atrapados en este c¨ªrculo vicioso de pobreza, criminalidad y encarcelamiento que a exacerbado el problema en lugar de solucionarlo¡±, ha se?alado Holder.
Mientras la poblaci¨®n estadounidense ha crecido en un tercio desde 1980, la reclusa se ha incrementado en un 800%
Mientras la poblaci¨®n estadounidense ha crecido en un tercio desde 1980, la reclusa se ha incrementado en un 800%. De los 2,2 millones de personas encarceladas, m¨¢s de la mitad lo est¨¢ por delitos relacionados con drogas, de acuerdo con el Censo de 2010. El coste del sistema penitenciario en EE UU ascendi¨® a los 80.000 millones de d¨®lares ese mismo a?o. Muchos sostienen que el procesamiento por delitos que acarrean una pena m¨ªnima obligatoria es el principal responsable del alto n¨²mero de reos en este pa¨ªs, que concentra el 5% del total de internos de todo el mundo.
La obligaci¨®n de imponer una pena obligatoria m¨ªnima -que oscila entre los cinco y los 10 a?os en funci¨®n de la cantidad y del tipo de droga requisada- impide a los jueces poder establecer una condena adaptada a las circunstancias del preso obstaculizando la posibilidad de la rehabilitaci¨®n. Con las nuevas directrices que hoy mismo han empezado a ser remitidas a los fiscales del pa¨ªs, cuando ¨¦stos se encuentren ante este tipo de narcotraficantes, acusados por delitos menores, no deber¨¢n incluir en el escrito de acusaci¨®n la cantidad que se les decomis¨® para no tener que forzar as¨ª al juez a imponer la pena espec¨ªfica vinculada con el crimen espec¨ªfico. A cambio, el Departamento de Justicia impulsar¨¢ penas alternativas que contemplen la rehabilitaci¨®n o los servicios sociales, en lugar del encierro. Dentro de esta nueva estrategia, Holder tambi¨¦n anunci¨® la excarcelaci¨®n de reos ancianos y no violentos, as¨ª como extender las condenas a rehabilitaci¨®n en lugar de a prisi¨®n, para reducir el n¨²mero de reclusos.
La obligaci¨®n de imponer una pena obligatoria m¨ªnima -que oscila entre los cinco y los 10 a?os en funci¨®n de la cantidad y del tipo de droga requisada- impide a los jueces poder establecer una condena adaptada a las circunstancias del preso obstaculizando la posibilidad de la rehabilitaci¨®n
En esta l¨ªnea se enmarca la estrategia contra las drogas para 2013 de la Administraci¨®n Obama. A finales de mayo pasado, el director de la Pol¨ªtica Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Gil Kenikowske, durante la presentaci¨®n del informe sobre las detenciones relacionadas con el abuso de substancias, abog¨® por una reforma de los c¨®digos penales que descriminalice el consumo y que establezca penas alternativas a la prisi¨®n y fomente los tratamientos de rehabilitaci¨®n.
El plan de la Casa Blanca prev¨¦ el incremento de los tribunales de drogas, que atienden casos de delitos menores relacionados con estupefacientes y que aplican medidas que enfatizan el tratamiento y la rehabilitaci¨®n -en EE UU hay alrededor de 2.500 tribunales de este tipo pero s¨®lo juzga al 3% de procesados- y la excarcelaci¨®n de 100.000 presos no peligrosos para incorporarlos a programas de rehabilitaci¨®n -Del total de la poblaci¨®n reclusa, el 53% sufre problemas de adicci¨®n, opero solo el 15% recibe tratamiento-.
Si la orden para que los fiscales cambien la forma de procesar determinados delitos menores puede imponerla de manera directa el Fiscal General, otras como la mayor flexibilidad de los jueces a la hora de imponer las condenas o la posibilidad de que determinadas conductas sean juzgadas por tribunales estatales y no federales requieren la aprobaci¨®n del Congreso.
Holder se apoyar¨¢ en dos proyectos de ley bipartitos aprobadas a principio de a?o en el Senado para impulsar sus nuevas propuestas en el Capitolio y apelar¨¢ al ahorro para las arcas p¨²blicas que se derivar¨¢n de estas acciones, como se ha puesto de manifiesto en 17 Estados que han derivado fondos destinados a la construcci¨®n de nuevas prisiones hacia programas de tratamiento. A lo largo de las pr¨®ximas semanas, el Fiscal general y su equipo difundir¨¢n sus nuevas propuestas en actos a lo largo de todo el pa¨ªs.
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